Compartimos la columna de opinión del diputado Pablo Iturralde bajo el título “Repasando conceptos”, en donde alude a la situación suscitada con un joven ciudadano nacionalista a quien se le solicitó sus documentos a instancias de una camioneta diplomática de la embajada de los Estados Unidos.

“La prensa de hoy informa que para el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, hubo exceso por parte del funcionario policial que exigió los documentos a un ciudadano desde una camioneta diplomática al servicio de la embajada de los Estados Unidos.

A su vez, un grupo de empresarios resolvió ofrecer al Ministerio tres patrulleros para que los mismos circularan por los barrios de Carrasco, Pocitos y un tercero a elección (sic).

Parece que hay varios conceptos básicos que se están olvidando: en primer lugar no se discute si un policía debe solicitar documentos a un ciudadano, sino que se cuestiona que esta acción sea cumplida según indicaciones de agentes extranjeros desde un vehículo diplomático (“La diaria”). ¿Con qué derecho estos agentes extranjeros pueden decidir a quién y en donde detener o solicitar los documentos? ¿Con qué lógica permitimos que ellos puedan hacerlo pero nuestras propias FF.AA no? Todos pagamos nuestros impuestos para formar parte de una sociedad, pero el gobierno no cumple con las contrapartidas como la seguridad interna y encomienda este servicio a funcionarios extranjeros. ¿Soberanía?

En segundo lugar: ¿vamos a permitir que la vigilancia y seguridad se de dependiendo de los ingresos de quienes habiten determinadas zonas? ¿O vamos a medir cuántas patrullas cumplirán servicio en una zona según cuántos empresarios o diplomáticos la habiten? ¿Por tener menos ingresos la gente de otros barrios merece menos vigilancia? ¿Merecen menos seguridad por tener menos plata? Yo me niego rotundamente a que las medidas de seguridad se tomen según los ingresos promedios en una zona, o quienes allí habiten. TODOS, sin ningún tipo de distinción, nuestros ciudadanos tienen derecho a ser protegidos por los servicios de seguridad del Estado. Y los extranjeros que habitan nuestra tierra también, pero no unos más que otros, de ninguna manera. Hoy que tanto se pelea contra la discriminación, esto configuraría una de sus peores formas: el distinguir según el poder adquisitivo.

Hay que repasar varios conceptos, entender que somos nosotros quienes definimos nuestras políticas de seguridad, que el Estado mismo está obligado a cumplirlas y no debe jamás encomendárselas a ningún tipo de servicio extranjero. La soberanía es sagrada”.