Arrecife de Lanzarote, Islas Canarias, 26 de abril de 2012. Varias personas se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Lanzarote para manifestar su apoyo y solidaridad con el activista uruguayo José Morales Brum y exigir a la Administración del Estado el archivo inmediato del nuevo expediente de expulsión que esta institución le ha abierto a comienzo de este mes, acción que ha sido convocada por Intersindical Canaria.

El activista uruguayo se enfrenta a una nueva propuesta de expulsión del territorio del Estado español, tras ser denunciado por la Brigada de Información de la Policía Nacional, junto a otras seis personas más, luego de participar en una improvisada concentración pacífica frente a la sede del Partido Popular en Arrecife el pasado 10 de febrero oportunidad en que estuvo presente el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Esta convocatoria hecha a través de redes sociales se enmarcaba dentro de las movilizaciones ciudadanas posicionadas contrariamente a que se realicen estas prospecciones.

En principio a Morales, así como a los otros seis denunciado, se le ha incoado una propuesta de sanción económica de 400 euros a la cual ha presentado alegaciones y que éstas fueron rechazadas.

En tanto las alegaciones al expediente de expulsión no han sido contestadas, no obstante ello, su defensa jurídica tiene preparado los recursos necesarios para ser presentados en sede judicial de Lanzarote así como en Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si se materializa su detención para expulsarle.

Cabe recordar que en julio del año pasado, al activista se le abrió un primer expediente de expulsión luego de participar en una concentración en apoyo a la causa del pueblo saharaui y que se ha sido paralizado por la Delegación del Gobierno en Canarias.

Apoyos

A esta concentración asistieron integrantes de la comunidad uruguaya en la isla y del colectivo saharaui, del movimiento ciudadano de Lanzarote, representantes sindicales de Intersindical Canaria y de la Confederación General del Trabajo, así como el concejal de Alternativa Ciudadana por Arrecife, Domingo García, e integrantes de este partido asambleario.

En los últimos días, tanto la Fundación César Manrique como la Comisión Insular de Coordinación contra las Petroleras, que está integrada por el Cabildo de Lanzarote, los siete ayuntamientos y diversos colectivos sociales, enviaron sendos escritos solicitando el archivo del expediente en curso.

En el escrito de apoyo remitido por la FCM, esta entidad reconocía el compromiso de Morales con Lanzarote, con las causas sociales y ambientales, hecho que la Fundación agradecía.

Acciones

Integrantes del comité de solidaridad con el activista han redactado un manifiesto de apoyo y de condena a la criminalización del movimiento ciudadano pudiendo ser firmado en http://www.firmasonline.com/peticion/apoya-con-tu-firma-para-evitar-la-expulsion-del-activista-jose-morales-brum-y-en-contra-de-la-criminalizacion-del-movimiento-ciudadano-en-lanzarote/946

Además han anunciado que se llevarán adelante varias iniciativas en las instituciones públicas de la isla, con representantes del Parlamento canario y con parlamentarios del Congreso de los Diputados del Estado español.

Críticas

Los asistentes a esta concentración consideraron que las acciones emprendida contra Morales, integrante del Movimiento Ciudadano de Lanzarote “Canarias dice NO a las petroleras” y de la Comisión Insular de Coordinación contra las Prospecciones Petrolíferas, es a todas luces desproporcionada, ya que de los hechos no se desprende la gravedad necesaria como para no dar la oportunidad de juzgar por la vía jurisdiccional adecuada, y expulsarle como se pretende llevar a cabo. Estas acciones contienen un trasfondo político hostil contra este ciudadano.

Por otro lado criticaron la desidia del Consulado de Uruguay en Canarias dado que esta representación consular no se ha dignado en ponerse en contacto con el activista.

Hicieron un llamado a la defensa de los derechos civiles de libertad de expresión y manifestación pública de la discrepancia y crítica a las decisiones de las administraciones gubernamentales.

Esta concentración transcurrió con total normalidad, desconvocándose en forma pacífica.