Integrantes de las organizaciones no gubernamentales ABC Rural (Asociación Bañados de Carrasco Montevideo Rural) – APRAC (Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco) se reunieron nuevamente con representantes del Ministerio de Interior y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) con el fin de hacerles llegar un adelanto de un informe elaborado por el arquitecto Federico Bervejillo, quien integra el Comité Académico de la maestría en Ordenamiento Territorial de la Facultad de Arquitectura, en el que se identifican otras posibles localizaciones para la instalación de la nueva cárcel que albergará a 2.000 reclusos.

Los vecinos de la zona trasladaron una vez más su enorme preocupación por la anunciada localización de la cárcel en Punta de Rieles, que provocaría un daño “irreparable” al área de Bañados de Carrasco.

Los representantes de las dos organizaciones no gubernamentales fueron recibidos por el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, la arquitecta Noralí Duhalde del Ministerio del Interior, y la arquitecta Eneida de León de la CND.

En la reunión mantenida en la secretaría de Estado, ABC Rural – APRAC presentaron un adelanto del trabajo que el arquitecto Bervejillo está llevando adelante con el fin de identificar otras posibles localizaciones -tal como está expresado en el pliego de licitación de la CND- para la futura instalación de la cárcel, que fue encomendado por las organizaciones no gubernamentales.

En el informe fueron identificados y están en proceso de estudio seis sitios alternativos además de Punta de Rieles. Las otras localizaciones manejadas en este trabajo son en su mayoría propiedad del Estado.

Según el informe elaborado por Bervejillo, la ubicación de la cárcel en Punta de Rieles estaría generando una situación irreversible y un condicionamiento a largo plazo contrario al proyecto de desarrollo de la zona que tiene su centro en el Bañado de Carrasco.

El arquitecto expresa que “desde el punto de vista del ordenamiento territorial se trata de crear prácticamente un centro poblado en una zona en la cual la Intendencia de Montevideo siempre hizo cuestión de la decisión de no extender la ciudad  y no admitir usos residenciales en este entorno en particular. La localización de la cárcel va de lleno contra estos postulados de estrategia y política territorial”.

En el informe se señala, además, que “las ventajas de esta localización tienen más que ver con la disponibilidad inmediata del suelo que con razones de ordenamiento territorial y desarrollo”.

“Se trataría de una decisión apresurada y de graves consecuencias si se tomara sin un análisis serio de alternativas y una comparación de costos y beneficios abierta a la opinión pública”, se concluye en el informe.

Los integrantes de ABC Rural – APRAC destacaron que el estudio aún no ha sido finalizado y que no se descartan agregar otros sitios.

En tanto, las arquitectas Duhalde y De León se comprometieron a recibir próximamente al arquitecto Bervejillo con el fin de ahondar en posibles ubicaciones para el penal.

Los vecinos de la zona de Punta de Rieles insisten en que el Ministerio del Interior lleve adelante la contratación de un urbanista para que participe del estudio de factibilidad técnica, financiera, socioeconómica y ambiental del proyecto carcelario -el cual le será encomendado a una empresa consultora-, tal como se comprometió recientemente el titular de esa secretaría de Estado, Eduardo Bonomi.

Los representantes de ABC Rural – APRAC recordaron que en el llamado realizado por la CND en coordinación con el Ministerio de Interior no estaba prevista la contratación de un profesional entendido en ordenamiento territorial.

La empresa consultora elegida para llevar a cabo el estudio de factibilidad contará con un plazo de 75 días para la redacción de su informe final. Uno de los aspectos que la consultora deberá analizar son los posibles impactos ambientales directos e indirectos del proyecto. Previamente a la determinación de los lugares a ser estudiados para la ubicación del penal, la firma consultora podrá analizar distintas alternativas.

“Si existen otras alternativas de localización que sólo dependen de una inversión, ya sea en saneamiento, con la extensión de una línea de ómnibus, con la nivelación de un terreno, nos parece que todas ellas deberían evaluarse ya que una inversión de 120 millones de dólares lo amerita”, sostuvo el presidente de la  ABC Rural, ingeniero agrónomo Roberto Garese.

ABC Rural APRAC viene trabajando intensamente para el desarrollo sostenible de la zona a través de la promoción de mejoras en el acceso, la gestión ambiental y la seguridad así como alentando los usos agrícolas y residenciales en esta área rural.