Compartimos la nota de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), remitida a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

La misiva lleva la firma, por CIPU, Ingeniero  Juan Riva – Zuccelli y por CAPU, Ricardo Piñeiro y es en respuesta a lo que manifestaron algunas delegaciones que se presentaron el pasado 12 de junio.

“Hemos accedido a la versión taquigráfica de la concurrencia de la Intergremial Marítima del Uruguay y queremos aclarar varios puntos que no se ajustan a la verdad y a la realidad del sector. Queremos aclarar por esta vía algunos puntos sobre lo que dirigentes sindicales expresaron hace más de un mes en la Comisión.

  1. Denuncian una aparente contradicción en que para algunas empresas la actividad no es rentable y para otras sí.

No existe tal contradicción. La actividad en las actuales condiciones NO ES RENTABLE. Unos pocos barcos, han podido mantener o retomar su actividad por circunstancias muy particulares que son la excepción que confirman lo dicho. Se trata en casi todos los casos de los barcos de altura, congeladores, que han aprovechado la circunstancia específica de disponibilidad de calamar en las zonas de pesca de esos barcos y un mercado de buenos precios de esa especie. Mientras la zafra avanza y los barcos siguieron secuestrados de hecho por los sindicatos, nos estamos viendo obligados a firmar convenios que son el acta de defunción de la pesca nacional, al menos en lo que refiere a los barcos costeros.

  1. Se alude a la Ley 19.175, reclamando que sean quitados los permisos de pesca a las empresas, por no haber operado por más de 180 días.

Los dirigentes sindicales han manifestado públicamente que su aspiración es que la pesca pase a manos del Estado, por lo que su verdadera intención es esa, que caigan los permisos de pesca. La misma Ley, menciona que ante circunstancias especiales, esos plazos pueden extenderse, y hemos formalizado ante las autoridades correspondientes la necesidad de hacerlo ante las actuales circunstancias especiales que está viviendo el sector. Quitar los permisos aumentaría el caos actual y no aportaría ninguna solución. Este planteo deja en evidencia un tema ideológico más que una reivindicación genuina sobre la situación de los trabajadores y la sustentabilidad del sector, cosa que nos preocupa tanto o más a los empresarios que a los dirigentes sindicales.

  1. Se plantea que “la total responsabilidad de tener una flota pesquera parada en forma irresponsable durante seis meses es de los empresarios pesqueros”.

Asumimos en forma responsable la decisión de haber tenido la flota parada. Irresponsable sería mantener la actividad, aumentar el endeudamiento del sector y dejar luego deudas millonarias, proveedores y trabajadores sin cobrar, como ya sucedió en el pasado, incluso con empresarios amigos del poder. Ser responsables y promover el desarrollo del sector es trabajar por crear las condiciones para que sea viable económicamente. Eso es lo que estamos haciendo y es el Estado con sus regulaciones y costos quien no genera las condiciones para que el sector se desarrolle. Aún cuando desde el gobierno se flexibilizaron algunas posturas y se generaron algunas facilidades, la postura de los sindicatos deja sin ningún valor las medidas tomadas y generan una situación aún más grave que la inicial, en especial para los barcos costeros.

  1. Coincidimos con los dirigentes sindicales en la “falta de una política pesquera de Estado. No puede ser que cada cinco años cambien los directores de Dinara y volvamos a foja cero. Tenemos un buque de investigación parado hace más de cinco años; ese buque no sale al mar.”

Y no solo eso, las empresas aportan a un Fondo de desarrollo pesquero, que recauda en forma permanente, pero increíblemente esos recursos van a rentas generales y no al destino que los legisladores le dieron en la Ley.

  1. Se cuestiona la no aplicación de la Jubilación Bonificada y las periódicas postergaciones de la aplicación del decreto de 2009, sobre los aportes patronales que debieran realizarse. Esas postergaciones han sido firmadas tanto por los gobiernos del Frente Amplio como de la Coalición Republicana, porque todos saben que es absolutamente inviable su aplicación. Sin embargo, depender de la voluntad política de nuevas postergaciones, cada 6 meses, uno o dos años, hace que los empresarios no puedan desarrollar proyectos de mediano y largo plazo a nivel de inversiones y nuevos proyectos productivos. A su vez, esa norma, está viciada de problemas jurídicos. Se alude a informes técnicos al respecto que han sido ampliamente respondidos y que los propios informes citados reconocen las limitaciones técnicas que impidieron darle la rigurosidad necesaria.
  2. Se plantea una supuesta contradicción entre la postura actual de las empresas y lo dicho hace un año en el Parlamento cuando se presentó un estudio de CERES sobre el sector.

Lejos de haber una contradicción, aquel informe ya advertía de los problemas y hacía un llamado a las autoridades a procesar los cambios necesarios no solo para darle viabilidad al sector, sino para explorar todo su enorme potencial. Coincidimos 100% con lo dicho en ese informe. Lamentablemente todos los problemas señalados en su momento, que requerían iniciativas del gobierno o del Parlamento para corregirse, no fueron abordados aún. En los últimos meses ha habido múltiples instancias de trabajo con el Poder Ejecutivo y los diferentes organismos involucrados y no se ha logrado una solución integral todavía, aunque sabemos que se sigue trabajando. Mientras tanto, el informe de CERES se convierte en la profecía auto cumplida, la riqueza de nuestros mares no se aprovecha (o peor aún, la aprovechan los argentinos que luego nos venden ese pescado que se importa desde Uruguay), y los trabajadores siguen sin poder trabajar.

  1. Se cuestiona la falta de flexibilidad para negociar un nuevo convenio colectivo.

Durante muchos años las empresas cedieron a la presión de los sindicatos y a sus patotas, firmando convenios que eran fruto de la extorsión que hacían a las empresas y a sus propios compañeros. No ceder ante su extorsión significaba no poder generar ingresos y por tanto generar deudas millonarias y no poder rentabilizar el patrimonio y la capacidad productiva de barcos y plantas. Ese hilo se tensó tanto, se cedió tanto, que se rompió. Ya no es viable ninguna recuperación salarial. El único camino es borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que plantearon las empresas en diciembre pasado, sabiendo que no sería viable una nueva zafra con los convenios anteriores. Sin embargo, el sindicato sigue creyendo que los empleadores son los malos y ellos los buenos. Dicen lo que dicen, pero aún en este contexto, han puesto palos en la rueda a todos los esfuerzos realizados por los empresarios para retomar la actividad, y cada vez que parecen encaminarse las cosas con el gobierno, cada vez que una empresa haciendo enormes esfuerzos logra encaminar algo, vuelven a aparecer los palos sindicales en la rueda. Palos que no son figurados, son reales, palos, bombos y violencia, como la que se vivió en las afueras del MTSS cuando parecía encaminarse un diálogo para encontrar soluciones el pasado 5 de junio. Lamentablemente parece haber ganado la postura radical. Algunas empresas se han visto forzadas a firmar convenios absurdos que al menos le permitirán a las empresas que tienen barcos de altura o congeladores, salir a pescar y aprovechar lo que queda de la zafra, mientras que con los barcos costeros, habrán probablemente de realizar algunas salidas, con la expectativa cada más más remota de que algo cambie y vuelva a hacer viable la actividad.

  1. Los dirigentes sindicales se presentan como víctimas.

Los empresarios estamos realmente preocupados por las familias que viven de sus empleos en el sector. Son miles de personas que se están viendo afectadas y por quienes los empresarios estamos luchando realmente para mantener sus fuentes de 27 ingresos y que no se muera el sector. Hoy un marinero cobra 25.817 pesos líquidos, más beneficios, en 5 días de trabajo embarcado. Los oficiales y patrones de pesca (capitanes), ganan el doble y el triple de esa cifra. En 5 días! El desprecio que demuestran hacia el trabajo, teniendo en cuenta que hoy hay un 9% de desempleo y 548,000 trabajadores ocupados con ingresos inferiores a $ 25.000 líquidos por mes, es increíble.

  1. Se dice que la flota está envejecida con más de 60 o 70 años y que no se invierte en su mantenimiento.

Todas las empresas invierten en forma permanente en sus barcos. Aún durante este período de parada de actividad varios barcos entraron a dique y se siguieron realizando inversiones, cambios de motores y equipamiento, etc. Es inexplicable, pero los empresarios de la pesca somos gente de mar y amamos lo que hacemos. Creemos que es viable y nos resistimos a ver morir una actividad que en otras condiciones, como por ejemplo sucede en Argentina o en España, con otro tipo de apoyos a nivel de políticas públicas, podría ser un pilar de desarrollo económico y una fuente de divisas importante para el país. Invitamos a los señores Legisladores a visitar y a conocer de primera mano la flota y podemos mostrarles en vivo las inversiones realizadas.

  1. Se argumenta la viabilidad del sector citando los datos de exportaciones y mostrando que unos pocos barcos han salido a la mar y han llenado sus bodegas.

Ojalá fuera así de fácil. Ojalá exportar mucho y llenar las bodegas fuera condición suficiente para hacer viable un negocio. Afirmar eso deja en evidencia las limitaciones, la ignorancia o la mala fé de quienes usan esos datos fuera de contexto. Es evidente que lo que hace viable a un sector no es el volumen de ventas o de captura, sino la rentabilidad que se logra obtener de esas ventas. A partir de los ingresos generados por esas ventas hay que pagar la parte correspondiente a los marineros, maquinistas y patrones, al personal de las plantas, a los múltiples proveedores, los aportes a la seguridad social, los seguros, las tarifas de servicios públicas, los costos de permisos y de multas la mayoría de las veces totalmente irracionales, los costos de reparaciones de barcos y equipamientos, para luego amortizar las inversiones realizadas y pretender que hecho todo eso, quede un margen mínimamente razonable para que el empresario o inversor no prefiera colocar su capital en otros instrumentos de menor riesgo y mayor rentabilidad.

 

Como Cámaras empresariales hemos decidido no hacer más esfuerzos por defender y salvar el sector. La sociedad uruguaya ha resuelto darle la espalda al tema y permitir que esto suceda. De nuestra parte venimos advirtiendo desde hace años que esto iba a suceder. Hemos visto al Parlamento y al Poder Ejecutivo hacer esfuerzos importantes por preservar fuentes de trabajo en otros sectores, cuando una empresa decide cerrar una planta industrial o cambiar su modelo de negocios de un modo que afecta a algunas decenas de familias, y nos parece muy bien. Pero en nuestro caso son miles de familias que quedarán sin su fuente de ingresos ante la mirada cómplice de sindicatos y autoridades que no hicieron lo que deberían haber hecho. De nuestra parte, las empresas que puedan, mantendrán la actividad que sea viable económicamente, y lamentaremos mucho haber avisado y no haber podido convencer a la sociedad toda, del potencial de nuestra actividad como fuente de riqueza para el país”.

Fuente Imagen: La Mañana.