SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

“Ante los decretos del Poder Ejecutivo del 31 de diciembre y 23 de enero pasados sobre TV digital los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora Independiente manifestamos las siguientes preocupaciones:

El decreto del 31 de diciembre de 2012, al realizar el llamado a interesados a brindar servicios de televisión comercial digital en Montevideo, estableció una modificación al decreto del 11 de mayo de 2012 en un sentido que entendemos no corresponde.

En efecto, en los considerandos se reitera la conveniencia de “propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital” y se afirma luego que el decreto de mayo de 2012 no recogió esta intención. Sin embargo cabe recordar que dicho decreto reservó un canal para que los actuales adjudicatarios continúen ofreciendo los mismos servicios que hoy, compartiendo una frecuencia entre los tres, algo que la nueva tecnología digital permite.

No corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos un canal completo (6 Mhz), porque ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (HD), hasta tres señales en definición estándar (SD) dependiendo de la compresión (MPEG-2 o MPEG-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos. Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados que deseen presentarse si quieren ofrecer estas nuevas posibilidades.

El decreto del 31 de diciembre, sin embargo, adjudica a estas tres empresas un canal completo, excluyéndolos, entre otras cosas, de la evaluación de esta Comisión Asesora y de la Audiencia Pública en la que debían presentar su propuesta a la ciudadanía. Se establece así una desigualdad indebida entre los distintos oferentes y se elimina un elemento clave de transparencia y participación ciudadana en el proceso de adjudicación. Sienta además un mal precedente para futuras adjudicaciones (por ejemplo en el interior del país) y hace perder buena parte de su sentido al trabajo de esta Comisión, que integramos honorariamente a solicitud del Poder Ejecutivo.

El decreto del 23 de enero, por su parte, suspende el llamado a interesados para Montevideo, fundado en el hecho de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión y, hasta el día de hoy, no se ha vuelto a abrir el llamado.

Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que, a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la Ley 17909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales. Cabe recordar también que a este llamado para Montevideo deben seguir otros para el interior, así como los correspondientes al sector comunitario que ni siquiera llegaron a abrirse.

En caso de que este riesgo se concrete la sociedad uruguaya verá postergada la posibilidad de contar con nuevas ofertas televisivas, permaneciendo sólo los actuales adjudicatarios.

Esta demora se suma a otras que han hecho que, desde que se tomaron las primeras decisiones sobre este tema en nuestro país en 2007, no haya podido concretarse efectivamente el despliegue de la televisión digital, con marchas, contramarchas e indefiniciones que han inviabilizado el proceso.

Por todo ello, en ejercicio de las funciones asignadas a esta Comisión, recomendamos al Poder Ejecutivo

Que realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de Televisión Digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre.

Que al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado.

Manifestamos finalmente nuestra disposición a seguir asesorando honorariamente al Poder Ejecutivo en este tema, en tanto se den condiciones adecuadas para ello. Los integrantes de la Comisión contamos con experiencia y conocimientos que pueden resultar valiosos si se quiere asegurar un proceso de despliegue de la televisión digital efectivo en el país. La intervención de la CHAI en todo este proceso contribuye, además, a la transparencia del mismo. Esperamos, entonces, que estas posibilidades no se desaprovechen”.