La publicación Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19 entre sus conclusiones emplaza a la región a actuar con firmeza en el 2022, ya que el año 2021 hubo un alto nivel de incertidumbre en la toma de decisiones para el regreso a clases y la educación no ha sido una de las áreas priorizadas en los planes de respuesta delineados para enfrentar la pandemia.
Los países de América Latina y el Caribe no han priorizado lo suficiente el desarrollo de políticas que aborden las brechas de aprendizaje de los grupos más vulnerables en los planes de respuesta a la pandemia, según un nuevo informe de la UNESCO y UNICEF. Ante esta situación, las dos organizaciones lanzan un documento para contribuir a los nuevos planes de reapertura y programas de recuperación ante los efectos en la educación de la COVID-19. La publicación es una síntesis de las tendencias regionales educativas durante el segundo año de la pandemia, texto que fue lanzado el 17 de junio por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
A través del documento Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19 ambos organismos hacen un llamado a los países de la región para que construyan acuerdos nacionales acerca de cómo viabilizar la presencialidad de las clases en aquellos lugares en donde aún hay escuelas cerradas y que se definan de manera urgente planes concretos de recuperación de los aprendizajes.
“La publicación resalta que un número bajo de países ha incorporado en sus planes de respuesta a la COVID-19 medidas específicas que aborden las brechas de aprendizaje de grupos más vulnerables, como aquellos estudiantes en riesgo de abandono, estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, inmigrantes, refugiados y minorías. Es urgente que los países de la región levanten información sobre el impacto diferenciado que ha tenido la pandemia en estos grupos e implementen políticas de apoyo inclusivas que aseguren el derecho a la educación de todos y todas”, indicó Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).
El documento ofrece información que los propios ministerios de Educación proporcionaron a estas agencias de Naciones Unidas, al Banco Mundial y a la OCDE en la encuesta global sobre las respuestas nacionales en materia de educación frente a la COVID-19, así como datos de otros instrumentos de monitoreo, a través de los cuales se identificaron prácticas comunes, actividades y programas realizados durante ese periodo.
En su análisis, la publicación revisa la información de apertura de escuelas en 2021; luego repasa las principales medidas reportadas por los países para planificar la reapertura de escuelas y promover una mayor presencialidad. Asimismo, aborda las medidas para enfrentar las brechas de aprendizaje y dedica un espacio a las poblaciones expuestas a situación de vulnerabilidad y las medidas de apoyo a los docentes. El texto, además, examina temas de financiamiento educativo y plantea desafíos para el 2022.