Bajo el título “Por el respeto de la Institucionalidad y los Derechos Humanos”, el Partido Socialista salió a reivindicar la gestión de su correligionaria Daisy Tourné al frente del Ministerio del Interior.

Con fecha 15 de junio de 2007 el pronunciamiento expresa textualmente:

“La gestión de los Ministros del Interior de este Gobierno ha tenido tres ejes centrales. El primero es el más estricto respeto a la institucionalidad democrática. Respetar las instituciones no significa únicamente acudir a votar. Implica, además, respetar la separación de poderes y hacer valer la legalidad antes que nada. Legalidad que implica el respeto de la cadena de mando, y el acatamiento de las normas en todos los ámbitos que hacen al ejercicio del poder coercitivo del estado. Existe en el país un responsable institucional por el sistema carcelario, por la seguridad de los que el se encuentran recluidos y por todos los ciudadanos. Este responsable es el Ministerio del Interior. El Poder Ejecutivo ha demostrado, no solo en este caso, que no negocia bajo presión. Y esto vale también para la situación de los recluidos.

El segundo eje es el de hacer reconocer que los problemas carcelarios son problemas sociales. Un país que aumenta permanentemente su población recluida por la comisión de delitos reales o presuntos (hay muchos reclusos que aún no están condenados), no tiene un problema penal, tiene un problema social. O, en todo caso tiene un sistema penal sobrecargado por una situación social que genera hechos delictivos. El problema de la delincuencia no es exclusivamente un problema de la justicia, y de la policía, es un problema de la sociedad toda.

El tercer eje es el de la protección de la ciudadanía frente a los atentados a la seguridad, la vida o la propiedad.

La solución de la ecuación que combina estos tres ejes, no es sencilla y por eso el desafío es grande. Nuestro Gobierno lo ha asumido con la responsabilidad que lo caracteriza. Así, planteamos la humanización de las cárceles, junto con el más estricto cumplimiento y control de las normas, los elementos de una transformación productiva y la dignificación y continua y profesionalización de la función policial como elementos ineludibles de una mejor protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

Cualquier alteración de estos elementos de la ecuación dificulta el logro de los cometidos del gobierno electo soberanamente. La responsabilidad máxima de la seguridad corresponde al Ministerio del Interior con la concurrencia adecuada de los demás poderes del estado: el judicial y el legislativo. De esta senda y, en particular, del respecto irrestricto de la legalidad, los socialistas no hemos de apartarnos. A eso nos comprometimos ante la ciudadanía toda”.

Eduardo “Lalo” Fernández.

Secretario General.

Partido Socialista del Uruguay – Frente Amplio.

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