La ley 19.122 del 21 de agosto de 2013 constituyó un hito en Uruguay al reconocer que la población afrouruguaya ha sido víctima de racismo, discriminación y estigmatización desde el tiempo de la trata y el tráfico esclavista. Esta ley busca contribuir a reparar los efectos de esta discriminación histórica por medio de la aplicación de acciones afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente y, en específico, en el artículo 4 obliga al Estado a destinar el 8% de los puestos de trabajo en el ámbito público a personas afrodescendientes, que cumplan con los requisitos para acceder a ellos, a ser llenados en el año, con previo llamado público.
A 10 años de la implementación de la ley, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil presentarán el martes 23 de julio un informe en el que se analiza el cumplimiento de la ley en cuanto a la cuota laboral para población afrodescendiente en los organismos estatales.
También se presentará un informe sobre la percepción de las personas afrodescendientes en relación a las acciones que promueven su participación en los sectores educativo y laboral, realizado en el marco del Grupo de Trabajo que coordinó la INDDHH y en el que participaron el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Comité Central Israelita del Uruguay, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo, y la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas en Uruguay.