Con el voto unánime de sus representantes partidarios, la Corte Electoral emitió una arbitraria sentencia, que declara «improcedentes» las iniciativas para poner a discusión de los ciudadanos el pasaje de los trenes de carga de UPM por zonas urbanas densamente pobladas, alegando que los gobiernos departamentales y las comunidades locales no tienen atribuciones para decidir sobre el ferrocarril.

Para el Movimiento por un Uruguay Sustentable “la Corte Electoral sólo debía verificar si las firmas entregadas por los vecinos de la capital de Durazno y de Santa Bernardina llegaban al 15 por ciento de los electores requerido para que la Junta de ese departamento considere la iniciativa que propone prohibir el paso de esos trenes por sus barrios. La Corte Electoral no tiene atribuciones para decidir lo que pueden o no tratar los gobiernos departamentales”.

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008 dispone con total claridad en su Artículo 83 que «Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos la competencia para autorizar toda creación de predios … y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento».

Estiman que “esta decisión de la Corte Electoral, no acompañada por su presidente, el único miembro neutral del organismo, sólo es explicable como una burda maniobra de los representantes partidarios que la componen para impedir un pronunciamiento de los órganos representativos departamentales y de las poblaciones afectadas por un proyecto al servicio exclusivo de la empresa UPM”.

El Proyecto Ferroviario asociado a la planta de celulosa que la multinacional finlandesa construye a orillas del Río Negro “ignora las más elementales normas de seguridad de los trenes de carga con productos químicos peligrosos que, como sucede con el transporte carretero, no pueden transitar por zonas densamente pobladas donde un accidente puede tener consecuencias mortales para miles de personas”.

Manifiestan que “no existe ejemplo en el mundo de vía férrea nueva o remodelada que transportando ese tipo de cargas atraviese las áreas urbanas. Los miles de ciudadanos uruguayos que han apoyado las iniciativas en los departamentos de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo incluso han propuesto, con el respaldo técnico que corresponde, trazas alternativas adecuadas por fuera de las ciudades y pueblos afectados. Lo hicieron en su momento también los gobiernos de Canelones y Montevideo”.

Agregan que “más allá de los recursos legales que se interpondrán contra esa decisión de la Corte Electoral, ante la continuación del actual proyecto, que lo hace un asunto de extrema urgencia, exhortamos a los vecinos a seguir la movilización explicando a la población los riesgos existentes y a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto y atender los reclamos de la ciudadanía”.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

7 de abril de 2020.