El Gobierno español decretó la expulsión de un ciudadano uruguayo que fue detenido por la Policía de Vigo en un control de rutina, cuando regresaba del trabajo. Según su relato, la Cancillería no ha ofrecido respuestas para resolver su situación, consignó este lunes 29 de enero de 2007 el diario La República (www.larepublica.com.uy)

Bajo la firma del corresponsal en Colonia, Gabriel Monteagudo, se expresa que «Marcelo Javier Britos Cabrera es uno de los muchos uruguayos que en los últimos años decidieron probar fortuna en España, afrontando los riesgos que corren los inmigrantes ilegales en cualquier país europeo.

Emigrado hace poco más de dos años, su estadía legal ya había caducado cuando, en un proceso de rutina, la Policía de Vigo, ciudad donde residía, le pidió que mostrara sus documentos.

Al verificar su situación ilegal, pronto se iniciaron los trámites de expulsión del país. Como resultado, Marcelo no podrá ingresar a España ni a ninguna otra nación integrante de la Unión Europea por un mínimo de tres años y un máximo de diez.

El jueves, enterado de la noticia, el compatriota tuvo un pico de estrés que lo llevó directo al hospital de Vigo. Mientras se recupera, se apronta a resistir firmemente en territorio español, a donde fue a forjar su futuro. «Voy a resistir, aunque estoy decepcionado. Es increíble que nuestro Gobierno no tenga un servicio de apoyo legal para los uruguayos que nos encontramos en situaciones como ésta», sostuvo.

Desde que en los últimos años miles de uruguayos optaron por viajar a tierra ibérica buscando una nueva vida, historias como las de Marcelo se han reiterado. Todos los involucrados coinciden en que se los ha tratado con desprecio, y que no ocurría lo mismo en el Uruguay próspero de las primeras décadas del siglo XX, cuando eran los españoles quienes viajaban a América huyendo del hambre y la guerra.

El Eco pudo acceder al documento de expulsión dictado por la subdelegación del Gobierno de Pontevedra, notificando a Marcelo Britos el pasado 22 de enero en la comisaría de Vigo, España. En dos carillas fechadas el 28 de diciembre pasado se señala: «Esta subdelegación del Gobierno de Pontevedra, en base a las consideraciones hechas, ha resuelto expulsar por un período de tres años al ciudadano de Uruguay don Marcelo Javier Britos Cabrera».

A la vez se informa al interesado que la prohibición de entrada que se establece como consecuencia de la medida de expulsión «se extiende no sólo al territorio español, sino también a los territorios de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia», en virtud de lo previsto en el artículo 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. Asimismo, el decreto de expulsión establece que la misma «conllevará en todo caso la extinción de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado».

Resistiré

Marcelo Britos Cabrera es uruguayo, tiene 33 años y trabajaba como marinero hasta que en 2004, acosado por las deudas, siguió a dos gallegos que le prometieron que en su país conseguiría lo que en Uruguay le era esquivo. Sin embargo, su permanencia legal en el país terminó sin que pudiera concretar un acuerdo de trabajo. «Justo después de que llegué endurecieron las leyes de inmigración y no pude conseguir un buen trabajo. Mis amigos gallegos se portaron muy bien y me ayudaron, pero no podían hacer nada más, así que comencé a trabajar en cualquier changa que saliera. Así fui sobreviviendo porque no quería volver a Uruguay», contó a El Eco en una extensa conversación telefónica desde Vigo, su ciudad adoptiva.

Todo transcurría con viento a favor y, aunque no tenía documentos de residencia, los trabajos ocasionales le alcanzaban para ir tirando. Compartía el apartamento en que vivía con otro uruguayo que ­con sus papeles en regla­ también le dio una mano. Así vivió Marcelo hasta que un día la suerte no lo acompañó, y al regresar de su trabajo lo detuvo la Policía en un control de rutina. «Fue el 20 de noviembre», recuerda Marcelo. «Me pidieron papeles y lo único que tenía era el pasaporte. Me detuvieron y después me iniciaron los trámites de expulsión».

Marcelo sintió que las puertas de España se cerraban para él. Pese a que lo recibieron bien, en la Embajada uruguaya en Madrid su situación no se resolvió. «Como no tengo abogado, el proceso siguió adelante», se queja Marcelo. «Viví estos meses con incertidumbre y ahora que me notificaron la expulsión no sé qué hacer».

No obstante, hay una cosa en la que insiste: «Voy a resistir, porque tengo derecho a buscar una vida mejor. Estuve internado por un pico de estrés y tengo los nervios a flor de piel, pero no bajo los brazos», aseveró.

Los caminos a seguir

Marcelo se muestra insatisfecho con que él y otros compatriotas tengan que enfrentar este tipo de vicisitudes en España: «Los gobernantes uruguayos, el canciller, por ejemplo, prometieron ayuda para los uruguayos, pero acá no hay nada. Al cónsul le mandé mi caso por fax; me trató muy bien, pero nada más. Acá, si no tenés dinero para pagar un abogado, estás jodido», sentenció, mientras señalaba que se entrevistaría «con un abogado de la organización humanitaria Caritas» para que lo ayudaran a recusar el fallo. Marcelo aún puede intentar quedarse: al final del documento recibido se establece que si bien la resolución «pone fin a la vía administrativa», cabe interponer un recurso de reposición «ante este Organismo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación». La otra opción con la que cuenta es «interponer un recurso contencioso administrativo ante el juzgado de Pontevedra, con dos meses de plazo desde la notificación de expulsión».

En cualquier caso, el uruguayo está decidido: ‘Yo la voy a seguir peleando’».