Compartimos la opinión del diputado colorado Fitzgerald Cantero Piali que lleva como título “La despenalización del aborto o cómo el MSP se pasa por la jeringa a la República”.

“El cruce de acusaciones entre profesionales de la salud y el subsecretario de la Cartera afín, es la consecuencia de una mala ley.

Los republicanos repetimos siempre que las formas son tan importantes como el fondo de los asuntos. Cuando reclamamos ello, a muchos les parece menor y secundario el reclamo. Pero no lo es. La forma en cómo se estableció la comisión parlamentaria que estudió el tema, tuvo un comienzo complicado. Es bueno recordar que las iniciativas -porque no había sólo una- estaban radicadas en la comisión de Salud de la Cámara de Representantes. En ella, la oposición tiene mayoría. A su vez, el miembro del Partido Independiente, el diputado Daniel Radío -médico él- estaba en contra de cualquier norma despenalizadora. Por lo tanto, los proyectos no iban a tener los votos suficientes en comisión para ser considerados. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Se asoció con el otro diputado del Partido Independiente, el contador Iván Posada, para conseguir el voto 50 que necesitaba. ¿Cómo hacerlo si la comisión de Salud no tenía las mayorías necesarias? Creando una comisión especial. La tradición parlamentaria indica que las comisiones especiales se votan por unanimidad. Esa tradición se rompió. Y en la madrugada de una larga sesión, el FA y Posada, cumplieron su objetivo.

Pero además con un plazo irrisorio, que luego tuvo que ser extendido. En 60 días la comisión debía recibir las delegaciones que pedían audiencias, que eran decenas; convocar a las cátedras para recibir asesoramiento; estudiar; intercambiar y discutir; considerar el articulado que tenía media sanción del senado; votar el articulado de Posada, que modificó el 100% de lo votado en la Cámara Alta; y elaborar los informes. Maratónico para un tema sumamente delicado.

Aún aquellas organizaciones a favor de la despenalización, llamaron la atención respecto a la imposibilidad de aplicar la norma, tal como estaba propuesta y como en definitiva quedó sancionada.

Objeción de conciencia

Claramente, la ley establece la posibilidad del personal médico, de declarar la objeción de conciencia.

También estableció la “objeción de ideario” para aquellas instituciones que se nieguen a realizar el aborto en sus instalaciones. No ya con los alcances del personal médico, sino derivando a las mujeres a otras instituciones y asumiendo los costos que implique el acto.

Ni el señor subsecretario -que en el caso de Briozzo está claramente excedido de las facultades que tienen los ciudadanos que ocupan ese cargo- ni el señor ministro, ni el presidente de la República, pueden obligar a nadie a realizar lo que la ley no obliga. Ni aún actuando en Consejo de Ministros. La Constitución es clara. Sería buena cosa que las autoridades sanitarias la leyeran.

Leyes y reglamentaciones

En esta polémica desatada hay responsabilidades compartidas.

La primera son las fallas de la propia ley. En el debate parlamentario expusimos los problemas que la redacción de la norma iba a ocasionar. Algunos de ellos ya se están percibiendo (lamentablemente otras leyes de reciente votación van por el mismo camino). Quedaron algunos aspectos importantes librados a la reglamentación, cuando ello ocurre, se corre el riesgo de que la misma se aparte no ya del espíritu, sino de los términos literales de la ley. Es lo que está sucediendo en este caso.

Hay fallas que se sabían de antemano que estaban presentes y que sería difícil corregir. Sucedió entonces que la propuesta contaba con la mínima mayoría requerida y cada uno de los 50 diputados, tenía un poder de veto muy grande, lo que produjo que cualquier modificación sustancial, hiciera peligrar la aprobación de la ley. Estos extremos fueron argumentados por algunos legisladores que alzaron su mano para despenalizar esta práctica.

La segunda -solamente por un tema cronológico, no por prioridades de gravedad- es la responsabilidad de la reglamentación. Demasiada libertad para reglamentar genera estas situaciones. Se interpreta en la ley lo que no es.

La tercera es la aplicación de la ley (con peculiar interpretación) y la reglamentación bajo presión. Como señalé más arriba, ningún jerarca le puede exigir a un médico -ni a cualquier hijo de vecino- que haga lo que la ley no obliga. Y la ley no dice que se deben fundamentar por escrito, las razones por las cuales se ampara en la objeción de conciencia. Mucho menos que esos médicos sean amenazados. Desde el gobierno se persigue a quienes no ejecuten lo que un subsecretario quiere. Es el Leviatán en todo su esplendor. Es raro no es escuchar por estas horas a los que utilizan el terrorismo de Estado como muletilla alzando su voz contra el atropello.

Llama la atención a su vez, la militancia del señor Briozzo en este tema. No lo vemos preocupado ni con el mismo ímpetu, por explicarle a la ciudadanía cuáles son las mejores instituciones médicas, según los indicadores del ministerio, ante la inminente apertura del corralito mutual, por ejemplo.

Más allá de lo expresado y al igual que la ignorancia de las leyes, las omisiones e irresponsabilidades, no pueden ser excusas para hacer decir a la ley lo que la ley no dice.

Reacciones

Hay médicos que señalan que se trata de una ley que hicieron los “políticos” y que ellos no fueron consultados. Ante un par de puntualizaciones. La primera, si no son los políticos quienes hacen las leyes ¿quiénes son? Yo quiero un país que continúe, por siempre, con políticos que hagan las leyes, en el acierto o en el error, en la discrepancia o en la coincidencia. No quiero a algunos “sabiondos” legislando por el pueblo. No creo en el Rey Filósofo.

La segunda, el político que escribe estas líneas insistió en la comisión parlamentaria especial, para que se recibieran a todos los que desearan expresar su opinión e inquietudes sobre el asunto. Así se hizo. Nadie puede decir que pidió una audiencia y no se lo escuchó. Que se haya escuchado y luego se votó contrario a lo que uno quería, eso es un tema aparte. A los legisladores de la oposición nos sucede a diario. Así es la democracia. Y así debe ser. La opinión de la mayoría es la que debe prevalecer, escuchando siempre a las minorías.

Ante todo las formas

Esta ley, que comenzó de manera accidentada, es mala. Su reglamentación también lo es. Su forma de aplicación no es la adecuada.

Cuando se adulteran los procesos y se relativizan las voces de alerta, se llega a estos extremos.

Quizás la polémica sirva para comprender la importancia del respeto a ley, de su fiel cumplimiento, de los riesgos que representan las interpretaciones tendenciosas y las reglamentaciones similares. Y sobre todo, el peligro de no cuidar las formas, que cual cambalache, pone todo en el mismo lodo y da lo mismo esto que aquello”.