Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron un pedido de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar sobre la grave situación institucional derivada de la falta de designación de un Defensor del Pueblo de la Nación Argentina por parte del Congreso.

(Buenos Aires, agosto de 2014). El pedido de audiencia, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano, presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación actual de la Defensoría del Pueblo de la Nación, así como los graves peligros y consecuencias nocivas producidas por la vacancia que atraviesa desde el 2009, profundizada por la falta de Defensores Adjuntos desde diciembre de 2013.

Las organizaciones remarcan que, tras 246 días de acefalía (contados a la fecha de la presentación, 254 al día de hoy), se ha generado una situación de gran incertidumbre -incluso al interior del organismo- acerca de las facultades del “designado provisorio”, lo que atenta contra el cumplimiento íntegro de la misión y actividades de la entidad.

El pedido concluye sosteniendo que la situación de irregularidad detallada produce una doble vulnerabilidad institucional: por un lado, la indefensión de los derechos de los habitantes de la Nación, que carecen de la figura de un Defensor legitimado en su designación a esos efectos; y por el otro, un fuerte condicionamiento a la independencia de quien se encuentra provisoriamente a cargo, al no contar con las garantías de actuación que otorga el marco legal vigente.

Según la ley, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas es la encargada de proponer el candidato, pero los hechos demuestran que desde hace un largo tiempo se encuentra en deuda con los ciudadanos en esta tarea.

En el caso de que la CIDH decida conceder la audiencia, la misma formaría parte del 153º Período Ordinario de Sesiones, que se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre del corriente año.