Ante una nueva puja por los derechos del fútbol: ¿El Parlamento y el Poder Ejecutivo no tienen nada que decir sobre el derecho de la gente a acceder a la televisación de eventos deportivos de alto interés público?

La Coalición por una Comunicación Democrática reclama el desarrollo de una política pública para regular el acceso de las y los ciudadanos a las transmisiones de los eventos deportivos y culturales de gran interés público.

Asimismo pondrá en conocimiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de frenos legales a los derechos de exclusividad de empresarios privados, que impiden el acceso de los y las ciudadanas a las transmisiones de las manifestaciones culturales y deportivas de alto interés público.

La actual discusión sobre los derechos del fútbol nos muestra en toda su magnitud como los poderes fácticos de una democracia se apropian de las manifestaciones populares ante la ausencia de una política pública de comunicación.

En toda esta discusión, nadie parece reparar en el derecho del público al acceso de contenidos universales de gran interés público, así como en el derecho a la información en general.

El empresario del fútbol Francisco “Paco” Casal -a través de la empresa Tenfield S.A-, los clubes de fútbol, la AUF y el gobierno, en este caso el ministro de Deportes, Héctor Lescano, y el presidente de la República, José Mujica -con distintas posiciones- están inmersos en una disputa de un fuerte operador privado (que ha hecho mucho dinero a costa de los derechos del deporte más popular del Uruguay), a instancias de privar (mediante el cobro de un alto precio del abono) a buena parte de los uruguayos del acceso abierto a las imágenes de los partidos de fútbol.

Desde hace casi dos décadas, los uruguayos que quieren ver al equipo que quieren y simpatizan o gustan del deporte más popular, tienen que pagar no sólo el abono al cable, sino un plus para acceder a esta manifestación cultural. Algo que así planteado no tiene demasiados precedentes en el resto del mundo.

¿Qué hace el gobierno ante una nueva puja por la compra de esos derechos? Intermedia entre los intereses privados, pero no introduce ninguna defensa del interés general y el derecho a la información de todas las personas.

El presidente propone que los derechos del fútbol sean otorgados al mejor postor en el mercado, cuanto más caro mejor, cuando de este modo el abono que le trasladarán a los uruguayos los titulares de esos derechos será aún mayor. Se muestra además cercano al empresario que domina verticalmente buena parte del negocio del fútbol y la comunicación (derechos sobre jugadores, derechos de televisión, merchandising, canales de televisión, entre otros). El ministro de Deportes propone que los derechos queden en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los comercialice puntualmente.

Nos preguntamos si nadie en el Poder Ejecutivo, en la Ursec, en el Parlamento, tiene algo que decir en favor del derecho de las personas al acceso a los espectáculos de alto interés público. ¿A nadie se le ocurrió pensar que el fútbol es una manifestación protegida por la Convención de Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Ley Nº 18.068)  y no debe estar sometida únicamente al juego del mercado?

Muchos países han decidido poner un freno a los poderes fácticos que se apropian de los espectáculos de alto interés público y alto valor cultural, como en Uruguay ocurre con el fútbol, el basquetbol, el carnaval, las domas, etcétera.

La ley española audiovisual, por ejemplo, dedica un capítulo a la regulación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad, en el que se protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en función de criterios de interés general, que aseguran la emisión en televisión abierta, de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor. Para ello, se incluye una referencia normativa básica siguiendo los criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia europeos.

Otro tanto sucede con las legislaciones canadiense, americana o argentina. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso de la población en condiciones de igualdad a los medios de comunicación.

En Uruguay la protección al derecho de acceso a los contenidos de interés público, directamente no está legislado. Esta es otra consecuencia de no tener un marco regulatorio legal moderno y garantista de los derechos de todas las personas. Esta es otra consecuencia de la máxima “la mejor ley de medios es la que no existe”.

La Coalición por una Comunicación Democrática pondrá en conocimiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de normas legales que pongan un freno al acaparamiento en exclusividad de los derechos de televisación de las manifestaciones culturales y deportivas más representativas del pueblo uruguayo, que limitan la recepción de estos contenidos.

Ésta y otras definiciones que el país tienen por delante en materia de política de comunicación, hacen imprescindibles que el Estado genere nuevos mecanismos para la  efectiva participación de la sociedad civil en estos temas.