MONTEVIDEO (26 de octubre de 2011). La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, culminó su visita a Uruguay. Ésta fue la etapa final de una misión de diez días a Chile, Paraguay y Uruguay, dirigida a entablar un diálogo con las autoridades sobre diversos desafíos en derechos humanos en estos tres países, y alentarlos a fortalecer la integración de los derechos humanos en sus agendas políticas.

La Alta Comisionada Adjunta se reunió con el Presidente de la República, José Mujica, y con el Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General, Danilo Astori. También se reunió con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie van Rompaey.

Kang sostuvo amplias discusiones sobre temas específicos de derechos humanos con el Secretario de la Presidencia y los Ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Desarrollo Social; además de la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Ella también se reunió con el Presidente de la Cámara de Diputados y con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. “Estoy muy agradecida e impresionada por el compromiso genuino y la disposición de las autoridades para reconocer sus dificultades y explorar las áreas donde se necesitan más acciones para proteger mejor los derechos de todos los uruguayos”, expresó la Alta Comisionada Adjunta.

Kang tuvo un encuentro con distintas organizaciones de la sociedad civil uruguaya y visitó el centro de detención El Molino para mujeres con hijos menores de cinco años.

Ella participó también de un seminario de nivel ministerial sobre derechos humanos, organizado por MERCOSUR en el contexto de su vigésimo aniversario. Allí reconoció el significativo y particular papel del MERCOSUR debido a su desempeño único en el desarrollo de políticas públicas basadas en derechos humanos. “A través de esta reunión de muy alto nivel, se está enviando un mensaje muy claro: los derechos humanos continúan siendo un tema crucial de preocupación para la región, principalmente en vista de las nuevas demandas populares para incrementar el reconocimiento de los derechos fundamentales”. Kang y su equipo se reunieron también con el Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, para discutir sobre nuevos ámbitos de cooperación entre ambas instituciones.

Además, Kang ofreció un discurso en el Congreso Nacional con ocasión del Día de las Naciones Unidas y se reunió con la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y su equipo de país en Uruguay para revisar la integración de los derechos humanos en sus actividades y proyectos, en tanto país piloto del programa “Unidos en la Acción” de Naciones Unidas, con el apoyo brindado por la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH.

Ante sus interlocutores, la Alta Comisionada Adjunta elogió el liderazgo de Uruguay en asuntos de derechos humanos, incluyendo su actual Presidencia del Consejo de Derechos Humanos. “Uruguay es un pequeño país pero es una voz muy importante para los derechos humanos en el ámbito internacional, con gran credibilidad. Junto a la Alta Comisionada, apreciamos y apoyamos este rol, y estamos agradecidas por el apoyo firme que Uruguay brinda al trabajo de nuestra Oficina”, señaló.

Kang agregó que “Uruguay es un ejemplo único de cómo las políticas públicas basadas en derechos humanos pueden no solo sacar a las personas de la pobreza de manera sustentable, sino que también reducir la marginalización y exclusión en que radica la gran privación de derechos hoy en día”. Ella observó, sin embargo, que aún quedan desafíos pendientes y alentó a las autoridades a continuar con sus esfuerzos para afrontar preocupaciones persistentes como la investigación y el procesamiento de violaciones de derechos humanos del pasado, la situación de la población carcelaria y del sistema nacional de prisiones, la violencia contra la mujer, la discriminación y pobreza que afectan de forma desproporcionada a niños, mujeres y afrodescendientes en Uruguay, al igual que las cifras de deserción escolar a nivel de secundaria y la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

Acogió con beneplácito el proyecto de ley aprobado por el Congreso esta madrugada en una votación de 50-41, afirmando que «en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos como los cometidos durante el período de la dictadura no están sujetos a ningún tipo de prescripción». Reconociendo los dos referendos nacionales pasados a favor de mantener la Ley de Caducidad, Kang hizo hincapié en que, si bien la voluntad popular debe tenerse en cuenta por los líderes del país para superar las divisiones que provoca este tema delicado: «La protección de los derechos humanos se aplica con independencia de las opiniones de la mayoría o la minoría, y el Estado tiene la obligación de defender los derechos humanos de todas las personas en todo momento». Recordó el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y agregó que «el futuro de los derechos humanos en Uruguay será incierto si no se logran zanjar definitivamente los crímenes del pasado».

Observando con preocupación la alta tasa de violencia doméstica y revisando las medidas del gobierno para implementar la ley de 2003, Kang pidió medidas más eficaces para apoyar a las mujeres víctimas de violencia. Tomando nota también de la escasa representación femenina en los altos niveles de toma de decisiones, incluyendo la Asamblea General, añadió que «el compromiso de Uruguay con los derechos humanos y la igualdad de género debe ir acompañado de esfuerzos más concertados para enfrentar la discriminación de las mujeres en muchos sectores del país».

Al hablar de los esfuerzos del gobierno para abordar el problema de las altas tasas de deserción escolar de las escuelas secundarias, incluyendo el plan para extender el Plan Ceibal (de un computador personal por niño) a cada adolescente, señaló que el récord de Uruguay como un modelo de educación pública que encarna el concepto de educación como un derecho humano fundamental, y alentó a las autoridades a adoptar nuevas medidas para invertir la tendencia a la deserción escolar y para reforzar la calidad y la integridad de su sistema de educación pública.

Destacando el papel crucial desempeñado por las instituciones nacionales de derechos humanos independientes en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, señaló que: «Han pasado dos años desde que Uruguay aprobó una ley para crear la Institución Nacional de Derechos Humanos en cumplimiento con las normas internacionales, pero la institución aún no se ha establecido. Espero que el Parlamento cumpla el plazo para designar a los Directores de la Institución en abril del año próximo, y ofrezco la plena cooperación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para asegurar que sea un guardián independiente y eficaz de los derechos de todas las personas que viven en Uruguay».