¿Cuál es la estrategia del gobierno frente a la pandemia en este 2021 y cómo se afrontó la situación?

En el marco del estudio de la Rendición de Cuentas el gobierno destinó el fundamento sobre la actuación hasta el presente en esta especial coyuntura y lo que se puede esperar, con un énfasis de apoyo económico hacia los sectores más vulnerables.

Desde marzo de 2020 se tomaron medidas necesarias y oportunas desde el punto de vista sanitario, asegurando todos los recursos para hacer frente a esta nueva realidad que golpeaba al Uruguay y al mundo, incluyendo equipos, respiradores, tests diagnósticos, ampliación de la capacidad de las camas en CTI y, a partir de que estuvieran disponibles, las vacunas. Nuestro país tuvo, por tanto, desde el primer momento, la tranquilidad de saber que no faltarían recursos para atender una situación pautada a nivel internacional por la incertidumbre. Para ello, el gobierno implementó una política de gasto público que permitió ahorros a nivel del gasto estructural o permanente, para volcarlos a la atención transitoria de la emergencia sanitaria.

Un aspecto clave en este sentido fue la creación del Fondo Solidario COVID-19, mediante la Ley Nº 19.874, que permitió distinguir entre los gastos estructurales y los derivados de la pandemia. Esta Ley brindó transparencia respecto a los recursos destinados a la atención de las necesidades generadas por la coyuntura sanitaria, al tiempo que contribuyó a la distinción entre el resultado fiscal estructural y el efectivo durante esta coyuntura. Esto permitió atender las necesidades de la pandemia, al tiempo que se lograron ahorros en los egresos estructurales. Al mismo tiempo, se entendió necesario contar con el mejor asesoramiento científico, por lo que el 16 de abril de 2020 se instaló oficialmente el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) cuya coordinación fue encomendada a los Dres. Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. El trabajo conjunto entre autoridades de gobierno y el grupo científico fue clave para la toma de decisiones a lo largo de todo el período, que puso de relieve la calidad técnica y el compromiso con el país de la comunidad científica nacional. Desde el punto de vista económico y social el gobierno nacional desplegó un plan de acción dinámico, coherente, comprensivo y responsable.

La estrategia se basó en el análisis permanente de la información, con una estrategia de apoyos amplios y graduales a medida que la pandemia se extendía en el tiempo. El plan de acción, por tanto, fue dinámico, como queda en evidencia en los siguientes capítulos de este informe, en que se detallan las medidas adoptadas.

Fue coherente, en la medida en que las distintas acciones de orden sanitario, social y económica estuvieron coordinadas a través de la participación de los organismos competentes en cada materia.

Fue comprensivo, en tanto las personas y empresas abarcadas. No solo fue importante desde el comienzo, sino que fue creciendo a lo largo del tiempo, procurando en todos los casos atender los problemas emergentes. Y fue responsable, lo que permitió sostener las medidas a lo largo del tiempo y su carácter incremental en los casos en que fue necesario. A modo de ejemplos concretos pueden resaltarse en materia de atención a la población más vulnerable el incremento de los montos de varios programas existentes como la Asignación Familiar – Plan de Equidad (AFAM-PE) y la Tarjeta Uruguay Social (TUS), así como la creación del mecanismos del “cupón canasta” distribuido fundamentalmente a través de la aplicación TuApp, que procuró alcanzar precisamente a la población más vulnerable que no era beneficiaria de otros programas existentes o lo eran muy parcialmente.

El Fondo Solidario COVID-19 totalizó egresos por US$ 727 millones corrientes en 2020, mientras que el ahorro total alcanzado en Gobierno Central-BPS alcanzó los US$ 1.792 millones. Si se analiza en precios constantes, dicho ahorro fue de US$ 356 millones, al tiempo que por su parte las EEPP vieron disminuidos sus egresos en US$ 281 millones.

En materia de empleo, se flexibilizó el acceso al seguro de desempleo, se ampliaron las posibilidades de acceso al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y se creó el seguro de desempleo parcial, una herramienta utilizada ampliamente por las empresas para mantener a sus trabajadores, pese a la disminución del nivel de actividad. Estas medidas permitieron mitigar los impactos de la pandemia sobre el empleo. En cuanto al apoyo a las Mipymes se destaca el programa llevado adelante por el Sistema Nacional de Garantías (SIGA), especialmente la línea SIGA Emergencia que atendió con importantes garantías estatales, tope a la tasa de interés y reducción de comisiones a este segmento de empresas que representan el 94% de las empresas privadas, emplean al 67% de los trabajadores privados y representan el 40% del PIB. También fueron relevantes las exoneraciones tributarias introducidas a partir de 2021 y los programas de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), atendiendo especialmente la situación de las empresas más chicas y que, por lo tanto, podrían enfrentar mayores inconvenientes. La prolongación e intensificación de la pandemia durante 2021, llevó al gobierno a reforzar los recursos para responder a las demandas en materia sanitaria, social y económica.

Se ha estimado que los egresos del Fondo Solidario COVID-19 en el presente año alcanzará los US$ 980 millones.

El foco del Fondo para 2021 está puesto en el rubro salud, con US$ 420 millones que incluyen los gastos en vacunas e insumos sanitarios, medidas para la reactivación y el empleo con US$ 350 millones que incluyen las medidas tributarias para las Mipymes, y los seguros de empleo y enfermedad y la atención a las personas más vulnerables con US$ 210 millones, que incluyen las asignaciones a las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE) y el “cupón canasta” mediante la aplicación TuApp, entre otros.

La atención a la situación de las Mipymes seguirá siendo indispensable.

Los instrumentos para apoyarlas, como el nuevo seguro de desempleo parcial, nuevos créditos de ANDE, incluyendo préstamos a tasa cero, así como la continuidad del programa SIGA con las líneas SIGA Emergencia y SIGA Impulso, dan cuenta del constante esfuerzo en la materia. Especialmente importante son las Leyes Nº 19.942 y Nº 19.956 que permiten la exoneración de aportes para estas empresas, con beneficios particularmente potentes, como la exoneración total de los aportes patronales a la seguridad social a los rubros más afectados.

Las nuevas medidas de apoyo social, incrementales respecto a las del año anterior, así como los nuevos recursos para poner el foco en la primera infancia como política de Estado, dan cuenta del acierto del plan dinámico, coherente, comprensivo y responsable llevado adelante.