El Partido Nacional emitió una declaración ante sucesos acontecidos en la empresa Dancotex S.A y emitiendo su punto de vista al respecto. Textualmente el pronunciamiento expresa lo siguiente:

«Ante los hechos de notoriedad, acontecidos en la jornada de ayer en la planta de la empresa Dancotex S.A., los abajo firmantes, representantes del Partido Nacional en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, y en nombre de la bancada parlamentaria, Declaran:

I) Que en la ocasión mencionada se produjo una evidente lesión del estado de derecho, en virtud de haberse resistido la actuación del Poder Judicial, al que se le impidió el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus cometidos, por la vía de la presión y las amenazas;

Que el uso de la fuerza, no legitima los derechos, sino que el sometimiento de todos a las resoluciones de la Justicia, son la plena garantía de todos los ciudadanos.

II) Que, mas allá de considerar la ocupación de los lugares de trabajo una actividad carente de legitimidad por no estar prevista a nivel constitucional, el episodio agrava su ilicitud por implicar, adicionalmente, una violación a la independencia y a la autoridad de la Justicia, demostración de lo cual es la presentación de una denuncia penal, ante otra Sede, por parte de la juez actuante;

III) Que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo, atento al cometido de mantener el orden en lo interior que le encarga la Constitución de la República, y en su condición de auxiliar del Poder Judicial, debió asegurar la ejecución de las decisiones de éste, realizando el desalojo de fábrica de inmediato;

IV) Que las precedentes apreciaciones son absolutamente independientes del conflicto laboral que sirvió de telón de fondo a la situación que se denuncia y, por tanto, no suponen tomar partido por ninguna de las posiciones que con motivo del mismo están en pugna;

V) Que el Partido Nacional ha sido como lo indica su historia desde su fundación misma y marcado por su divisa el «Defensor de las Leyes», así como el promotor de los derechos de los trabajadores de lo que dan testimonio las leyes dictadas por el gobierno de Oribe, así como los proyectos de ley de Herrera y Roxlo desde hace mas de un siglo.

Firman los diputados Pablo Abdala, Alvaro Delgado y Pablo Iturralde.