Con la participación de más de 50 líderes juveniles de 7 países (Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Guatemala, Colombia y Brasil) y con el apoyo del UNFPA, Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de la Juventud del Uruguay y de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a Juventud, se desarrolló entre el 5 y el 7 de noviembre de 2010 en Montevideo, el Foro Regional de Organizaciones Juveniles Basadas en la Fe (OJBF): “Los derechos de los jóvenes en el contexto latinoamericano y caribeño actual”, convocado por la Pastoral Juvenil del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)

En dicha reunión participaron representantes de redes juveniles de OBF y de la sociedad civil a nivel de América Latina y el Caribe como, Espacio Iberoamericano de la Juventud, Alianza Latinoamericana y Caribeña de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Pastoral Juvenil del CELAM (Cono Sur), Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina (CIEMAL), Red Juvenil Interreligiosa de Religiones por la Paz, Plataforma Argentina de Juventudes y los coordinadores de las cinco regiones de la Pastoral Juvenil del CLAI. También participaron representantes de organizaciones juveniles uruguayas como: OBSUR (ONG católica), Juventud Para Cristo Uruguay, Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Uruguay, Voluntarios en Red de la Comunidad Israelí, Jovenes de Soka Gakai Uruguay, Serví tu ciudad Uruguay, ACJ- Uruguay, entre otras.

Durante el encuentro se generó en un espacio de intercambio con actores del gobierno, la sociedad civil, la academia especializada, los líderes juveniles de la sociedad civil y de las OJBF.

Una agenda desde las OJBF

En el documento de conclusiones de la reunión se señala:

“Hemos tenido la oportunidad de conocer el estado de los derechos de los jóvenes en América Latina y el Caribe a 10 años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el rol de la sociedad civil en general y en especial de las OJBF, las agencias de Naciones Unidas y el Estado, y en concreto algunas acciones de los gobiernos de la región para el cumplimiento de dichos objetivos.

Reflexionamos sobre nuestra realidad a partir de cuatro ejes temáticos: Jóvenes, empleo y proyectos productivos para la superación de la pobreza; Desigualdades de género y juventud; Salud y prevención de VIH; y Participación juvenil y políticas públicas.

Se plantearon preocupaciones como:

ü  Los altos índices de desempleo juvenil en toda la región y las prácticamente nulas políticas públicas tendientes a reducir dichos índices.

ü  Las enormes desigualdades de género y generacionales resultado de construcciones sociales arraigadas de tal manera en la sociedad que son percibidas como inmodificables.

ü  La estigmatización de las personas que viven con VIH/sida; la sistemática vulneración de derechos de las mujeres y los jóvenes, grupos de alto riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la falta de programas de educación sexual integrales (de calidad y sostenidos) con enfoque de derechos humanos, género y ética.

ü  La pseudo participación a la que nos enfrentamos al intentar contribuir en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género y generacional en un mundo principalmente adulto céntrico.

Ante semejante panorama no nos quedamos de brazos cruzados. Desde nuestras organizaciones juveniles:

ü  Contribuimos a la generación de proyectos productivos a partir de micro emprendimientos.

ü  Acompañamos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y estructural.

ü  Promovemos la capacitación juvenil en educación sexual desde una perspectiva integral y responsable.

ü  Generamos espacios de participación juvenil para la incidencia en las políticas públicas que busquen la garantía de sus derechos.

Sin embargo, somos conscientes que las acciones deben ser integrales y coordinadas, no sólo de las OJBF. En este sentido, Estado y sociedad civil deberían actuar coordinadamente para:

Ø  Promover la participación ciudadana que contribuya a la construcción de una cultura política democrática

Ø  Estimular el trabajo mancomunado de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado

Ø  Reducir las desigualdades sociales en consonancia con los ODM”.