DECLARACIÓN PÚBLICA.
En virtud de la aprobación del proyecto de nueva “Ley de Medios” en el Plenario de la Cámara de Senadores el día 14 de mayo de 2024, con carácter de “grave” y “urgente” el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (CEICo – FIC) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación (ADUR-FIC), DECLARAMOS NUESTRA MÁS FIRME OPOSICIÓN:
- A este tipo de atropellos legislativos que atentan contra las mejores prácticas democráticas, siendo un Proyecto de Ley que cuenta con numerosas críticas de organismos internacionales expertos en libertad de expresión y comunicación.
- A los cambios legislativos que atentan contra el derecho humano fundamental de libertad de expresión, consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, estableciendo mecanismos de control y censura.
- A este tipo de cambios, que son a medida de unos pocos y afectan el patrimonio y la soberanía nacional de todos/as.
- A las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias.
- A los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentan contra la pluralidad y la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios vigente.
- A las medidas que afectan a Antel, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología.
POR TODO LO EXPUESTO, RECHAZAMOS:
- Los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad, la transparencia, que eliminan mecanismos de control social, y que suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios (particularmente la CHASCA), dando el poder de tomar decisiones discrecionales al Poder Ejecutivo.
- El desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país.
- Que se legisle atendiendo intereses de unos pocos, en detrimento de todos, atentando contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
- Que se afecte el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campañas políticas y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación en el contexto de campaña electoral.
- Que el Estado garantice recursos que le son propios para favorecer a los grandes medios de comunicación. VI. Que se desconozca la voluntad popular en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional y de nuestra Antel, empresa pública y estatal.
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