Durante el debate de este miércoles 1° de la Ley de Urgente Consideración en el plenario de la Cámara de Representantes, el diputado Gerardo Amarilla (Partido Nacional), fue uno de los mayores defensores de la norma, considerando que es “una ley justa y popular, bendecida desde su origen por el mandato popular expresado inequívocamente en las urnas”.
Para Amarilla “la LUC, además de ser un proyecto popular y justo es una herramienta que nos dio la oportunidad de que en este parlamento nos diéramos lugar para el debate sobre política mayor y el plano ejercicio de la democracia”.
“La LUC fue un compromiso de campaña, primero del actual Presidente de la República y del Partido Nacional que lo llevaba como candidato presidencial. Luego fue también esta herramienta un compromiso de la coalición de partidos políticos que apoyaron la candidatura que triunfó en el mes de noviembre”, agregó.
Por ello, “una vez producido el triunfo, un vez escuchado el veredicto popular, la LUC ya pasa de ser sólo un compromiso de campaña para constituirse como mandato de la ciudadanía a los gobernantes electos. Se transformó en una herramienta que fue bendecida por el pueblo, que fue encomendada a los gobernantes por la soberanía popular.”
Amarilla recordó que “en el mes de enero, nuestro Presidente de la República transformó a la LUC como el ante proyecto que tuvo la mayor discusión pública de los últimos tiempos, con la más amplia y transparente difusión en todos los ámbitos de la sociedad para escuchar a todas las voces y recibir el aportes de todos”.
En el mes de abril, “el proyecto ingresa formalmente a la Asamblea General y plantea una discusión de fondo sobre temas que consideramos fundamentales”.
A su entender, plantea una discusión de fondo que enriquece el debate político y que incluye temas sobre:
“Seguridad: Normas penales, sobre proceso penal, profesional policial, estupefacientes, adolescentes infractores, privados de libertad, política criminal y penitenciaria, prevención y represión de violencia en espectáculos, protección de la soberanía del espacio aéreo.
Tema vinculado a la secretaría de inteligencia estratégica del Estado.
Temas vinculados a la Educación, Economía, Empresas públicas, BROU, fondo de estabilización energética, libertad financiera, promoción de la micro y pequeñas empresas, autorización de operaciones financieras, mercado del petróleo crudo y sus derivados, régimen jurídico de la URSEA y URSEC, control de las SSAA propiedad de entes autónomos y servicios descentralizados, transparencia en la información de los EEAA, SSDD y sociedades comerciales vinculadas.
Normas sobre la eficiencia del Estado, creación del Ministerio de Ambiente, Agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas, normas sobre la contratación administrativa, creación de la agencia reguladora de compras estatales, fortalecimiento del servicio civil, normas sobre el reclutamiento y selección de funcionarios, adecuación organizativa de la administración central eficiencia administrativa del sector portuario, sistema de participación público privada y concesiones.
Temas vinculados al sector agropecuario como el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Nacional de carnes, modificaciones al Código Rural, creación del Instituto Nacional de la Granja y el Instituto Nacional de Bienestar Animal.
Normas sobre las relaciones laborales como la Libertad del Trabajo y la Seguridad Social, Normas sobre Desarrollo Social y Salud, mejora al régimen de adopciones, creación de la agencia de evaluación y control de medicamentos, así como recursos para financiar tratamientos de alto precio.
Normas para el fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, un régimen de arrendamiento sin garantías y ampliación del ámbito de Mevir.
Normas referidas a la libre circulación, portabilidad numérica y el sistema nacional de áreas protegidas”.
Amarilla manifestó que “estos son los temas que proponemos desde la colación de Gobierno, con el respaldo popular, con el mandato ciudadano”.
Sobre la necesidad de los temas o la definición de que temas son los adecuados o no de incluir en esta Ley de trámite urgente, según Amarilla, la pregunta que surge es: “¿cómo se define?, ¿quién lo define?”
“Podríamos definirlos por una minoría o vanguardia iluminada, ahí está aquello de quienes se creen los verdaderos representantes del pueblo o de los intereses populares, quienes se creen los intérpretes de los intereses o voluntad del pueblo. O podemos definirlo de acuerdo a las reglas básicas de una democracia, lo definen las mayorías y de acuerdo a la representatividad popular expresada en la institucionalidad republicana que surge de las urnas”, evaluó.
El representantes por Rivera, dijo: “no tenemos ninguna duda que el camino para definir qué temas deben estar en este proyecto de ley es la Democracia, la nación expresada como lo dice la Constitución en forma directa a través de la elección e indirecta a través de los órganos representativos. Nada más lejos decir que el gobierno acompañado por un partido de oposición vota esta ley en soledad, nunca más acompañados que por el pueblo que nos votó y nos mandató”.
Por ello, es “una ley justa y popular, bendecida desde su origen por el mandato popular expresado inequívocamente en las urnas. Sin perjuicio de la legitimidad de las mayorías, el proyecto no vino cerrado, no vino hermético”.
Valoró que “se concibió el proyecto de LUC como proyecto de ley abierta, para ser enriquecida, mejorada y de hecho recogiendo aportes desde los diferentes partidos políticos representados en el parlamento, tanto de la coalición del gobierno como de la oposición así como desde la sociedad civil. Tal es así que muchos artículos fueron modificados, tal vez la mayoría”.
Entendemos que este debate abierto, “fortalece la democracia, afirma el efectivo ejercicio del parlamento como ámbito de dialogo, de discusión, de acuerdo y de definiciones políticas de un poder del Estado”.
Puntualizó que “esto no lo decimos como una mera formalidad. No lo decimos como una mantra repetitiva, lo decimos porque hemos estado en este parlamento, en otros periodos, viendo pasar el calendario, días y semanas, donde se reducía al parlamento para votar nombre de escuelas o realizar homenajes o sesiones conmemorativas”.
Participamos de algunos cruces –aludió- “donde se reclamaba aquí un debate profundo, pero nunca llegaba ese momento. En alguna rendición o debate de alguna ley polémica, nos generábamos algún debate lleno de reproches que terminaba en los años 90, felices para algunos o tristes para otros, o se llevaba más allá y terminábamos en análisis del fin del sistema capitalista o en la experiencia de la Unión Soviética”.
“Ese papel secundario del Parlamento en el debate público, esquivando el debate de los temas importante y permitiendo que los mismos se llevaran en otros ámbitos, deriva en una pérdida en valoración de la institución en la ciudadanía”, añadió.
Como consecuencia “no es casual que hay una pérdida en la imagen positiva del parlamento, de los partidos políticos y de la democracia desde el 85 para acá”.
“Sin duda que se me dirá que es un proceso en todo el continente. Los datos en América Latina, así lo reflejan. Que los parlamentos o los congresos, junto a los partidos políticos, cierran la lista con el peor índice de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Nos preocupa que eso también pasa en Uruguay”, dijo.
Para Amarilla “este proyecto de ley y este debate que se da legítimamente el Parlamento, es una forma de revertir este proceso. Es la oportunidad de debatir temas de fondo y de tomar resoluciones sobre los mismos, como una forma de dar respuesta al pueblo sobre problemas que lo aquejan, problemas que están presentes en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y que se postergan abordajes, muchas veces favoreciendo el agravamiento de los mismos”.
“Debatir sobre temas de fondo, volver a centrar los debates públicos en el parlamento, abrir los proyectos y que no vengan herméticamente definidos por una mayoría que avasalle la minoría, es una forma de revertir este proceso y fortalecer la democracia”, expresó.
Según el legislador blanco “es también darle un énfasis especial a la función esencial del parlamento, como poder legislativo, legislar, dictar normas generales y abstractas que regulen la convivencia social, que favorezcan la gestión pública para que sirva a la sociedad”.
Reivindicó que “el período de Gobierno, que comienza con la XLIX Legislatura, analice, discuta, debata, modifique y finamente apruebe una norma de esta significativa importancia, es una forma de fortalecer la democracia”.
“Por eso celebramos este debate, celebramos esta discusión, celebramos esta manera de generar las discusiones públicas en el marco de la institucionalidad constitucional”, agregó.
Según Amarilla “esta ley, además de dar herramientas al gobierno para mejorar su gestión y ser más eficientes en sus cometidos, otorgar más libertad a los ciudadanos y por sobre todo ha sido una oportunidad de que el sano debate que fortalece la democracia y el rol principal de este Parlamento se haya instalado nuevamente con vigor en esta casa”.
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