La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibió a una delegación del Grupo de Trabajo para Implementar la Ley de Residuos, integrada por María Cárcamo, Luis Eduardo Machado, Manuel Chabagoity, Ramón Fratti y Luis Catalán.
El planteo en el marco de la Rendición de Cuentas fue realizado el pasado 4 de agosto.
MACHADO (Luis Eduardo). Desde el 2019, con la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la N° 19.829, venimos trabajando en un grupo que abarca a la Ucrus, como sindicato de clasificadores, a la Universidad de la República, a Fucvam y al PIT-CNT, al cual yo represento en este momento. Nuestro planteo en esta Comisión es a raíz del artículo 420 de la rendición de cuentas que establece que a partir del 2025 y hasta el 2035 la tasa de Imesi que deben pagar los importadores y fabricantes de envases y embalajes posconsumo es de cero peso. Se plantea que esto es siempre y cuando se adhiera a un plan de gestión a de trabajo con referencia a los residuos. Asimismo, refiere al cumplimiento de metas ambientales que no sabemos cuáles son. También menciona que se cumpla con aportes al Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Ambiente, pero tampoco sabemos cuánto es ni qué es. Desde 2019 la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos no ha aplicado ninguna tasa de Imesi por la cual no entendemos qué es lo que se va a bajar a cero porque no existe tal tasa. No entendemos por qué se plantea poner tasa cero al Imesi. Por otra parte, el no cobro de Imesi priva al país de los recursos que la ley vigente establece para que desde el Estado, a través del Ministerio de Ambiente y de los gobiernos departamentales, se gestionen estos residuos e incluya en el proceso a los trabajadores clasificadores que son el sector más vulnerable de esta cadena. Entonces, el Ministerio de Ambiente, desconociendo el mandato que le otorga la Ley Integral de Residuos Sólidos, establece y coloca la gestión de envases y embalajes a la responsabilidad extendida del productor que la ley excluyó de forma expresa en el artículo 41; los vuelve a colocar al amparo de la disposiciones que ya rigen y que resultaron un absoluto fracaso. Ellos propusieron un porcentaje de reciclado y ahora están poniendo fechas y porcentajes y no han superado el 5% de los reciclados. El Ministerio de Ambiente reconoce que no han podido lograr tal propósito. El famoso Plan VALE está al margen de la ley; se fabrican y se ponen situaciones que van por el costado de la ley. Si bien esta norma no está reglamentada, sí fue votada unánimemente en el Parlamento. Nuestra preocupación central radica en que los trabajadores clasificadores están en la absoluta indefinición ya que nadie aparece como responsable. Según la Cámara de Industrias el responsable debería ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero no hay una definición clara. Los compañeros clasificadores no tienen un grupo donde reclamar sus salarios ni condiciones de trabajo ni categoría. Hay toda una improvisación alrededor esquivando lo que establece la ley. Eso a nosotros nos llama poderosamente la atención.
Queremos saber quién se puede hacer cargo de la aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Hay solo promesas y planteos que siempre van en dirección de contemplar los intereses de los que generan el problema, que son los importadores, los generadores de envases y embalaje posconsumo.
Por lo tanto, solicitamos a esta Comisión que no se acompañe el artículo 420 de la rendición de cuentas y que el Parlamento exija al Ministerio de Ambiente la inmediata aplicación de todas las disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para que el país pueda superar este grave problema ambiental y que los trabajadores clasificadores puedan acceder a mejores condiciones de trabajo y a trabajo digno. Ese es el planteo. Si tienen alguna pregunta para hacer estamos todos a disposición para brindarles respuestas, tanto del punto de vista de los trabajadores como de la Universidad, de Fucvam y del PIT-CNT.
PRESIDENTE. Antes de comenzar con las preguntas de los señores diputados, prosigan ustedes con la exposición.
CHABALGOITY (Manuel). Integro el grupo de trabajo para la implementación de residuos por parte de la Universidad. Hicimos este planteo tratando de ser sintéticos y de ver si hay preguntas concretas; si no hay preguntas seguimos explicando más cosas.
PRESIDENTE. Continúe; seguro va a haber preguntas.
CHABALGOITY (Manuel). Partiendo de lo que el compañero Eduardo Machado del PIT-CNT señaló, agregaremos lo siguiente. Hace exactamente más de un año -en esta misma sala por esas cosas del destino[1]este grupo estuvo reunido con la comisión de legislación del trabajo -creo que se llama así- de la Cámara de Diputados, planteando la preocupación en cuanto a que pasaba el tiempo y una ley votada en 2019 seguía sin ser implementada. Esta norma encaraba el tema central de la gestión de residuos como política pública en la generación de recursos, a partir de un Imesi que gravaba los envases y embalajes posconsumo, quitándose la responsabilidad extendida del productor. Con esos recursos que integraban un fondo nacional de gestión de residuos -administrado por el gobierno nacional y departamental, por los empresarios y por los trabajadores, así lo dice la ley-, se distribuían los recursos, vía los gobiernos departamentales, para encarar la gestión de la fracción más compleja de residuos que son los envases y embalajes posconsumo: las botellas que todos conocemos, que se consumen en todos lados y que son de muy difícil gestión. Esta gestión fue realizada durante más de quince años y se reconocía como un fracaso rotundo ese proceso en el que se había aplicado la responsabilidad extendida del productor. Es por ese motivo -como decía Machado- que la ley excluyó a estos envases. La ley en su artículo 41 dice que todos aquellos residuos sujetos a Imesi quedan fuera de la responsabilidad extendida. Por esa razón y como no llegamos a entender, buscamos a qué se debía ese planteo en la explicación que hizo el Ministerio en la comisión que ustedes integran -el lunes o el martes pasado; no recuerdo-. El Ministerio dice que vuelve a la responsabilidad extendida sin explicar por qué razón no cumple con lo que dice la ley y plantea que volviendo a eso aún ha tenido dificultades para implementar el proceso del 86 Plan Vale -ustedes habrán escuchado que ellos lo plantearon- y aduce que, entre otras cosas, es porque la Cámara de Industrias no ha logrado conveniar con los gobiernos departamentales. Si después de dos o tres años se está discutiendo esto y no se ha logrado un acuerdo es porque algún problema hay. Podemos ver la complejidad de todos estos procesos, fundamentalmente, el del sector de los clasificadores que es el más perjudicado porque lo decíamos acá: no tiene ningún tipo de garantía en sus relaciones de trabajo ni en las plantas de clasificación ni los que están por sí mismos como trabajadores individuales; no hay nada que los rija. Por ejemplo, en el caso de Montevideo, hasta el año 2020, regían convenios en las cuatro plantas en los que había procedimientos establecidos, formas de pago, etcétera, en donde cada parte del Estado asumía su responsabilidad y los trabajadores la suya. Vencido eso, no se resolvió nunca más ninguna relación alternativa. Eso fue denunciando en este mismo ámbito y fue reconocido en reuniones posteriores de la Comisión por las partes al decir que no había nada de eso, pero que se iba a hacer. Cabe aclarar que seguimos en la misma situación. Entonces, se trata de traer este cambio en el Imesi que no ha sido aplicado. O sea, la tasa es 0, pero ¿cuál era la anterior? ¿Cuál es la tasa de aplicación actual? No existe; entonces, por diez años se deja eso. En fin, la contrapartida que deberían presentar aquellas empresas es la adhesión a un plan que está por fuera de la ley porque la ley no establece la responsabilidad extendida. Por lo tanto, ese procedimiento no está conteste con la ley vigente, pero sí con la anterior que fracasó. Esto lo dice el Ministerio en su resolución del año 2021. Queremos que este artículo, en lo posible, no sea resuelto porque pedimos que se cumpla la ley y no otra cosa; el cumplimiento de la ley es lo que va a permitir resolver estos temas desde nuestra visión, por cierto.
CÁRCAMO (María Isabel). La organización a la cual represento Rapal Uruguay, integra el grupo de trabajo para la implementación de la ley de residuos. Mi intervención estará dirigida al tratado internacional de plásticos. En la Resolución N° 5/014 del 2 de marzo de 2022, titulada poner fin a la contaminación por plástico: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente solicitó al director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que reúna un comité intergubernamental de negociación -conocido por su sigla CIN- con el objetivo de concluir las negociaciones para fines de 2024. La primera sesión del CIN se llevó a cabo el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 en Punta del Este, Uruguay. El tratado sobre plásticos es un paso vital para lograr avances significativos en la protección de la salud humana, la salud de otros seres vivos y el medio ambiente contra los impactos tóxicos de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida. Uruguay participó de la reunión en la cual se resolvió poner fin a la contaminación por plástico y al mismo tiempo se comprometió a trabajar en la construcción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. También se participó de dos reuniones realizadas hasta ahora del CIN.
La propuesta de eliminar el Imesi por diez años a las empresas de producción de plástico de un solo uso, productos que están hechos, principalmente, de combustibles fósiles -petróleos y gas- con una mezcla de sustancias químicas, destinadas a ser eliminados inmediatamente después del uso, a menudo, luego de tan solo unos minutos la vemos como una contradicción en sí misma. Uruguay a nivel internacional trabaja y participa activamente en la elaboración de un tratado internacional por la reducción y eliminación de plásticos y dentro del país apoya todo lo contrario. Les urgimos a no avalar este artículo del texto del presupuesto que está en este momento a vuestra consideración.
PRESIDENTE. Muchas gracias a usted. Señores legisladores: ¿quieren hacer alguna consulta?
REPRESENTANTE OLIVERA (Ana María). Doy la bienvenida y las gracias a la delegación. Anoté una pregunta que ustedes hicieron porque consultaron: «¿Quién se hace cargo de la aplicación de la ley de residuos sólidos?». La ley establece quién debe coordinar, ¿no? Debe ser el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria… ¿Quién?
MACHADO (Luis). No, el Ministerio de Ambiente.
REPRESENTANTE OLIVERA (Ana María). Es el Ministerio de Ambiente.
PRESIDENTE. No dialoguen.
REPRESENTANTE OLIVERA (Ana María). Disculpe; tiene razón, señor presidente. Simplemente, quería saber quién era porque no participé de estas últimas negociaciones. Me tocó ser parte de la articulación de la anterior ley de envases -no de residuos sólidos- y, en aquel momento, era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quien posibilitó que la Cámara de Industrias pusiera los recursos en el caso de Montevideo para las cinco plantas. O sea que esta pregunta es retórica porque hoy hay quien tiene que ser convocante para llevar adelante la explicación de la ley. Ese era el planteo.
PRESIDENTE. Gracias a usted, señora diputada. Simplemente, quiero agregar un elemento más para las opiniones. El fundamento del artículo 420 dice que ante el problema que viene a resolver se detecta la necesidad de otorgar cierta garantía condicionada a aspectos ambientales y económicos. Luego, ante los eventuales efectos negativos refiere aquí a la dificultad para que agentes económicos avancen en las iniciativas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos 88 ambientales sin una garantía estatal. No me termina de cerrar y quería agregar -con este elemento que menciona el gobierno cuando fundamenta el artículo[1]un componente más para la opinión de vosotros; independientemente, de la que ya solicitó la señora diputada Olivera. Les cedo la palabra para contestar y cerrar la participación.
REPRESENTANTE OLIVERA (Ana María). Quisiera agregar información. El diputado Dalmao me estaba preguntando y hoy tuvimos reunión con el Congreso de Intendentes que va a traer una propuesta alternativa para el artículo 421; no para el artículo 420. Sería eso.
MACHADO (Luis). Pertenezco al PIT-CNT y le voy a responder a la señora diputada Ana Olivera. La herramienta que tiene el Ministerio de Ambiente está en la ley de gestión integral de residuos sólidos -es la que yo nombré-, la Ley N° 19.829. No hay por qué buscar una alternativa si no es con el fin de favorecer a alguien y, en este caso, no son los más vulnerables los que generan el problema. La reacción que se tiene, a efectos del cumplimiento de la ley, es porque no está reglamentada; no hay una reglamentación y está claro en la discusión en el Parlamento.
El lobby empresarial hizo su trabajo -estoy hablando de Coca-Cola, de Salus, de Colgate, de todas las empresas que generan los residuos más grandes que hay- por el hecho de la implementación de ese famoso Imesi.
La ley dice que se formaría el Fonagres (Fondo Nacional de Gestión de Residuos). Para que pasara todo esto, cuando se llegó a la votación de ese Imesi no hubo acuerdo en votar, pero el Ministerio de Ambiente tiene la herramienta que le dio el Parlamento para establecer proyectos y programas. Surge el Plan Vale, el plan envase, el plan bolsa, surgen planes alternativos que rayan la ilegalidad porque hay una ley que establece reglas y se están buscando otras alternativas con un fin: favorecer a los que generan el problema. Esa es nuestra opinión, nuestro punto de vista.
CATALÁN (Luis). Soy clasificador de la Cooperativa Planta Géminis. Hace, aproximadamente, treinta años que soy clasificador y en esos treinta años siempre estuvimos en la lucha para que se nos reconozca el trabajo que hacemos como clasificadores. Mucha gente ignora el trabajo que hacemos y muchas veces hemos sido discriminado por la gente, pero a mí lamentablemente no me queda otra que realizar el trabajo que hago porque es el trabajo que más se hacer. No tengo estudios y no tuve oportunidad para hacer algo más. Estoy orgulloso de ser clasificador y de trabajar en el trabajo que tengo, ya que gracias a eso tengo cinco hijos hermosos que los crié gracias al trabajo que hago. |Muchas veces hemos sido discriminados por el trabajo que hacemos como clasificadores. Capaz que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero yo lo único que pido es que se nos reconozca el trabajo que hacemos. Dentro de todo alguien lo tiene que hacer. Y los más vulnerables somos los que lamentablemente lo hacemos.
CHABAGOITY (Manuel). Con relación a esto de hacerse cargo voy a decir que tenemos una ley que fue promulgada hace cuatro años. Más allá de que se corrió un año su entrada en vigencia, que fue en el marco de la LUC, en tres años no ha sido aplicada en ninguno de sus términos, hasta donde nosotros sabemos, a no ser que nos demuestren lo contrario. No tiene un solo proceso reglamentario de todas las disposiciones que la propia ley establecía que tenían plazos para ser reglamentadas. Por lo tanto, preguntamos qué está pasando, quién se hace cargo de que esto funcione. Esto implica coordinaciones del gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Hay un ámbito creado específicamente para eso. El artículo 17 refiere al Consejo de Planificación de la Gestión de Residuos con el gobierno nacional y los departamentales, con el Congreso de Intendentes, que recién señalaban. Nada de eso está reglamentado, ni instalado, ni funcionando. Entonces, lo único que aparece como funcionamiento de esto es una serie de relaciones entre el Ministerio de Ambiente y la Cámara de Industria a través de un nuevo planteo de un plan de gestión, el Plan Vale, que está por fuera de lo que la ley dispone. La ley no plantea que las empresas tengan que presentar planes de gestión para estos residuos; no lo plantea; sí lo planteaba claramente la ley de envases. Ahora, dice: «No, estos productos» -las botellas, envases y embalaje, a los que refiere el artículo 11 del Texto Ordenado, del Tocaf, que los detalla-; la ley es clara y dice: «No son parte de la responsabilidad extendida». Por lo tanto, se está llevando adelante un proceso que es por fuera de la ley. Entonces, ¿quién se encarga de aplicar la ley? ¿Quién se encarga de terminar el registro de clasificadores? El propio Ministerio cuando vino a esta Comisión el lunes pasado dijo que está inconcluso, que van a conversar. Es el Ministerio de Trabajo. Parece que van a hacer un convenio con la Intendencia para apurar esto, pero no dan cuenta de eso. Según la ley, el órgano responsable de la política ambiental -incluso, creado en esta propia Administración y al que se le pasaron todos estos cometidos- es el Ministerio de Ambiente. No es el de Vivienda. Esto por un lado. Por otro, si no me equivoco, el diputado Viviano planteaba, justamente, que viéramos el problema o necesidad que pretende resolver este artículo. El artículo dice: «Se detecta […] cierta garantía condicionada a aspectos ambientales y económicos». ¿Quién está pidiendo estas garantías? ¿A qué le estamos otorgando garantías? ¿Al proceso de gestión? ¿A los clasificadores, que sí están pidiendo muchas cosas? ¿Quién pide estas garantías? ¿Es que acaso los que son responsables de verter al mercado toda esta cantidad de plástico que se transforma en residuos son los que están pidiendo garantías? ¿Garantías de qué? Se las da la ley. Paguen el Imesi y con eso funciona el Estado en la gestión de residuos. Leímos sí con mucha atención esto que nos señalaba el diputado Viviano. Dice: «Efectos negativos […]». O sea, si no se le exonera el pago de Imesi, porque en definitiva es el efecto; este es el contenido del artículo 420. Si 90 no se le dice: «Miren no cumplan la ley», es porque en definitiva en la práctica, más allá de que capaz que mi expresión no es la correcta, … Continúa diciendo: «Dificultad para que agentes económicos privados avancen en las iniciativas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos[…]». O sea que si el artículo 420 no se aprueba, los que promueven el plan dicen «bueno, no hacemos nada». Por eso leemos este artículo. Es lo que dice acá: «Dificultad para que agentes económicos privados avancen en las iniciativas […]». ¿Se salvan si se les promete que no se les va a cobrar a partir de 2025 cuando ya no se le cobra a nadie por diez años? Estas son las dudas y cuestionamientos que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la causa del problema? Siguiendo el razonamiento que usted nos planteó, diputado. El artículo continúa: «En la actualidad el Poder Ejecutivo posee la facultad de incorporar montos fijos y tasas a los bienes a los que refiere el artículo 1° bis del Título 11 del Texto Ordenado […] lo que dejaría sin razón de ser a las iniciativas que se están consolidando para hacer frente al Plan de Gestión de Envases». ¿Por qué? Todos son supuestos sobre supuestos y sobre procesos que no están amparados en el marco de la ley vigente. Y continúa diciendo: «Resultado esperado de la propuesta: Que a partir del citado artículo el sector privado avance en la implantación del referido Plan y de cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente». El Ministerio de Ambiente en la Resolución N° 271, de abril del año pasado -hace más de un año- estableció metas. Ahora, los invitamos a leer esa resolución para que noten que no lo establece a nadie; se establecen estas metas, pero no están referidas a personas, instituciones, a nadie. Se habla de metas para cumplir, que son compartibles. Pero no dicen que el problema está en que si no se les dice: «Miren, no van a pagar impuesto», no vamos a tener gestión de residuos. Es lo que leemos de lo planteado acá. «Resultado esperado […] Que a partir del citado artículo». Si decimos: «Miren no van a pagar impuesto», entonces, sí van a hacer lo que plantearon en el Plan de Gestión de Envases. Ya el Ministerio dijo que no se están cumpliendo las metas que el propio Ministerio estableció en esa resolución de abril del año pasado. Quizá, sea un poco entreverado en la manera de expresarme, pero está dicho por el propio Ministerio. Y con esto termino para no quitarles más tiempo: «¿Qué pasa con las metas en 2023?» -Se preguntaba el Ministerio en esta Comisión-. «Teníamos metas intermedias en esa resolución; las habíamos puesto, precisamente, para traccionar y que las cosas avanzaran. No se van a cumplir en 2023 las metas establecidas en la resolución, porque el Plan viene con un atraso significativo en el cierre de los acuerdos con las intendencias. Según la información que nos hicieron llegar la semana pasada, recién estarían pudiendo cerrar el primer convenio en agosto». Promesas, posibilidades. Entonces, no entendemos la razón de esto, por eso solicitamos, como ciudadanos, que este artículo no tenga andamiento y que sí se aplique la ley. Simplemente es eso: que se aplique la ley tal cual está vigente.
Fuente Imagen: Udelar.