Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay “en general respetaron los derechos de sus ciudadanos” durante 2006, aunque continuaron algunos problemas de impunidad y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, indicó este martes 6 de marzo el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado divulgó el informe anual que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo.

El gobierno uruguayo “en general” respetó los derechos de sus ciudadanos el año pasado dice el informe y “aunque tomó medidas concretas para reducir el hacinamiento carcelario y reparar las instituciones penitenciarias, las malas condiciones de reclusión siguieron siendo un problema”. En el ámbito social, según EE.UU., en Uruguay siguieron siendo problemas el año pasado “la violencia contra las mujeres y la discriminación contra algunos grupos sociales, lo cual sigue desafiando la política no discriminatoria del gobierno”. Hubo además “indicios anecdóticos de que hubo tráfico de personas”, añadió el informe.

Sobre Argentina, el informe señala que el gobierno de ese país respetó, en general, los derechos humanos, pero durante el año pasado hubo “instancias de homicidios y brutalidad por parte de la policía y las autoridades carcelarias que el gobierno investigó pero, a menudo, no castigó”. También durante el año pasado hubo en Argentina un “debilitamiento de la independencia de los poderes Legislativo y Judicial, presiones del gobierno sobre los medios de comunicación”.

Acerca de Brasil, se asegura que las autoridades en general mantuvieron durante 2006 un control eficaz de las seguridad, no obstante, “se cometieron abusos numerosos y graves de los derechos humanos, principalmente a nivel de los estados”. La lista de abusos, ocurridos principalmente a nivel de las autoridades de Estados más que del gobierno federal, incluye según el Departamento de Estado “maltrato y abuso de detenidos, incapacidad para dar protección a los testigos en juicios criminales, y ataques contra los medios de comunicación por parte de las autoridades locales y los grupos criminales”.

Con respecto a Chile, en general durante 2006 el gobierno trasandino respetó los derechos humanos, pero “hubo informes aislados de uso excesivo de la fuerza y malos tratos de parte de la policía, abuso físico en las cárceles y condiciones de encarcelamiento deficientes”.