Buenos Aires, Un juez argentino decidió que no va a citar a indagatoria a los ecologistas que bloquearon durante casi cuatro años un paso a Uruguay en protesta por la instalación de una papelera porque considera que no eran conscientes de la ilegalidad de la medida, según un fallo que reproduce hoy la prensa local, informó la agencia EFE el sábado 3 de julio.

El juez federal Gustavo Pimentel aceptó la querella presentada a comienzos de junio por el Gobierno de Cristina Fernández, pero no va a citar a declarar a los ambientalistas porque «se vislumbra un déficit de conciencia en la realización de ilícito, lo que les impidió comprender la criminalidad del acto», según el fallo.

El magistrado va más allá y afirma que el Gobierno es también responsable de la continuidad de la medida que los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú llevaron a cabo desde fines de 2006 hasta mediados de junio de este año.

El grupo de ecologistas argentinos cortó durante casi cuatro años el puente fronterizo San Martín, que lleva a la uruguaya Fray Bentos, donde se ubica la planta papelera de la finlandesa Botnia (hoy UPM) en la orilla oriental del río Uruguay, de administración compartida. Pero, a mediados de junio de este año levantaron por 60 días el corte.

«Si se tiene en cuenta, durante el tiempo que medió el corte de ruta, el contexto social imperante, la ausente actividad prevencional, la opinión jurídica de la representación estatal ante organismos internacionales, es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaron adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho», añade Pimentel en el fallo.

No obstante, da por advertidos a los ambientalistas en caso de que cumplidos los 60 días decidan volver bloquear el paso internacional, como ya han amenazado, si no se cumplen sus reclamos para que los Gobiernos de los dos países lleven a cabo un control interno de la planta.

La instalación de la planta en la ribera oriental del río Uruguay desató el mayor conflicto en décadas entre ambos países.

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sentenció en abril que aunque Montevideo violó el tratado de administración compartida del río no hay pruebas de que la planta contamine, por lo que no ordenó su desmantelamiento pero sí instó a ambas partes a hacer controles conjuntos del curso fluvial.

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibirá este martes a los ambientalistas para establecer con ellos el primer contacto desde su reciente toma de posesión y dialogar sobre la solución al conflicto.

La ambientalista Paola Robles afirmó hoy a Efe que en el encuentro reiterarán sus reclamos y escucharan las propuestas del canciller, pero que si no se cumplen sus pedidos reanudarán las medidas de fuerza.

Fuente: Agencia EFE.