Compartimos la opinión del diputado Pablo Abdala (Corriente de acción Renovadora) en referencia a la norma interpretativa de la Ley de Caducidad. Lleva como título “Ni anular ni derogar”.

“En el marco del novelesco proceso político y legislativo que, con relación a la ley de caducidad, el Frente Amplio viene desarrollando, el Presidente de la República acaba de escribir el último capítulo. La sorpresiva irrupción del mandatario en la bancada del oficialismo de la Cámara de Diputados, días atrás, parece haber definido un nuevo escenario. Entre las posibles lecturas que el episodio tiene, una es la que muestra a Mujica como un conductor de reflejos lentos, porque dejó para el final lo que debió practicar al inicio: asumir el asunto con la seriedad que el mismo reviste y, con la misma seriedad, trasmitir su posición a los suyos.

Lo cierto es que la reacción presidencial, aunque tardía, fue tan imprevista como determinante de un nuevo panorama. Tanto, que la fractura de la izquierda en torno a la llamada “ley interpretativa” quedó absolutamente expuesta, al punto que el partido de gobierno está inmerso en un caótico dilema del que intentará salir en el plenario del próximo sábado, pero todavía no saben cómo. De lo único que, parecería, han venido a enterarse, es que la solución – si la hay – no será inocua ni gratuita, y que el agravio a la Constitución y el desprecio por los fallos populares representa costos políticos elevados de los que no podrán evadirse.

Si todo ha sido muy lamentable, no lo es menos que el Presidente resuelva intervenir por los motivos que ha invocado. Antes que para “guardar y defender la Constitución de la República”, como juró por su honor, que lo haga para precaver a su fracción política de la pérdida de votos, es al menos condenable. En cualquier caso, si lo que el jefe de Estado hizo no es en nombre de todos los uruguayos sino de su interés partidario pero, en última instancia, contribuye indirectamente a evitar el atentado que parecía casi consumado, y a preservar la tradición nacional de respeto al mandato de las urnas, bienvenido.

Por cierto, conociendo la debilidad del liderazgo y la inconsistencia que caracteriza al elenco de gobierno, es imposible pronosticar el final de la historia. Lo único seguro es que no será feliz.

En los últimos días, según los trascendidos, se han venido manejando fórmulas alternativas a la malhadada “anulación” que recientemente votó el Senado. Entre ellas, la propuesta del Dr. Martín Risso, en el sentido de revocar todos los actos administrativos dictados en aplicación de la ley de caducidad, aunque discutible, es lo más razonable – casi lo único – que se ha visto y escuchado.

Según se dice, algunos sectores del Frente, tal vez complementariamente, estarían pensando en la derogación de la norma, en sustitución del proyecto que considera la Cámara de Representantes. Si esa fuera la variante, expresamos desde ya, a título personal, que estamos en contra. Reconocemos que se trataría de un planteo diferente, que seguiría siendo discutible a la luz de los dos pronunciamientos populares, pero respetaría la Constitución. Sin embargo, nosotros no estaríamos dispuestos a acompañarlo, no solo por la duda que ya deslizamos, sino, además, por razones de carácter político muy concretas y específicas.

Cabe recordar que la derogación de la ley de caducidad ha sido evaluada por algunos compañeros nacionalistas prestigiosos, entre los cuales se cuentan legisladores que presentaron iniciativas en dicho sentido. De más está decir que se trata de una posición legítima.

A nuestro juicio, en las actuales circunstancias y a la luz del contexto en el que nos encontramos, la ley de caducidad no debería desaparecer. Las normas de rango legal, además de consagrar derechos, deberes y garantías o de crear situaciones jurídicas, son documentos políticos que, en ocasiones, contienen declaraciones referidas al momento histórico. La que nos ocupa es un ejemplo típico de eso.

Hemos dicho, incluso en el debate parlamentario, que el verdadero propósito de la izquierda, en todo esto, es el de reescribir la historia e imponer su tradicional dialéctica, según la cual la ley de caducidad jamás tuvo justificación y, aún, no obedeció a ninguna causa particular, a excepción del intento de sus votantes en cuanto a instaurar la impunidad de los militares que violaron los derechos humanos. El Frente procura, erradicando el instrumento del sistema jurídico, cualquiera sea la fórmula final, lograr una victoria histórica oficializando su versión de los hechos. Como sea y cueste lo que cueste.

La verdad material, sin embargo, está demostrado que fue drásticamente diferente. La caducidad fue consecuencia directa del pacto que realizaron, en el Club Naval, los partidos políticos – a excepción del Partido Nacional – con las Fuerzas Armadas, en agosto de 1984. Eso es lo que manifiesta expresamente el artículo primero de la ley, y es la verdad histórica.

Por lo tanto, derogar un texto legal con ese contenido político, sobre la base de que ya cumplió su finalidad, que el país supo encaminarse hacia la pacificación, y que aquella crisis institucional que se cernía y fue conjurada pertenece al pasado, es aceptable y puede sostenerse. En cambio, postular la misma medida sobre el presupuesto redentor de que quienes concibieron aquello fueron poco menos que cómplices de los violadores, y que la ley de caducidad es – y siempre fue – una vergüenza nacional, implica un criterio totalmente diferente que nosotros, por lo menos, no estamos dispuestos a convalidar”.

Fuente: La Democracia.