Proyecto: El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay – 2024.
El proyecto se desarrolló de enero a septiembre de 2024 gracias al apoyo del Fondo de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UNPRPD, por sus siglas del inglés).
La iniciativa fue llevada adelante por el Sistema de Naciones Unidas de Uruguay, bajo la implementación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA1 ). El diseño y publicación del presente informe se realiza con el apoyo de la Oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Coordinadoras del proyecto: Renata Scaglione y Tatiana Vasconcelos Apoyo técnico: Juan José Meré, Asesor VIH/Estrategia No dejar a nadie atrás, Fondo de Población de las Naciones Unidas; Ana Artigas y Freddy Silva, Área de Comunicación, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Autor: Francisco Terra Padrón
Resumen ejecutivo
El informe acerca del Análisis Situacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad en Uruguay 2024, es una más de las líneas estratégicas, junto con la Formación y la Abogacía y Comunicación, del proyecto por el “El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad”, una iniciativa conjunta del Sistema de las Naciones Unidas, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (UNPRPD). Desde 2018, todas las actividades de este proyecto están orientadas al logro de avances concretos en materia de implementación de la Convención de las Personas con Discapacidad en Uruguay y se realizan en articulación y coordinación con la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Comisión Honoraria de la Discapacidad, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Uruguay (en adelante La Alianza) y otras instituciones y organizaciones relacionadas con el trabajo en derechos de las personas con discapacidad.
En este marco, el desarrollo de la investigación sigue la metodología propuesta por la PRPD (2021), analizando las cinco precondiciones previas (Igualdad y no discriminación, Servicios inclusivos, Accesibilidad, Presupuesto inclusivo para la discapacidad y Gobernanza y rendición de cuentas) y los tres enfoques transversales (Participación de personas con discapacidad, Inclusión de grupos con menor representación e Igualdad de género), necesarios para el ejercicio de sus por derechos por parte de las personas con discapacidad en distintos contextos. En materia metodológica, en el caso de Uruguay, a las tradicionales técnicas de revisión documental, realización de entrevistas a actores clave y análisis de datos provenientes de fuentes secundarias, se sumaron especialmente para este informe, dos innovaciones metodológicas importantes, que realzan el valor de los hallazgos y potencian la viabilidad de las recomendaciones. 10 Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad Por un lado, se llevó a cabo una encuesta a todas las personas que participaron del Ciclo de Formación sobre el Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, realizado en Uruguay en el mes de junio de 2024, obteniendo 268 respuestas1 . El 20% de quienes respondieron las encuestas manifestaron ser personas con discapacidad y el 64% manifestó pertenecer a una organización de personas con discapacidad o ser familiar. A su vez, más del 50% residen en el interior del país y el resto en la ciudad de Montevideo, mientras que el 79% son de sexo femenino y 21% del masculino. Por otro, se realizó una identificación de todas las personas con discapacidad registradas en el Sistema Integrado de Información del Área Social , lo cual permitió obtener un importante caudal de información sobre el volumen y las características de las personas con discapacidad en el país, pero también sobre su acceso a distintas prestaciones y sus logros en materia educativa y laboral.
Un detalle interesante de esta fuente es que, además de tener identificadas a las personas y permitir la planificación de distintas acciones, en el caso de los menores de 30 años, las estimaciones de personas con discapacidad a partir de la integración de registros administrativos son incluso mayores que mediante las fuentes secundarias disponibles en Uruguay, como el Censo o las Encuestas específicas. A pesar de no seguir un criterio de representatividad estadística, la encuesta permite reunir, mapear, cuantificar y comprender las opiniones de un conjunto amplio y calificado de actores estratégicos y con un fuerte interés en la temática (personas con discapacidad, representantes de organizaciones, personas que trabajan en el sector y familiares de personas con discapacidad). Las preguntas enviadas a los participantes tienen que ver con las áreas clave para garantizar derechos, las principales demandas de las personas con discapacidad, las brechas más importantes en materia de accesibilidad, los servicios de apoyo que faltan, qué se debe hacer para mejorar la participación y cuáles son los grupos de personas con discapacidad más marginados. El análisis de las encuestas aplicadas para la elaboración de este informe supone una fuente de datos inédita y muy valiosa para profundizar en cómo lograr que en el Uruguay las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como también para lograr que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones.
El informe completo con la metodología y los resultados de la encuesta, a las personas con y sin discapacidad que participaron de la capacitación sobre derechos, se presenta en el Anexo I.
El informe completo con la metodología y los resultados de la encuesta, a las personas con y sin discapacidad que participaron de la capacitación sobre derechos, se presenta en el Anexo I. Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 11 Las mismas preguntas que se enviaron a las personas que participaron del curso fueron las que guiaron la revisión documental, las entrevistas en profundidad y el análisis de datos. A continuación se presentan los principales resultados del estudio. En cuanto a la capacidad de los actores involucrados y los mecanismos de coordinación, el informe identifica un amplio consenso alrededor de la idea de que Uruguay aún no ha encontrado una institucionalidad clara y potente para avanzar en el logro de los mandatos que plantea la Convención.
En este sentido, si bien la integración de las direcciones de discapacidad y cuidados, mediante la creación de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad en la última Ley de Presupuesto, tiene el potencial de generar una mejora en la coordinación entre estas políticas, este cambio, si bien es defendido por las autoridades, a criterio de las organizaciones no deja de ir en el sentido contrario al de otorgar una mayor jerarquía a las políticas específicas dirigidas hacia las personas con discapacidad, tal como lo reclamaron en su informe alternativo y lo recomendó el Comité al Estado uruguayo en 2016. A su vez, la doble función de la CNHD, encargada tanto del desarrollo de las políticas para el cumplimiento de la Convención como de su seguimiento, es vista por la mayoría de los actores como una situación de conflicto de intereses y una debilidad institucional a superar. Por otra parte, las expectativas en cuanto a las denuncias y el seguimiento independiente están puestas en el despliegue del Mecanismo de vigilancia y monitoreo de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se culminó de reglamentar en este periodo, es percibido como un gran avance para la abogacía y la participación de las personas con discapacidad y tiene todo listo para comenzar a funcionar. Asimismo, los propios problemas de accesibilidad e inclusión que presenta el país son un factor de debilidad importante para las organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad y una limitación significativa que experimentan a la hora de participar. En materia de igualdad y no discriminación, el contexto legislativo y político que presenta el Uruguay es el de una aparente contradicción entre un desarrollo relativamente completo en materia de normativa por los derechos de las personas con discapacidad y, la vigencia de un importante conjunto de mecanismos de discriminación, los cuales sostienen brechas considerables entre las condiciones de vida de las personas con y sin discapacidad en el país. 12 Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad A nivel de la normativa, con la aprobación de la Convención en 2008 y la ley de protección integral de las personas con discapacidad en 2010, las normas del país manifiestan expresamente su propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad sin distinción.
En ese marco, se les reconoce especialmente el derecho: al respeto a su dignidad humana, a disfrutar de una vida decorosa lo más normal y plena posible, a la adopción de medidas que le permitan lograr la mayor autonomía, a la salud, la educación, la adaptación y readaptación profesionales y su inserción laboral, a la seguridad económica y social, a un nivel de vida decoroso y a la vivienda, a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto, a ser protegido contra toda explotación, todo trato discriminatorio, abusivo o degradante, al beneficio de asistencia letrada competente cuando sea indispensable para la protección de su persona y bienes. A su vez, en 2024 se lograron importantes avances legales para las personas con discapacidad en Uruguay. Por un lado, se aprobó en setiembre un baremo único para la valoración de la discapacidad. Y por otro, en julio se presentó el proyecto de ley que, en cumplimiento del art. 12 de la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad, implica la modificación del régimen de incapacidad jurídica que rige en nuestro país, y su sustitución por el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el establecimiento de un sistema de apoyos y salvaguardias para la toma de decisiones, cuando se requiera.
Sin embargo, más allá de los avances normativos, a lo largo del estudio se observan en el país importantes brechas entre las personas con y sin discapacidad, en el acceso a servicios y dimensiones clave del bienestar como la educación, la salud, el empleo, el transporte, la información y la participación, entre otras. Además, el contexto político no da señales claras de tomar el tema de la discapacidad como una prioridad y de hacerlo en el sentido que lo marca la Convención.
En este sentido, es necesario poner de relieve que, en los hechos, aún no se han modificado ninguno de los términos peyorativos que existen en la legislación, las políticas y los programas públicos, y que fueron utilizados como ejemplos por parte de las organizaciones que realizaron el informe alternativo en 2016. En materia de accesibilidad, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar la vigencia de las preocupaciones y recomendaciones del Comité para Uruguay, en cuanto a la “ausencia de una accesibilidad plena para las personas con discapacidad en el transporte, el entorno físico, la información y la comunicación, abiertos al público, principalmente en el interior del país”. Así como también, “la inexistencia de un órgano nacional que se ocupe de supervisar y sancionar el incumplimiento de los estándares de accesibilidad”. Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 13 En materia de transporte, los avances son puntuales y limitados en ciudades, trayectos, horarios y capacidad. En comunicación y acceso a la información, los avances también se encuentran limitados a contenidos o públicos específicos. En este sentido, la persistencia y publicidad de las iniciativas puntuales para el traslado de personas con discapacidad, los argumentos para limitar la gratuidad del transporte a las personas con discapacidad más pobres y la promoción de iniciativas en donde cada organismo público define y propone cuáles son las acciones que va a realizar para mejorar su accesibilidad, muestran las dificultades para asumir e implementar un plan profundo y sistemático para que los espacios y la información alcancen una accesibilidad universal, o al menos, se vayan transformando en esa dirección.
Al ser consultadas acerca de ¿cuáles son las brechas más importantes en la accesibilidad que persisten en la actualidad?, las personas con discapacidad entrevistadas pusieron a la información en primer lugar. Las referencias a la información tienen que ver con los prejuicios, el estigma, la ignorancia, la discriminación, la falta de empatía y las barreras culturales y actitudinales en relación en relación al tema, todas ellas, debidas a la falta de información, conocimiento y comunicación adecuados con respecto a los derechos y la situación real de las personas con discapacidad. A su vez, varios entrevistados consideran que la brecha mayor se da en las distintas concepciones con relación al tema de la discapacidad, entre quienes mantienen una visión centrada en las carencias y la carga que suponen para el resto de la sociedad, y quienes pueden apreciar el potencial desarrollo de una sociedad accesible y sin barreras. Un aspecto relevante de esta brecha es el hecho de que, de alguna manera, además de ser la dimensión con más menciones, la misma sirve como explicación para comprender el resto de las brechas en términos de accesibilidad. En lo que respecta a los sistemas de valoración y registro de la discapacidad, todos los actores consultados coincidieron en señalar el significativo avance que supone la aprobación en setiembre del presente año, del proyecto de ley para establecer un baremo único de evaluación de la discapacidad. Se espera que este baremo único contribuya en la reducción de la complejidad que supone en la actualidad la valoración para el acceso a las prestaciones públicas gestionadas por distintos organismos y en base a, por lo menos, seis instrumentos diferentes. A su vez, el hecho de que muchos de los instrumentos vigentes sigan anclados en una visión clínica o médica de la discapacidad, genera que el cambio que establece la ley, incluyendo una adecuación conceptual al enfoque Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad de derechos, trascienda la simplificación de los trámites y mejore las oportunidades de acceso a prestaciones para algunos de los grupos que históricamente se han visto menos representados, como, por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial.
Más allá de que se mantienen las expectativas generadas, la presente investigación identificó que las organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad sostienen una preocupación por varios aspectos clave de la implementación del baremo único que fueron planteados durante su proceso de elaboración. En este sentido señalan el hecho de que la ley no estableció cómo se hará la capacitación de las personas que valoren, de dónde salen los recursos para afrontar estas actividades, cuáles son las reglas para el acceso a cada una de las prestaciones y cómo se resuelven los históricos problemas de articulación entre organismos con intereses y visiones diferentes. Estos aspectos se están trabajando en el Consejo Asesor de Expertos, que luego se recogerán en un informe para su aprobación por el Poder Ejecutivo que dará lugar a una reglamentación para su implementación. En materia de servicios de apoyo específicos para la discapacidad, el estudio encuentra que el temprano desarrollo del Estado de Bienestar en Uruguay, consolidó a las transferencias monetarias y los servicios de internación residencial como las principales respuestas que ofrece el país para las personas. Sin embargo, más allá de tratarse de servicios importantes para las personas con discapacidad, el país presenta importantes dificultades para desarrollar otros tipos de servicios, más centrados en los apoyos en la comunidad y las estrategias de habilitación y rehabilitación. Con un esquema de transferencias monetarias consolidado y con relativa potencia frente a los disponibles en otros países de la región, por más que estén claras las recomendaciones del Comité y los mandatos de la Convención, Uruguay no logra avanzar de manera significativa en la desinternación de las personas con discapacidad que residen en alojamientos de 24 horas, ni en el desarrollo de programas universales de asistencia personal o el acceso masivo a ayudas técnicas, que no dependan de la capacidad de pago de las familias y las reglas de mercado. En materia de servicios inclusivos, la investigación muestra que la Educación es la principal preocupación de todos los actores involucrados, y también, el área clave que las personas con discapacidad identifican a mejorar para garantizar sus derechos y vida digna en el país. Los datos muestran que, en el Uruguay, continúan existiendo importantes brechas en la matriculación, asistencia y logros educativos, entre las personas con y sin discapacidad. Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 15 Entre las interpretaciones que los actores involucrados hacen de este fenómeno hay dos que se destacan: una transición inconclusa entre el paradigma de la educación especial y el de la educación inclusiva, y los efectos duraderos de los gestos de discriminación que sufren las personas con discapacidad y sus familias en los centros educativos, desde los gestos más pequeños hasta la negación del acceso. Sin embargo, más allá de los distintos énfasis y posturas, todos coinciden en señalar que la educación es la primera prioridad en las transformaciones para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y que la educación inclusiva es el camino correcto a seguir.
En cuanto a los servicios de salud, las fuentes consultadas coinciden en plantear que la accesibilidad universal de los servicios, la formación de los profesionales, la disponibilidad de medidas de habilitación y rehabilitación y el acceso a la salud sexual y reproductiva, son los aspectos más desafiantes que enfrenta el Uruguay para el cumplimiento pleno de los mandatos de la Convención. En materia de accesibilidad se reconocen las barreras físicas, actitudinales, comunicacionales y de la información presentes en los distintos servicios de salud y se considera que la guía de “Recomendaciones para el trato y una atención adecuada de las personas con discapacidad, en los servicios de salud”, elaborada por un amplio grupo de profesionales e incluyendo la opinión de las organizaciones, podría ser un siguiente paso en la dirección de garantizar el derecho a la salud. A su vez, tanto en relación a los procesos de habilitación y rehabilitación como al abordaje de las temáticas de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, sendos estudios muestran importantes brechas de atención y abordajes tanto inadecuados como insuficientes.
Trabajo y empleo
En materia de trabajo y empleo, con excepción de un pequeño incremento en el porcentaje de ingreso de personas con discapacidad al Estado (llegando a 0,99% en 2023 cuando la Ley establece una cuota del 4%), cuando la Ley establece una cuota del 4%, tanto las autoridades públicas como los representantes de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, coinciden en señalar la persistencia de las dificultades para el acceso al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población. En base a los datos del SIIAS, se logró constatar que, en promedio, apenas un 7% del universo de personas con discapacidad entre 15 y 59 años se encuentra formalmente inserto en el mercado de trabajo. A su vez, la inserción laboral formal de las personas con discapacidad alcanza su máximo porcentaje entre los 25 y los 29 años de edad (23%), para luego descender rápidamente en los siguientes tramos, a diferencia del resto de la población, que crece de manera sostenida hasta los 35 años y se mantiene en su máximo hasta los 59 años.
Por último, según la encuesta realizada a las personas con discapacidad, la posibilidad de acceder a un trabajo es Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad la principal demanda identificada por las personas con discapacidad en Uruguay. Más de la mitad de las personas con discapacidad entrevistadas está de acuerdo con esta idea (51,9%). En cuanto a la protección social, a pesar de que Uruguay posee un Estado de Bienestar amplio y consolidado, con buenos niveles de prestaciones y que incluye a la discapacidad como uno de los riesgos a cubrir, diversos estudios han señalado la alta proporción de personas con discapacidad que vive en condición de pobreza. Entre las explicaciones para el fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza que se observa en Uruguay se pueden identificar factores como los altos costos de la discapacidad que recaen en los hogares, los bajos niveles de logros educativos entre las personas con discapacidad, los serios problemas de accesibilidad y movilidad urbana y la baja participación o precaria inserción en el mercado laboral. Además, ante la falta de los apoyos necesarios, esta situación se agrava afectando al resto de los miembros del hogar en su inserción laboral y educativa, y reduciendo aún más las posibilidades de evitar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Por otra parte, si bien la falta de presupuesto es el principal argumento que manejan todos los actores consultados para explicar las carencias de las políticas públicas que desarrolla Uruguay en materia de discapacidad, hasta el momento el país no tiene una medida oficial que permita saber cuál es la inversión que se realiza, cómo ha evolucionado, cuáles son los principales rubros y, sobre todo, cuántos recursos adicionales se precisan para adoptar de manera cabal el enfoque que plantea la Convención. Más allá de la falta de información discriminada y que permita hacer un seguimiento público de las inversiones destinadas a ellas, existe un amplio consenso acerca de que las personas con discapacidad no tienen ninguna participación ni ámbito de incidencia relevante para definir los destinos y prioridades de estos recursos.
En materia de rendición de cuentas, las expectativas están colocadas en el nuevo Mecanismo de Vigilancia y se fundamentan tanto en la independencia como en la fortaleza institucional de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dependiente del parlamento nacional y con recursos propios. En cuanto a los sistemas de recopilación de datos y evidencia de la población con discapacidad, la inclusión de las preguntas sobre discapacidad del Grupo de Washington en el Censo de 2023, junto con el proyecto de baremo único y la experiencia de análisis de datos a través de los registros integrados en el SIIAS, marcan un panorama alentador para los próximos años, en donde los desafíos pasan más por la combinación criteriosa de las distintas fuentes existentes que por la generación de nuevas. Sin embargo, en este esquema siguen faltando algunos aspectos relevantes, Relatoria.
Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 17 como pueden ser una fuente continua de producción de información sobre las personas con discapacidad, sobre todo las que están excluidas de las prestaciones, y estudios en profundidad que identifiquen y propongan soluciones para la variedad de problemas de accesibilidad que enfrentan los distintos tipos de discapacidad en el Uruguay, en los diferentes ámbitos, así como el garantizar la participación de las propias organizaciones de personas con discapacidad en estos mecanismos de información, lo que permitiría que los mismos sean evaluados y considerados en términos de derechos humanos desde un enfoque social de la discapacidad. En lo que respecta a la participación, según las personas con discapacidad encuestadas, la falta de voluntad política es el principal obstáculo para lograr la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que les incumben. A su vez, pese a las recomendaciones realizadas por el Comité en 2016, los actores clave entrevistados no identifican avances significativos en el país. La idea de que se necesita mayor voluntad política para mejorar la participación de las personas con discapacidad, se evidencia de manera contundente en el largo listado de verbos que acompañan las opiniones de las personas entrevistadas al respecto.
Siempre hablando de lo que el sistema político debería hacer, los verbos que se repiten son: decidir, trabajar, habilitar, escuchar, dar seguimiento, convocar, involucrar, dar lugar, dialogar, negociar, integrar, dar participación, incluir, permitir, hacer parte, dar voz, pensar, hablar, construir, dar oportunidades, vincular, tener en cuenta, contemplar, motivar y empoderar. Por otra parte, según la mayoría de las fuentes consultadas y de las personas que respondieron a la encuesta, las personas con discapacidad psicosocial conforman el grupo que enfrenta las mayores barreras para la inclusión y la menor representación en los distintos ámbitos de la vida social en el Uruguay actual.
La coincidencia en esta opinión incluye tanto a las autoridades como a las organizaciones sociales y a la academia. Según las personas entrevistadas, las carencias de Uruguay en materia de atención a la salud mental, en particular, las dificultades para avanzar en la desinstitucionalización de las personas internadas, pueden ser factores que contribuyen a la baja visibilidad, el estigma y exclusión de las personas con esta discapacidad.
En otro de los ejes transversales, a la hora de analizar la igualdad de género y los derechos de las personas con discapacidad, surgen la discriminación interseccional que vivencian las mujeres con discapacidad, la mayor vulnerabilidad frente a la violencia basada en género y las dificultades que enfrentan en materia de salud sexual y reproductiva, en particular, aquellas mujeres que tienen el deseo de ejercer su maternidad.
Materia laboral
En materia laboral, el 7% del universo de personas con discapacidad entre 15 y 59 años se 18 Relatoria. Ciclo de formación sobre el derecho Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad encuentra formalmente inserto en el mercado de trabajo, oculta una brecha significativa entre los varones (9%) y las mujeres (4%). A su vez, los datos del SIIAS permiten observar que, aun contando con mejores desempeños educativos, la brecha entre varones y mujeres está presente a lo largo de toda la trayectoria vital y se torna especialmente importante en la etapa de mayor inserción (entre los 20 y los 29 años).
En materia de Violencia Basada en Género (VBG), uno de los principales hallazgos de un estudio realizado en el marco de este proyecto, es que “la expresión de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad y sin discapacidad es muy distinta en los ámbitos públicos (educativo, laboral, social y de la salud) y el ámbito privado (familia, pareja y expareja)”. La fuerte exclusión de las mujeres con discapacidad del sistema educativo y del mercado laboral, hacen que el ámbito familiar y la pareja, sean los espacios que se configuran como escenarios principales para el ejercicio de la violencia basada en género. Las fuertes barreras de accesibilidad a los entornos deja en evidencia el hecho de que, la menor prevalencia de VBG en mujeres con discapacidad3 se debe, también, a su imposibilidad de habitar los espacios públicos y de componer las actividades propias de cada etapa vital.
A su vez, la ausencia de casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo entre las mujeres con discapacidad, llevan a realizar preguntas acerca de cuál es el acceso que tienen a la información sobre esta posibilidad y, más en general, sobre las motivaciones y apoyos en torno a la maternidad en las mujeres con discapacidad. Desde una perspectiva general, todos los actores consultados coinciden en señalar que desde que se aprobó la Convención la temática de la discapacidad no ha sido incluida de manera sistemática y profunda en ninguno de los planes de desarrollo nacionales. Sin embargo, la participación de la Dirección de Discapacidad en el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), parece haber permeado a una institucionalidad en construcción, para que la discapacidad figure como un tema transversal en las guías, indicadores e iniciativas del sistema. Finalmente, el trabajo culmina con una serie de conclusiones y recomendaciones, analizando las brechas principales, las oportunidades para mejorar la inclusión de los derechos de la población con discapacidad en los planes y procesos humanitarios/de emergencia y de desarrollo del gobierno y de las Naciones Unidas y las áreas prioritarias de investigación.
El documento completo en:
Análisis Situacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Uruguay 2024