La subcomisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibió a una delegación de la Fundación Madres del Cerro integrada por Gabriela Jost y Pablo Delfino, quien, entre varias propuestas que impulsan, aspiran a tener presencia
JOST (Gabriela). Soy la presidenta de la Fundación Madres del Cerro. Esta fundación nació hace quince años siendo un colectivo en el barrio Cerro y hoy, en las redes sociales, llegamos a nuclear a veinticinco mil familias de todo el país; por medio de grupos de WhatsApp nos reunimos quienes tenemos a algún hijo en las adicciones. Eso es lo que nos motiva a estar acá. Venimos trabajando desde hace muchos años debido al déficit de atención para con nuestros hijos y eso es lo que venimos a mostrar, como lo venimos haciendo en distintos lugares de este Parlamento. Estamos trabajando mucho con la población en situación de calle, con esas familias que hoy están muy vulneradas y están perdiendo lo que más aman, que son sus hijos.
DELFINO (Pablo). Hemos traído un trabajo; si quieren, les dejamos una copia a cada uno. La Fundación tiene un año y medio de constituida más dos años de lucha para constituirla, y eso se dio siempre gracias a la ayuda Pro Bono de distintos estudios jurídicos y gente amiga que se arrimó. En los diecisiete años que lleva Gabriela, en los casi cinco que llevo yo y en los dos que tiene la Fundación, siempre esto se ha mantenido con el trabajo voluntario de sus directores; no hemos recibido prácticamente ninguna ayuda de nadie. Entre las distintas tareas que realizamos y podemos mencionar está la de promover la aprobación de proyectos de ley que lleven a mejorar las condiciones de prevención, rehabilitación y reinserción social de los enfermos adictos. Llevamos dos proyectos redactados: el de voluntad anticipada, que se presentó en el 2017 y se aprobó gracias a todos los que votaron afirmativamente el 6 de julio, y un anteproyecto de ley de prevención, rehabilitación y reinserción social de adicciones que ya fue entregado al Poder Ejecutivo y a las bancadas para su estudio. Realizamos también grupos de apoyo a los familiares de adictos con reuniones presenciales que se realizan cada quince días en la parroquia del Cerro; tenemos grupos de apoyo a familias a través de cuatro grupos diferentes de WhatsApp y dos grupos en redes sociales, que como decía Gabriela, ya suman más de veinticinco mil personas, familias. Cada tres meses realizamos retiros con no más de veinte madres apoyando y sosteniendo toda su problemática. Visitamos centros de rehabilitación en todo el país buscando conocerlos y apoyar su trabajo y charlamos con los internos.
Tramitamos y gestionamos donaciones para estos centros: garrafas de gas, ropa, comida, 140 metros de isopanel para techos de nuevos dormitorios, bloques, etcétera.
Por otra parte, estamos buscando una sede que nos sea concedida en comodato por la Intendencia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aún sin posibilidades reales; nuestra sede, hasta ahora, es el bar que nos queda más cerca para tomar un café. Realizamos capacitación al personal de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo en un programa que hicimos conjuntamente con la Intendencia. También tuvimos la posibilidad de realizar siete piezas publicitarias de concientización en las que siete madres cuentan su historia con la idea de poder trasmitir que detrás de cada «nini», de cada pichi tirado, de cada adicto tirado entre los cartones comiendo de las volquetas hay una historia, una familia, un padre, una madre, un novio, un hermano; eso lo hicimos gracias al trabajo Pro Bono de la productora Cholo Films de Uruguay. Integramos el Instituto de Derechos Humanos y estamos en la formación de la Federación Nacional de Centros de Adicciones que nucleará a todos los colectivos, religiosos o no, que hoy cuentan con más de las tres mil camas que están atendiendo a los chicos de nuestro país. Entre paréntesis digo que todo el Estado sigue teniendo menos de ochenta camas para atender a los adictos en situaciones de crisis. Firmamos también un convenio, un contrato de servicio con el Mides para trabajar en coordinación para atender a los consumidores en situación de calle. Este trabajo ya lo estamos realizando. Cabe destacar que lo realizamos durante un mes sin tener el contrato firmado y en forma honoraria, pero gracias a que lo firmamos, hoy nos dedicamos a ubicar a esos chicos adictos en situación de calle; les hacemos una entrevista y los ubicamos en un centro de tratamiento y rehabilitación. A su vez, esos centros están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y por el Mides, y el Mides paga el tratamiento. Con un mes y poco de trabajo llevamos atendiendo a cuarenta y cuatro; en media hora estarán saliendo otros tres para un centro de rehabilitación en Paysandú. También ayudamos a los centros de rehabilitación que estaban prácticamente fuera de todo sistema y control a tramitar las correspondientes habilitaciones frente al Ministerio de Salud Pública, Bomberos, DGI y bancos para que puedan quedar en condiciones de brindar servicio y entrar en esta contratación. Por otra parte, nos hemos reunido y contamos con la aprobación unánime del Codicén para recibir a varias escuelas rurales hoy vacías y transformarlas en centros de rehabilitación en el interior del país. El lunes que viene tenemos una reunión con el presidente del Codicén y probablemente tengamos la confirmación de dos de estas escuelas rurales para armar centros de rehabilitación. Hemos comenzado también una serie de reuniones con la nueva dirección de OSLA para generar instrumentos de rehabilitación para los presos liberados con penas sustitutivas. Realizamos la conexión de estos centros de rehabilitación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que puedan participar de los planes de mejoras dentro de sus instituciones y contar con mayor infraestructura: más dormitorios y mayores comodidades para atender a más chicos. Estamos manteniendo reuniones periódicas con la Vicepresidencia del INAU intercambiando información para generar nuevos proyectos de apoyo a menores consumidores. En el Poder Judicial, desde el fiscal general hasta la Asociación de Defensores de Oficio, la Suprema Corte de Justicia y los jueces, todos han sido visitados. Estamos buscando recursos para responder a varias inquietudes de capacitación que nos ha planteado personal del Poder Judicial en lo que tiene que ver con cómo tratar a los infractores adictos durante los procesos judiciales. Es nuestro interés encontrar la financiación para poder traer a especialistas extranjeros a dar parte de dichas capacitaciones. Hasta el día de hoy, todo esto se ha hecho únicamente con el esfuerzo de los directores de la Fundación. Presentamos tres posibles proyectos -honestamente, proyectos sobran, y cosas para hacer hay en cantidad- de tres distintos niveles. El primer proyecto posible tiene que ver con poder mantener los gastos de una sede: luz, agua, impuestos, equipamiento; poder contar con una secretaria, dos operadores terapéuticos con los que visitar apoyando centros en todo el país y gastos de locomoción y mantenimiento. En tal sentido, estimamos que un presupuesto medio mensual rondaría los $ 350.000. Considerando dentro de esos $ 350.000 que $ 220.000 son para sueldos y aportes patronales y $ 130.000 para el resto de gastos y operativa, manejamos una cifra anual de $ 4.200.000. El segundo posible proyecto tiene que ver con la parte judicial. Hemos logrado mediar entre fiscales, jueces y adictos infractores leves con primeras faltas o faltas menores para que, mediante una carta de recomendación por parte de la Fundación en la que sugerimos la conveniencia de que la pena sea cumplida en un centro de rehabilitación con tobillera y medidas sustitutivas, esa persona pueda ingresar a un centro de rehabilitación. Con esto buscamos que el primario adicto infractor tenga una vía real de rehabilitación y reinserción social mientras cumple con la pena establecida. Esto es muy bien visto por el Poder Judicial, pero el punto es que el costo de dicha internación lo tiene que cubrir la familia. El Ministerio del Interior se libra de sumar a su gasto un preso más al sistema, lo que hoy tiene un costo que ronda los $ 40.000 mensuales, en pésimas condiciones humanas y con pocas posibilidades reales de rehabilitación. No hemos logrado que transfieran nada de ese ahorro que se hace con el centro de rehabilitación designado. Un centro de rehabilitación promedio, con cuatro comidas, en condiciones y con habilitación del Ministerio de Salud Pública, tiene un costo mensual promedio de $ 30.000.
La cantidad estimada de adictos infractores que podría ingresar anualmente en este régimen, sería entre veinte y cien.
A esto debemos sumar la contratación de uno o dos operadores terapéuticos dedicados al seguimiento de cada caso, elaboración de informes y visitas periódicas durante el lapso de la pena. El costo con cargas sociales de estos dos operadores sería el equivalente a tres internaciones mensuales, o sea, aproximadamente $ 90.000. El costo anual de veinte internaciones y de un operador sería de $ 7.740.000; el costo anual por cien internaciones sería $ 37.000. 000. Cualquier cifra entre ambas posibilitará, sin lugar a dudas, hacerles llegar a las familias más carenciadas una posibilidad de recuperación real de su familiar adicto. El tercer posible proyecto es el siguiente. La Fundación viene realizando una serie de visitas al interior del país, con la finalidad de agrupar a las madres y familias de adictos, buscando que se autoapoyen y que hagan visible en sus localidades esta realidad. A tales efectos, hacemos reuniones presenciales con ellas, con autoridades locales, representantes del Poder Legislativo por cada departamento y entrevistas en los medios de prensa. Todo esto implica costos de traslado, viáticos de comidas, alojamiento, etcétera. Nos hemos planteado tener a fines del 2024, unos diez colectivos departamentales funcionando. Calculando los vehículos, el combustible, el alojamiento, los jornales de dos personas viajantes y los viáticos de comida, tenemos un costo de $ 30.000 mensuales promedio, lo que suma aproximadamente $ 360.000 anuales. Como decíamos, estos tres proyectos son de montos muy dispares. Indudablemente, que cuanto más nos puedan otorgar más cosas vamos a poder hacer y no son restrictivos. Lamentablemente, en esta problemática sobran iniciativas y proyectos para poder hacer.
JOST (Gabriela). Sabemos que se ha dispuesto una partida para salud mental y adicciones. Pensamos que nuestros pedidos van en consonancia con la idea que tiene el gobierno.
DELFINO (Pablo). Estamos realmente muy entusiasmados y, dentro de toda la tragedia, muy alegres por la posibilidad de que se vuelquen esos US$ 20.000.000 para salud mental y adicciones. Venimos pidiendo y reclamando que por favor se tenga en cuenta este tema porque el panorama que nosotros vislumbramos es que si realmente no empezamos a hacer algo con urgencia esto va a empeorar. Lamentablemente tenemos demasiada información de lo que pasa en la calle; es bastante desalentadora la situación a la cual nos enfrentamos, sobre todo si pensamos en el tipo de droga que está empezando a aparecer. Sabemos que falta poco para que lleguen otra peores, como el fentanilo, etcétera.
JOST (Gabriela). Estamos en permanente contacto con gente de Brasil y Argentina. Hemos creado una red latinoamericana. Las madres no estamos solas; nos estamos nucleando a nivel de América Latina en la lucha por salvar a nuestros hijos. Yo soy madre de un adicto hace dieciocho años; conozco la problemática porque la vivo, y abrazo a cada madre que llega. REPRESENTANTE GOÑI REYES (Rodrigo). Voy a decir unas palabras y sé que represento a todos los legisladores que hemos venido constatando el trabajo de la Fundación Madres del Cerro y que se ha traducido en leyes que hemos votado recientemente. Más allá de la tarea legislativa, con la que han contribuido -hay un anteproyecto que está a estudio de varios legisladores-, los felicito, en nombre de todos, por atender y rehabilitar a tantos jóvenes. Sabemos que la adicción es un flagelo, no solamente para la persona que lo sufre, sino para toda su familia. Por supuesto que haremos todo lo posible para incluirlos en los mecanismos que solicitan.
PRESIDENTE de la subcomisión Álvaro Viviano. Agradecemos su presencia. Valoramos mucho su trabajo. Este es un trabajo colectivo por lo que vamos a analizar el planteo con todos los legisladores.