La exoneración de impuestos a las zonas francas deriva en una ganancia considerable para el país, ya que las mismas generan más de siete dólares por cada dólar exonerado, a lo que se suman beneficios adicionales como el aumento de la productividad por las capacitaciones, la adopción de prácticas innovadoras empresariales y de estándares de calidad.

La evaluación es parte de un informe presentado por el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), durante la celebración del centenario del Régimen de Zonas Francas en el país.

El evento fue organizado por la Cámara de Zonas Francas del Uruguay y tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde contó con la presencia del secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado y del expresidente Julio María Sanguinetti, así como de legisladores, autoridades de gobierno y empresarios.

El presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, realizó un reconocimiento a quienes han impulsado el régimen de zonas francas y señaló que su éxito “es un fiel reflejo de los activos que tenemos en el país, que es la confianza en su seguridad jurídica, en una clase política madura que ha sabido transformar este régimen en una política de Estado, en sus recursos humanos calificados, en un sector privado pujante, que ha desarrollado infraestructura y servicios que son ejemplo en el mundo de las zonas francas”.

Destacó el compromiso del sector con la competitividad, generación y retención de talentos, eficiencia de la cadena logística, reformas regulatorias y trabajo conjunto con las autoridades para enfrentar los desafíos, como la llegada del Impuesto Mínimo Global.

“Queremos estar a la vanguardia para captar oportunidades que hoy el mundo nos ofrece, como el eCommerce, la captación de industrias tecnológicas y otras industrias y servicios de alto valor agregado, que nos permiten generar empleo de calidad y transmisión y generación de conocimiento para el país”, puntualizó.

Luego de la entrega de reconocimientos a las zonas francas de Nueva Palmira y Colonia, las primeras que tuvo el país, Munyo presentó el informe elaborado por CERES y advirtió sobre la necesidad de “levantar barreras que hoy limitan la expansión, como el encarecimiento del país y la oferta limitada de capital humano”.

Respecto a las perspectivas para el futuro, señaló que existen “riesgos latentes que requieren atención”, como el Impuesto Mínimo Global, cuya implementación está prevista para 2024, que “pone en la lupa la esencia misma del régimen”.

Uruguay cuenta con 12 zonas francas operativas que comprenden a más de mil empresas y que representan más del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). “El 15% de la inversión total del país proviene de zonas francas y ha sido creciente. Las grandes inversiones provienes de la industria (74%), comercio (13%) y servicios (12%)”, comentó Munyo.

Por otra parte, las mismas brindan empleo directo a más de 20.000 personas, que equivalen al 1,3% del total de ocupados de la economía. Estos trabajadores, en su mayoría con formación terciaria, perciben el triple de ingresos que el promedio del país. “Es una forma clave de detener la fuga de cerebros. Si hay oportunidades para traerlos, muchas de ellas están dentro del régimen de zonas francas”, explicó.

Si se suman los empleos generados en forma indirecta, las zonas francas involucran a más de 66.000 puestos de trabajo, el 4,1% del total de las personas empleadas en Uruguay.

En materia de exportaciones de bienes y servicios desde zonas francas, los datos recopilados por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2021 indican que las mismas alcanzaron los US$ 5.124 millones, un 13% más respecto a 2020. La expectativa es que a esta cifra se le sumen US$ 1.155 millones anuales cuando UPM II llegue al pico de su producción.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Álvaro Delgado, quien destacó el hecho de que el régimen haya sido asumido por todos los gobiernos como una política de Estado.

Delgado llamó a “trabajar siempre en un concepto de mejora continua, adaptando este régimen a los nuevos desafíos, esforzándonos en ser cada vez más competitivos, y esto tiene que ver con generar mejores regulaciones, bajar los costos y buscar tener menor burocracia”.

“En vez de pensar que las zonas francas no contribuyen con los impuestos, hay que ver que por cada uno que se exonera derraman siete en la economía. Eso nos reafirma en la necesidad de abroquelarnos y pensar todos juntos en el nuevo régimen para adelante”, concluyó.