Leonardo CostaCon el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del crimen organizado, que puede utilizarlos como vehículos involuntarios para sus fines, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) comenzó a desarrollar un manual titulado “Políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

La elaboración del documento, que se encuentra en la etapa de redacción, está a cargo del estudio encabezado por el abogado tributarista Leonardo Costa, representante legal de CZFUY, junto a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). En la propuesta, la gremial se plantea establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el cabal cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes.

La presentación del texto se realizó en World Trade Center, ante decenas de empresarios y colaboradores de las distintas zonas francas. Como anfitrión, Orlando Dovat, presidente de CZFUY, señaló que con este manual “la Cámara busca aportar claridad a temas tan complejos y que últimamente se han puesto de moda, como los vinculados al lavado de activos”.

“La Cámara de Zonas Francas es un instrumento imprescindible hoy en día para manejar un sector tan complejo, no solamente porque nos tenemos que unir todos, sino porque el gobierno pide un interlocutor único para analizar estos temas”, afirmó Dovat.

A su turno, Costa presentó detalles sobre los puntos que se incluirán en el manual, repasó algunas de las responsabilidades que tienen los explotadores de las zonas francas y realizó varias recomendaciones para evitar el lavado de activos. “Las obligaciones se resumen en identificar el origen de los fondos, el propósito de la transacción y el beneficiario final”, explicó, una tarea que admitió “no es sencilla”.

El especialista recomendó a los asistentes que siempre, ante un potencial nuevo cliente, busquen información sobre su actuación anterior y la archiven. “Googlearlo” o ingresar en los portales especializados para ver si está incluido en alguna lista fue una de las propuestas. “Después, si pasa algo, el problema lo tenemos nosotros. La Justicia nos va a preguntar si no nos informamos antes de firmar un contrato, si no nos llamó la atención el pasado de esa persona o empresa”, señaló. Además, dijo que se debe analizar la estructura empresarial del eventual cliente.

Asimismo, resaltó la necesidad de que los explotadores conozcan y realicen un seguimiento de los planes de negocios que les presentan los usuarios de la zona franca, para evitar el riesgo de incorporar empresas “sin sustancia”, en las que “no ingresa nada y no trabaja nadie, pero se generan enormes ganancias”.

Costa recalcó que las operaciones sospechosas deben ser reportadas ante el Banco Central. “Pocos de los reportes realizados llegan a la Justicia, pero hay que hacerlos. Que el descarte lo hagan las autoridades”, recomendó. Para los explotadores la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo presenta un riesgo legal, pero también uno reputacional, “que hoy por hoy quizá sea el peor de los dos”.