ALALLa Asociación Uruguaya de Laboralistas, integrante de la Asociación de Laboralistas de América Latina (AULA-ALAL) hace saber su preocupación ante la forma, y el contenido con que se pretende reformar la Ley de Negociación Colectiva (Ley Nro. 18.566 del 11 de setiembre de 2009).

Con el argumento de atender los cuestionamientos formulados por la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el mencionado proyecto de ley incluye disposiciones que representan un retroceso importante. Entre ellas destacamos:

A efectos de poder acceder a la información necesaria para el normal desarrollo de la negociación colectiva, el proyecto establece que los sindicatos deberán tramitar y obtener el reconocimiento de personería jurídica. De esta manera se condiciona el acceso a un derecho humano fundamental al cumplimiento de una obligación que ha sido histórica y jurídicamente considerada una facultad, perpetrando de esta forma la injerencia del Estado en un terreno privativo de la organización de los trabajadores, atacando al principio de la autonomía, y con ello la regulación de la libertad sindical dada por la O.I.T. a través del Convenio Internacional del Trabajo Nro. 87.

Se afectan los derechos no solo de quienes realizan actividad sindical, sino de todos aquellos que se ven beneficiados por las mejoras acordadas mediante convenios colectivos, al eliminar de plano y peligrosamente la ultraactividad existiendo múltiples soluciones jurídicas que indican las bondades de su mantenimiento a efectos de evitar el perjuicio de la parte más débil de la relación laboral.

A todo esto, se agrega que las cámaras empresariales que realizaron su queja ante OIT, han expresado que no la retirarán, por lo cual, el proyecto solo generará perjuicios a los trabajadores, y no servirá para atender la queja, fundamento último según el gobierno.

En un momento de crisis, de constante suba de precios, y concentración de los ingresos, el regular y limitar la libertad de negociación de quienes viven exclusivamente de su trabajo, es optar contra el más perjudicado.

Aspiramos a que el parlamento debata con serenidad, escuche a todas las partes, y en definitiva resuelva contemplando los intereses nacionales, y no los de una ínfima minoría de la sociedad, que expresa su rechazo constante contra quienes se organizan para la defensa de sus derechos, ignorando que la negociación colectiva y el diálogo social son los pilares de los países que han logrado desarrollarse.