Hoy la sociedad uruguaya está estremecida por la ola de violencia que se ha abatido sobre miles de compatriotas.

Los delitos contra la propiedad, especialmente aquellos que se ejercitan con violencia extrema, no paran de aumentar. Más de 16.000 rapiñas se consumaron el año pasado, muchas de ellas con pérdidas de vidas humanas, observándose frecuentemente comportamientos irracionales de delincuentes que actúan fuertemente armados.

Este año vamos camino a batir un infausto record en materia de homicidios, los cuales ya superan los 125 en apenas cuatro meses.

Violencia, armas, drogas en las calles, motines, muertes y ausencia de rehabilitación de más de 9.000 reclusos, marcan un panorama absolutamente inquietante y hacen que la gente honesta se vea desprotegida y con miedo.

El Estado a través de sus órganos responsables, el Ministerio del Interior, está omiso en el cumplimiento de ese cometido esencial que es asegurar la seguridad interior, protegiendo la vida y los bienes de los ciudadanos.

La gente se siente indefensa, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en los comercios y hasta en el medio rural.

Hemos advertido en varias oportunidades, tanto al actual como al anterior gobierno, respecto de la inusual y creciente gravedad de la situación que vive la República en materia de seguridad ciudadana, Pero no sólo hemos advertido, hemos propuesto soluciones legislativas y prácticas para intentar solucionar esta difícil coyuntura.

Así se lo propusimos al anterior gobierno y al actual, entre otras cosas: concederle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana y dotarla de más efectivos mediante pasaje previa reinstrucción de personal de las Fuerzas Armadas (entre 2500 y 3000 hombres más) para así volcarlos a las calles y realizar la tarea prevento-represiva, que es indispensable.

Le propusimos asimismo, transformar unidades militares en cárceles, lo cual demoró muchísimo pero ha comenzado a instrumentarse con la nueva de Punta Rieles.

En materia de minoridad infractora, hemos presentado proyectos de ley para aumentar de 5 a 10 años la pena máxima de privación de libertad y la creación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor.

La conservación de los antecedentes de los delitos cometidos por menores infractores, a fin de juzgar su responsabilidad penal si siguen delinquiendo luego de alcanzar la mayoría de edad.

Esta semana vamos a volver a presentar un proyecto de aumento de penas y uno con la finalidad de limitar la discrecionalidad de los jueces en el momento de juzgar a un menor infractor, fijando mínimos y máximos de penas para los delitos gravísimos (Homicidio, Rapiña, Secuestro, Privación de libertad, violación entre otros)

No queremos que ningún Juez de Menores tenga la facultad discrecional de mandar para su casa a un menor que tiene dos homicidios en su haber, como en el caso del menor delincuente apodado “el Pelón”, o el caso de un doble homicidio cometido en Salto, porque también la justicia debe acompasar su actuar a la realidad actual, todo dentro de la legalidad.

¿O, acaso debemos presenciar que el feroz asesino del empleado de La Pasiva, se pasee por las calles dentro de un par de años, para volver a delinquir?

Presentamos también iniciativas sobre la seguridad en la campaña y asimilación de penas en el narcotráfico.

Creemos que hay que ir a un escenario de tolerancia cero a la pasta base. Propusimos un Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones.

Como se advierte, no nos hemos dedicado a pararnos en la vereda de enfrente para en forma demagógica tirar piedras al gobierno y a los responsables de la seguridad.

Hemos criticado cuando debimos criticar, pero nos hemos sentado en una mesa para proponer, para discutir, para tratar de acordar.

Lamentablemente debemos concluir que es pobre la gestión de los responsables políticos del Ministerio del Interior, con exasperante lentitud en la ejecución, con falta de ejercicio firme y legítimo de la autoridad en donde se ha permitido por ejemplo que los sindicatos policiales tomen decisiones que competen a los jerarcas, o que un grupo de reclusos destruyan a su antojo la Cárcel de Santiago Vázquez ante la pasividad de las autoridades que han perdido el dominio de toda esta situación.

Por ello y habiendo actuado siempre con sentido nacional, pero también percibiendo que nuestros esfuerzos no han sido correspondidos, entendemos que es necesario exigir al gobierno su responsabilidad, que actúe con todos los medios que tiene a su alcance y con la firmeza que hoy la Sociedad uruguaya reclama en todo el país.

El Uruguay necesita una política de emergencia en materia de seguridad pública, implementada con la urgencia y eficiencia que no se ha exhibido hasta ahora. Máxime que estamos ante un Gobierno con mayorías parlamentarias que tiene la obligación de aprobar instrumentos que optimicen la lucha contra el delito.