Carta Abierta de organizaciones sociales a los y las candidatas sobre los temas que nos preocupan en el marco de las elecciones 2024.
Las organizaciones abajo firmantes consideramos que el agua es el denominador común donde se reflejan los conflictos ambientales y donde se evidencian los usos no sustentables del territorio que atentan contra el equilibrio entre sociedad, ambiente y economía.
Uruguay vive una crisis sin precedentes sobre la calidad del agua disponible, con períodos de sequía e inundaciones. La gravedad de esta crisis en sus múltiples dimensiones no está siendo comprendida por el sistema político uruguayo. Es necesario que se trabaje en un proyecto de país que no solamente genere trabajo local y valor sino que lo haga con justicia social, económica y de género y además defienda las bases materiales que sustentan la vida.
No es posible el sostén y la reproducción de la vida cuando se afecta un componente básico del ecosistema como el agua. Un modelo de desarrollo, a costa del agua, carece de sentido.
Al cumplirse 20 años de la Reforma Constitucional que define el agua como un derecho humano y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a ese derecho, sin derivación a privados, nos parece de gran relevancia que las fuerzas políticas se expresen sobre los siguientes temas:
1) Un rol activo del Estado en la limitación de los monocultivos y la forestación.
Los monocultivos forestales están desplazando a otros sectores productivos. Las fábricas de celulosa utilizan millones de litros de agua dulce a diario, en forma gratuita, para diluir los contaminantes que luego devuelven a los ríos.
Los empleos que ha generado el sector foresto-celulósico han sido subsidiados por el alto coste en inversiones públicas que ha realizado el Estado uruguayo como el tren para uso por el momento exclusivo de UPM. Para lograr que este sector se desarrolle en el país también se ha flexibilizado la legislación nacional violando los derechos de la ciudadanía y no se contemplan los empleos que se pierden por la expansión del sector y lo que es peor se socializan las consecuencias ambientales, como las sequías y las inundaciones, que en parte derivan del cambio de uso del suelo.
Los monocultivos a gran escala de árboles, soja, maíz o arroz empobrecen y contaminan los suelos y los cursos de agua con el uso de agrotóxicos generando consecuencias gravísimas en la biodiversidad así como en la salud humana. Los monocultivos hacen imposible la producción orgánica, expulsando a pequeños productores, acaparando más territorio y profundizando la desigualdad social.
¿Qué planes tiene/n para limitar el monocultivo para que no se agraven sus consecuencias negativas a nivel social, ambiental y económico?
2) Necesidad de que el Estado detenga y revierta los procesos de privatización del Agua.
La Ley de Riego habilita el acaparamiento de agua impidiendo la llegada de agua de lluvia a ríos y arroyos, reduciendo el caudal de agua necesario para el desarrollo de otros sectores productivos que generan mucho más valor social que el monocultivo. Esta Ley promueve que los grandes acaparadores de tierra sean también acaparadores de agua, favorece la reproducción de la desigualdad social y la desaparición de pequeños y medianos productores y empresarios. La Ley de Riego atenta contra el derecho humano de acceso al agua.
Adicionalmente, las principales cuencas del país están comprometidas por el sistema de producción agroindustrial y los vertidos urbanos. Se encuentran sitios con contaminación de media a alta en la cuenca del Río Uruguay, en la del Río Negro, incluyendo sus subcuencas como la del Río Tacuarembó, en la del Santa Lucía y otros tributarios platenses, e incluso en las lagunas litorales del este como la Laguna Merin donde se encontraron más de 92 tipos de agrotóxicos utilizados en la producción de arroz y soja.
A pesar de estar científicamente comprobado que está disminuyendo el rendimiento hídrico natural de los acuíferos, las aguas subterráneas son extraídas del subsuelo para comercializarse como agua embotellada o para usos industriales. A esto se suma la inexplicable decisión de promover e incentivar la instalación de un mercado a gran escala de Hidrógeno Verde, que consumiría enormes cantidades de agua subterránea.
Teniendo en cuenta las consecuencias ambientales, sociales y en materia de DDHH ¿Están de acuerdo en seguir impulsando la economía a costa de tener que asegurar la apropiación del agua a inversores y grupos de poder?
3) Soluciones para que el Estado garantice el abastecimiento de agua potable en la capital y la zona metropolitana.
El Proyecto Neptuno-Arazatí es un proyecto privado que busca rentabilidad y que no asegura agua de calidad por los problemas de salinidad y presencia de cianobacterias que habitualmente presenta la cuenca del plata. De concretarse la sociedad uruguaya pagará más por agua de peor calidad, por un proyecto que sólo abastecería al 30% del consumo del área metropolitana. Este proyecto es un traspaso injustificado de dinero público a un consorcio y pone en manos de actores privados la gestión del agua en la capital de nuestro país que seguramente no será potable.
Consideramos que la solución es, por un lado, la reparación de las cañerías de la zona metropolitana otorgando a OSE un presupuesto acorde para que se ocupe de esta tarea. Por otro lado, la situación de la cuenca del Río Santa Lucía es particularmente alarmante según la información del propio Ministerio de Ambiente y numerosos estudios científicos. Las organizaciones sociales venimos señalando hace ya más de una década que esta cuenca debe declararse libre de agrotóxicos y forestación industrial y que debe implementarse un plan de restauración real de la cuenca por la importancia que esta representa en el abastecimiento de agua potable.
¿Qué planes tiene/n para restaurar el río Santa Lucía con la urgencia que amerita y limitar la producción contaminante en esta cuenca para asegurar abastecimiento de agua potable?
¿Cuáles son las medidas que se proponen para asegurar un servicio público de agua potable de calidad? ¿Consideran al proyecto Neptuno-Arazatí una solución responsable?
4) Promoción e incentivo para el desarrollo de la Agroecología.
La agroecología ha demostrado tener propuestas reales y concretas a la crisis sistémica y al cambio climático, a la vez que promueve la producción de alimentación sana, sustentable y la generación de gran cantidad de puestos de trabajo igualitarios.
Los pequeños y medianos productores, productores familiares y proyectos productivos sustentables son víctimas no solo de las sequías por falta de lluvia, sino también de la pérdida de aguas subterráneas. Además, el modelo de producción en base de agrotóxicos es incompatible con la producción agroecológica y la expansión del monocultivo afecta a la preservación de los ecosistemas regionales, así como a las economías locales.
Es urgente la necesidad de impulsar una normativa ambiental regional y un plan de transición hacia la producción agroecológica en función de esa normativa. Para ello es necesario asignar un presupuesto suficiente para el Plan Nacional de Agroecología y debe de priorizarse el uso del agua para pequeños productores y generar condiciones suficientes para el acceso a la tierra y el repoblamiento de la ruralidad.
La pesca artesanal también se ve afectada por la contaminación de la agroindustria que provoca la contaminación de los peces y la desaparición de la pesca. A esto se suma la sobrepesca con técnicas depredadoras, como la pesca industrial con arrastre.
¿Tiene/n planes para proteger a los productores familiares y pescadores artesanales y para promover e incentivar la agroecología por sobre otros rubros productivos?
5) Sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, preservación y recuperación de ecosistemas.
La mayoría de uruguayos viven en las ciudades y es necesario que el ordenamiento territorial funcione de forma adecuada para dar condiciones de vida dignas a la población urbana y garantizar sus derechos frente al avance de nuevos proyectos de depredación urbana.
La falta de planificación en cuanto al crecimiento urbano amenaza con el deterioro de numerosos ecosistemas, como es el caso de los ecosistemas costeros. Más grave aún es que el Estado esté participando para promover y facilitar que los procesos de especulación inmobiliaria se den de forma improvisada y en la mayoría de los casos de forma irregular. Esto también amenaza los intereses de las poblaciones locales quienes también se ven excluidas de los procesos de planificación sobre el territorio en que habitan y algunos de ellos incluso ven sus fuentes laborales amenazadas.
El estado debe controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, además de tener la capacidad de responder de forma rápida y efectiva a las denuncias.
La Directriz del espacio costero del Río de la Plata y el Océano Atlántico introduce la figura de los componentes costeros vulnerables, los cuales deben ser identificados y protegidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. Sin embargo, la implementación de esa norma brilla por su ausencia, tanto a nivel nacional como departamental.
Además de poner límites para favorecer la preservación de los ecosistemas, debe implementarse una estrategia para la recuperación de ecosistemas que ya están viéndose deteriorados por un manejo irracional de la tierra y el agua.
¿Cómo se va a garantizar la participación activa y vinculante de la población en la planificación territorial?
¿Qué medidas se van a tomar para proteger y recuperar los ecosistemas?
Junio 2024
Firman:
ACAS (Asociación Civil Ambientalista de Salto).
Agrupación de Mujeres Pan y Rosas.
ADENCH (Asociación de descendientes de la Nación Charrúa).
ALAMES Uruguay (Asociación Latinoamericana de Medicina Social).
Amigos de la Quebrada.
Asociación de Pescadores Artesanales Puerto de los Botes-Laguna de Rocha.
Asamblea Hue Miri.
Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.
AMRU (Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay).
AUG (Asociación Uruguaya de Guardaparques).
Balneario Arazatí-Agrupación Tucu-Tucu.
Centro de Estudiantes del CURE Rocha (CECURER).
Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental.
Clan Gubaitase Charrúa Uruguay.
Clan Rua la At.
Clan Onkaiujmar.
Colectivo Catalejo.
Colectivo Ecofeminista Dafnias
Colectivo la Aruera
Colectivo La Campana Verde, La Paloma
Colectivo Humpampa
Comisión Derecho a la Ciudad
Comisión de Vecinos de Las Vegas, Lomas de Solís
Comisión Fomento de Guazuvirá
Comisión por un Canelones Libre de Soja transgénica
CONACHA (Consejo de la Nación Charrúa)
Coordinación por el Agua
Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana
Derecho Indígena
Ecofeministas Río Negro
Ecofranciscanas
Grupo Budismo Comprometido
Grupo Charrúa Oipik Udimar Nómade
Grupo de participación por el cuidado ambiental de la Ciudad de la Costa
Grupo de Vecinos por la Defensa de los Espacios Naturales de Playa Hermosa
Grupo Hué it Guidaí
Guardianes de las Cuencas
GuazuVerde (Guazuvirá) (Canelones)
Intersocial 18 de Mayo
Intersocial Oeste
Movimiento por la Tierra
Movimiento por la Tierra Valizas
Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable)
Nativos de Punta Negra
Naturalmente Piriápolis y Zona Oeste
No al tren de UPM, Canelones
No al tren de UPM, Montevideo
No al tren UPM, Progreso
Obsur (Observatorio del Sur)
Our Voice
RAPAL Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas Uruguay)
Red APA (Red Ambiente Piriápolis y Alrededores)
Red de Huertas Comunitarias
Red de Semillas
Red Unión de la Costa
Red Uruguaya de Comunidades
REGCHAG Uruguay (Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní)
Rel-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión de Trabajadores de la Alimentación)
Reserva Natural Bilú Atit
VeDeProDe (Vecinos en Defensa Proyecto de Detalle de Guazuvirá)
Toledo en Huerta
Tribu Comunitaria de Artistas y Artesanos de la tierra y pueblo charrúa Vivir Creando –
Tacua Oipic.
Fuente Imagen: Comunicación Presidencial.