Para el Prof. Lic. Nelson Simatovich se debe aprobar una ley que autorice los retiros parciales y/o totales de fondos de ahorros de capitalización individual de las AFAP´s en el marco de la crisis económica que produjo la pandemia de coronavirus.

Compartimos sus conceptos en la siguiente columna.

Históricamente hemos escuchado autoridades y expertos en materia económica, destacar desde Uruguay el fenómeno Chile, como modelo de referencia en diversos aspectos económicos y comerciales, como un faro a seguir por su política exterior de libre comercio sin ataduras a ningún bloque regional, su capacidad de negociar bilateralmente con grandes potencias comerciales, su crecimiento económico sostenido -aunque quizás con malos niveles de distribución de la riqueza-, seguramente uno de los modelos de la región con mayor concentración de la riqueza, lo que llevó en los últimos tiempos pre-pandemia a multitudinarias protestas sociales, que culminaron con una decisión acordada por todos los actores políticos, de la necesidad de reformar su constitución y rediscutir ciertos paradigmas dados por válidos desde hace décadas, pero que surgieron en épocas oscuras de la historia de dicha nación.

Pero más allá de esto y de que Chile indudablemente ha sido de los países que según las cifras manejadas por los organismos internacionales financieros, más ha invertido en ayuda social directa en la región durante la pandemia de coronavirus.

Muchas veces se dice que las crisis generan oportunidades, bueno esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria en un país como Uruguay, no puede dejar pasar el momento histórico de resolver varios problemas con una decisión estructural que solucionará la mayor parte de los problemas coyunturales de tipo económico, social, laboral y educativo.

Debe enviar al Parlamento una Propuesta que autorice el retiro de los fondos de ahorros de capitalización individual de trabajadores y/o empleadores depositados en las AFAP´s, que contemple la posibilidad de retirar en primera instancia por los menos entre un 25 % a un 50 % de los mismos, dependiendondel total de la cuenta individual, en un rango de retiro mínimo de USD 5000 (cinco mil dólares americanos) y con un tope de retiro máximo USD 10000 (diez mil dólares americanos).

No existe mejor política económica, que permitirle a las personas, disponer de su propio dinero para reactivar la economía, esto es justicia social distributiva ya que alcanza a todos y no solo a los que puedan anotarse a unos jornales solidarios transitorios, que puedan acceder al seguro por desempleo parcial o las ayudas sociales de tarjetas o canastas mínimas del MIDES u otros pequeños subsidios otorgados para algunos colectivos por un par de meses como ya se realzaron sin efecto alguno en la economía.

ayudaSi se habla de “Libertad Responsable” en lo sanitario que más justificado que en lo económico, no se puede permitir que más personas pierdan sus emprendimientos productivos, trabajos autónomos y empleos precarios, sin tomar medidas de fondo, que además no tienen costo alguno para las arcas del Estado, esto es mucho más económico que la famosa renta básica universal plateada por la oposición política y negada por el gobierno, dado que se esgrime que luego de otorgarla quien la puede retirar y además el incremento del déficit que implica pagarla y la dificultad de elegir a quienes otorgarla, ambas partes con argumentos atendibles desde lo positivo y negativo de la propuesta.

Ya un ex Ministro de Economía y Finanzas de la década de los 90, habló de aplicar una especie de Plan Marshall en Uruguay que reactive la obra pública y genere un schok en la economía, pero de donde se piensa sacar el dinero, seguramente del ahorro de los trabajadores, es decir de los fondos ahorrados en la AFAP’s. Asimismo una Intendenta de la oposición planteó desarrollar un plan de infraestructura sobre un nuevo corredor metropolitano de movilidad y también apeló al interés que despertaría para las AFAP’s el invertir en esta posibilidad. Pero no señores, las AFAP’s no son las que tienen que poner el dinero en sus ideas improvisadas, el dinero debe ir a los bolsillos de los trabajadores, como lo está haciendo Chile o Perú en la región y en otras latitudes países muy desarrollados y ricos como por ejemplo Australia.

Antes de generar apreciaciones confusas hay que tener presente, que el trabajador amparado en este sistema mixto, no quedará sin aportes jubilatorios, ni sin una prestación llegado el momento de generar la causal jubilatoria, ya que se mantiene el tramo aportado y que le pagará el sistema público a través de la caja que corresponda, la mayoría a través del Banco de Previsión Social (BPS).

Esto no afecta la solidaridad intergeneracional, ya que lo que va al BPS no se toca y además en caso de que la persona llegara a la edad de causal jubilatoria la cual se proyecta elevar o generará una pensión, tendrá siempre para cobrar el tramo del BPS e incluso una parte del tramo de su ahorro que la AFAP´s conservará si no retira el total, si continuara trabajando y aportando, ya que el fondo que administra pasa a una aseguradora para el pago, por una tabla actuarial que estipula la proyección de vida, la cual podemos asegurar que pocos alcanzan, la misma está en los 100 fijada en la actualidad el BCU.

Ya que no tiene sentido, en una situación de crisis absoluta como la actual, en uno de los países con una tasa de suicidios de las más alta de Latinoamérica y del mundo sostenida desde hace décadas y en aumento, que los trabajadores no pueden acceder en caso de desempleo u otras causas de fuerza mayor a un capital, que es de su propiedad, que corresponde a su aportación personal, que sufre variables para bien o mal derivado de la rentabilidad que manejan otros en este caso las AFAP´s, en manos de ejecutivos con sueldos exageradamente altos para el mercado laboral local y el resultado de sus portafolios de inversiones los cuales han llegado a dar rentabilidad negativa, incluso por financiar negocios inviables, sumado a los descuentos por comisiones varias que aplican diversos agentes involucrados.

No tiene sentido que si es una cuenta individual, personal e intransferible que termina siendo liquidada por una aseguradora, no funcione como un seguro de ahorro de retiro, en el cual, cuando uno lo desea, después de pagar o aportar cierta cantidad de años, uno tiene acceso al monto del dinero y a retirarlo y disponer del mismo en vida, por ejemplo para sobrevivir, para poder generarse un autoempleo o micro emprendimiento para poder seguir trabajando y obtener ingresos auténticos, y así dinamizar la economía toda y no seguir apostando a financiar programas de asistencia social y transferencias directas mínimas como canastas de alimentación que poco ayudan a subsistir con dignidad o apoyando ollas populares lo cual es realmente inaceptable como política pública, lo cual ya aconteció durante la crisis bancaria de los años 2000. Los trabajadores tienen derecho a disponer de sus ahorros, ya que el sistema se creó con esta ideología de capitalización individual, como que fuera una cuenta bancaria.

Esta propuesta sí cumple con la idea de que podría ser una política pública de Estado, que en medio de una crisis económica y en el marco de la decisión de reforma la seguridad social, sería una caja de herramientas que permitiría solucionar problemas de diversa índole a muchos grupos heterogéneos de la sociedad, que no son alcanzados por las soluciones brindadas hasta el momento y también para otros sectores a los que si se le están ofreciendo alternativas, pero que no son sostenibles a mediano y largo plazo por cuestiones de financiamiento.

Ya vimos que la propuesta asistencialista de los denominados Jornales Solidarios con 15000 puestos por 6 meses de contrato, que se abonarán un monto mensual nominal de $12.500 (pesos uruguayos) por 12 jornales efectivamente trabajados, para tareas simbólicas como barrido de plazas y sin un debido componente de formación profesional y/o capacitación productiva que pueden brindar los varios organismos que sustenta el Estado con estas capacidades y competencias, como son por ejemplo: el INEFOP, CONENFOR (PNET/PAS), CECAP’s, COCAP, CITS, UTU, UTEC, ANII, ANDE, etcétera.

Todo lo cual redondea una iniciativa la cual es absolutamente insuficiente, cuando en el primer día ya se inscribieron diez veces más personas que las vacantes, es decir 150000 personas en un día, de una semana de plazo para la inscripción, esta es la mejor encuesta del caos social, laboral y económico que afronta el Uruguay y parece que aún hay dirigentes políticos y líderes de opinión pública, que tienen tiempo para discutir temas menores pensado en el redito político que pueden lograr a corto plazo.

Prof. Lic. Nelson Simatovich.

Experto en Trabajo Decente, Formación Profesional y Desarrollo Productivo.