Este reintegro no se hace porque el sumario haya concluido o fallado a favor del docente sino porque se terminó el plazo que se establece reglamentariamente para la separación del cargo como medida cautelar. Esto nos lleva a denunciar la lentitud con la que actúa la DGES ante este tipo de casos donde los derechos de estudiantes son vulnerados, en oposición a la celeridad con la que actúa para perseguir a docentes sindicalizados. ¿Dónde queda el cuidado de las y los estudiantes si nunca parecen ser la prioridad de las autoridades?
Este colectivo docente entiende la importancia de que se cumplan las garantías en el proceso de investigación, pero señala al mismo tiempo que la lentitud en la indagatoria (se está convocando a declarar a las y los testigos casi al mismo tiempo que se vencen los seis meses de iniciado el sumario) tiene como consecuencia directa la revictimización de estudiantes que tendrán que volver a convivir en el espacio liceal con el docente al que denunciaron antes que las autoridades puedan juzgar lo acontecido.
Este no es un caso aislado. Lamentablemente situaciones similares se repiten en los distintos liceos, pero afortunadamente a la práctica de silenciar y acallar las denuncias se opone cada vez más la voz de los colectivos organizados (tanto los núcleos docentes como los gremios estudiantiles). Demandamos que las autoridades estén a la altura de las circunstancias, que la premisa “el estudiante como centro” no sea solo un slogan vacío y que se pongan en funcionamiento todos los recursos y procedimientos necesarios para que los liceos sean un lugar seguro para el estudiantado.
Núcleo sindical del Dámaso ADES – FENAPES – PIT-CNT.
Fuente Imagen: Municipio CH Montevideo.