Si bien en el Uruguay existen numerosos antecedentes en la canalización de proyectos que han contado con la participación de públicos y privados, básicamente a través de contratos de obra pública o de concesión de obra pública, el nuevo proyecto de participación público-privada a estudio del parlamento, significa para el país una gran oportunidad de cara al objetivo expresado por autoridades de gobierno en cuánto a que Uruguay pueda convertirse en un polo logístico regional.

Tal lo asegurado por el Dr. Miguel Castellán, socio de la firma Castellán Abogados Consultores que junto al Cr. Gustavo Weigel de la firma Weigel Haller y representantes del  Ministerio de Transportes y Obras Públicas, disertaron recientemente sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras en el Uruguay en el marco del Business Club organizado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo- Alemana.

Castellán, quién analizó el marco jurídico actual y el nuevo escenario que se presentará de ser aprobado el proyecto, expresó que la “nueva normativa viene a sumar a la ya existente y en muchos aspectos dota de más transparencia al proceso así como incorpora aspectos que beneficiarán tanto al Estado como a los potenciales inversores privados”.

Las actuales debilidades estructurales y las urgencias en materia de infraestructura social, hacen impostergable la concreción de proyectos de gran escala sostuvo Castellán y agregó: “esto no puede estar atado al espacio fiscal disponible”.

El profesional indicó además que el marco jurídico actual en este sentido, regula fuertemente todos aquellos aspectos vinculados a la celebración del  contrato, (aspectos reunidos en el TOCAF), sin embargo no están lo suficientemente regulados los aspectos relacionados con la ejecución del mismo tales como la modificación unilateral del contrato, el ejercicio del poder sancionatorio entre otros, además de los derechos del co-contratante.

En ese sentido, Castellán consideró muy positivas las innovaciones que incluye el proyecto de ley de participación público-privada que se analiza en estos momentos y destacó  el llamado diálogo competitivo, la adecuada asignación de riesgos, la renegociación de los contratos, el mantenimiento de las condiciones contractuales y la regulación de la potestad de modificación unilateral del contrato por parte de la administración.

El abogado consignó que este proyecto significa un valioso instrumento que facilitará la inversión privada en infraestructura y maximizará las oportunidades de crecimiento del país en la materia.