La denominada Ruta Eléctrica Nacional, mediante la instalación de puntos de carga para coches, ya superan los 350 en todo el país.

“El ahorro al recargar este tipo de vehículos es de 20 a 1”, aseguró la Presidenta de UTU, Silvia Emaldi al comparar este sistema con los combustibles fósiles.

Actualmente circulan en el país unos 9.000 vehículos de este tipo, el triple de los que eran en 2020.

Días atrás, con el comienzo de la nueva Legislatura, los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley por el cual se establecen requisitos para establecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en la edificación de nuevas construcciones.

En su articulado se establece que “la presente disposición será aplicable a toda edificación de nueva construcción -sea residencial, comercial, industrial o con cualquier otro destino- que cuente con espacios destinados a estacionamiento de vehículos automotores en régimen de propiedad horizontal”.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Representantes.

Movilidad sustentable

En los últimos años, señalan los parlamentarios colorados “la transición hacia una movilidad sustentable ha cobrado una importancia creciente a nivel mundial. Los avances en tecnología vehicular, junto con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles, han impulsado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos”.

En este contexto, “la infraestructura de carga se erige como un elemento clave para facilitar la adopción masiva de esta tecnología”.

La presente iniciativa “busca garantizar que los edificios de nueva construcción estén preparados para responder a las necesidades del futuro de la movilidad. La falta de infraestructura de carga en espacios residenciales, comerciales e industriales constituye una de las principales barreras para la expansión del uso de vehículos eléctricos”.

Por ello, indican Bordaberry y Viera, “se propone la obligatoriedad de dotar a cada espacio de estacionamiento con un punto de carga adecuado y un sistema de medición individual del consumo eléctrico. El establecimiento de estos requisitos en el diseño inicial de las edificaciones resulta más eficiente y menos costoso que su posterior adaptación. En muchos casos, las reformas para incluir infraestructura de carga en construcciones ya finalizadas pueden implicar costos elevados y complejidades técnicas que desincentivan su implementación”.

En consecuencia, “la inclusión de estas disposiciones desde la fase de diseño y construcción permitirá una transición ordenada y progresiva hacia una movilidad más sostenible”.

El proyecto de ley “también prevé mecanismos de regulación y supervisión para garantizar el cumplimiento de estos requisitos. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) establecerá las disposiciones técnicas necesarias para asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones”.

Asimismo, “el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la denegación de la habilitación final de obra y en la aplicación de sanciones administrativas, promoviendo así el acatamiento de la normativa”.

Finalmente, “la iniciativa contempla disposiciones transitorias para no afectar proyectos en curso que hayan obtenido permisos previos a la entrada en vigor de la ley, salvo en casos de modificaciones sustanciales. De este modo, se busca un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la transición energética y la seguridad jurídica de los desarrolladores inmobiliarios”.

En suma, “esta propuesta legislativa responde a la necesidad de una planificación urbana moderna y sostenible, alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de movilidad eléctrica. Su implementación contribuirá a la mitigación del cambio climático, la eficiencia energética y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

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