El Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay ante el debate actual sobre eutanasia.
La práctica legal de la eutanasia ha suscitado un profundo debate, dado que se trata de un tema íntimamente vinculado a principios y concepciones sobre el valor de la vida humana y la dignidad de las personas que enfrentan la muerte.
Las acciones al final de la vida y la decisión de autorizar la eutanasia son competencia de la sociedad entera, tomadas a través de sus procesos democráticos.
En ese sentido, la Academia, recogiendo la pluralidad de opiniones en su seno, ratifica su confianza en la capacidad de nuestra sociedad para tomar una decisión, y dado que los médicos se verán necesariamente involucrados, es responsable de referirse a sus cometidos estatutarios específicos, destinados a dar opinión acerca de los problemas médicos relacionados con el fomento de la ética y dignidad profesional.
Los integrantes de la Academia unánimemente sostienen que:
Es un principio de la medicina y un deber del médico proporcionar alivio del sufrimiento y acompañar al paciente en la etapa final de su vida.
Es necesario impulsar el desarrollo pleno de los cuidados paliativos, para lo cual la ley parcialmente aprobada, si asegurara su extensión y accesibilidad a todo el territorio nacional y asignara los recursos correspondientes para su implementación, será una valiosa contribución.
La eutanasia no debe ser en ningún caso una vía para sortear la ausencia de cuidados paliativos.
En el caso de aprobación de una ley que autorice la eutanasia, se deberá documentar en forma fehaciente la voluntad personal e intransferible del paciente e implementar un sistema de registro con el fin de garantizar la calidad de los procedimientos y el análisis de datos epidemiológicos relevantes.
La Academia reconoce al mismo tiempo, la existencia en su seno de dos opiniones al respecto de la realización de la eutanasia, debido a la gran complejidad del tema y a que existen entre sus integrantes diversas interpretaciones sobre los principios de la práctica médica, que no hemos querido zanjar simplemente con una votación.
Una postura sostiene que es un derecho de toda persona poder llegar al fin de su vida con conciencia, confort y dignidad. Ello implica evitar que la muerte no sea, ni acelerada intencionalmente por el médico, ni retrasada por el empleo irracional e ineficiente de tratamientos desproporcionados.
Implica, igualmente, garantizar que cada paciente tenga el derecho a rechazar ciertos tratamientos a los que considera incapaces para revertir el proceso de enfermedad terminal que padece, a escoger dónde morir, a elegir quienes lo acompañarán en sus etapas finales, y a contar siempre con la adecuada y eficaz paliación de los dolores físicos, emocionales y espirituales. Compete al médico ayudar a aliviar los sufrimientos de los enfermos, pero considera totalmente contrario a la ética médica que se utilicen drogas letales con la intención de terminar en forma activa y directa con la vida de pacientes, aún si estos lo piden porque deseen poner fin a su propia vida. En concordancia con lo defendido sistemáticamente por la tradición bimilenaria de la ética médica, sustentada firmemente hasta la actualidad por la Asociación Médica Mundial en su declaración de 2022, esta tesis se opone a que una ley establezca que la eutanasia activa y directa a petición del enfermo, sea considerada un acto médico que deba ser llevado a cabo por los médicos, en virtud de su oficio.
La otra opinión fundamenta que el proceso de eutanasia se origina en la solicitud de un paciente que, estando en una condición de salud incurable e irreversible que le provoca un sufrimiento percibido como intolerable, ejerce su derecho personal e inalienable a decidir el momento y la forma en que desea que ocurra el fin de su vida. Solicita para ello ayuda al equipo médico, dado que éste dispone de los conocimientos y herramientas necesarias. Al recibir este pedido de ayuda, el médico puede o no acceder al mismo, pudiendo negarse si existe una objeción de conciencia.
En caso de aceptar, comprobará que se cumplen los requisitos legales y en especial que se trata de una persona apta, aquejada por un sufrimiento intolerable e irreversible que afecta el sentido de su vida, dignidad e identidad. Realizará las evaluaciones e interconsultas pertinentes y comprobará que se le han ofrecido cuidados paliativos y que a pesar de ello persiste en su decisión. El médico se guiará por los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto a la autonomía del paciente. Por lo tanto, su respuesta afirmativa significa un acto de profunda empatía y compasión con el sufrimiento del paciente y el pleno respeto del sentido que el paciente da a su vida y la forma en que decide hacer frente a su muerte, de acuerdo a los valores y convicciones que le son propios.
La Academia Nacional de Medicina ha estudiado, reflexionado y discutido este tema extensa y profundamente. Los miembros de nuestra Comisión de Bioética han expresado su opinión a requerimiento de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Espera que los conceptos provenientes de la
experiencia clínica y de la reflexión sobre los aspectos bioéticos del tema, sean útiles para que nuestra sociedad tome decisiones fundamentadas en principios altruistas, teniendo en cuenta la experiencia internacional y evaluando integralmente las posibles consecuencias de nuevas normas legales sobre el final de la vida. La Academia seguirá con atención el proceso legislativo y el contenido del proyecto de ley.
Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay.