Un informe de Caracol Radio de la mañana del lunes 3 de mayo detalló que son 21 los fallecidos por acción policial, 672 detenciones arbitrarias, 12 personas heridas en los ojos, y 4 agresiones sexuales. Además, hubo 30 agresiones contra periodistas perpetradas por manifestantes, según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) pidieron al gobierno colombiano frenar los abusos de autoridad.
El pasado lunes 3 de mayo, cuando Colombia amaneció en su sexto día de paro nacional, numerosas vías nacionales bloqueadas y marchas callejeras programadas por diversos sectores de la ciudadanía, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó su renuncia al presidente Iván Duque luego que este anunciara el retiro del texto del proyecto de reforma tributaria, el disparador que generó numerosas protestas en todo el país. En la tarde se nombró como nuevo ministro de Hacienda al hasta hoy titular de Comercio, José Manuel Restrepo.
«Veinte muertos por represión policial o asesinatos, 300 civiles lesionados y 46 agentes lesionados», según informó el defensor del pueblo Carlos Camargo, es el saldo primario de casi una semana continua de paro nacional con episodios de vandalismo, y un estado de incertidumbre generalizada.
Un informe de Caracol Radio de la mañana del lunes 3 de mayo detalló que son 21 los fallecidos por acción policial, 672 detenciones arbitrarias, 12 personas heridas en los ojos, y 4 agresiones sexuales. Además, hubo 30 agresiones contra periodistas perpetradas por manifestantes, según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.
La Alcaldía de Medellín— segunda ciudad del país— informó que hay tres ciudadanos desaparecidos.
En la madrugada del lunes 3, seis personas perdieron la vida en una nueva masacre ocurrida en la zona rural del municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca, a 43 kilómetros de la ciudad de Cali, en el oriente del país. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) esta masacre es la número 35 en lo que va del 2021, en que llevan contabilizadas 132 víctimas en cinco meses.
Ante la pregunta de si hubo exceso policial durante las manifestaciones desarrolladas desde el 28 de abril, Camargo respondió que «las evidencias que hemos recibido las hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que determine responsabilidades». Por su parte, la policía abrió 26 investigaciones internas sobre presuntos abusos de sus efectivos, y en la tarde del lunes 3 el instituto policial reportó 156 uniformados con lesiones.
El secretario de gobierno de Bogotá, Luis A. Gómez, dijo que no se entiende «oportuna y adecuada» la asistencia militar pedida por Duque para neutralizar los desmanes callejeros, apelándose en la capital colombiana exclusivamente a la policía. Bogotá cuenta con poco más de 7 millones de habitantes.
La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) pidieron al gobierno colombiano frenar los abusos de autoridad.
Este panorama se suma a las 3.204 muertes por Covid-19, que ubicaron a Colombia cuarto — detrás de India, Brasil, y EEUU— en el ranquin semanal de países por muertes por la pandemia. El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia llega a 75.164; a casi 2,9 contagiados, cuando los CTI están repletos; y los inmunizados ascienden a 5,7 millones, en 50 millones de colombianos.
El proyecto de reforma tributaria ya retirado por Duque había sido presentado sin consultas partidarias en una administración que nunca contó con fortalezas propias en el Congreso. Ni siquiera el Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, apoyaba la reforma, cuyo objetivo declarado era recaudar aproximadamente 7.500 millones de dólares con los cuales ayudar a los sectores más afectados por la pandemia, y acotar el déficit fiscal.
En la tarde del domingo 2 de mayo, el ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Juan M. Santos (2010 – 2018), escribió en su cuenta de twitter que «el país debería unirse en torno a estos 4 puntos: 1. Respeto por los derechos humanos. 2. Un nuevo contrato social para buscar equidad. 3. Implementación del acuerdo de paz. 4. Un apolítica ambiental agresiva. Escuchando y dialogando es como se resuelven los problemas».
La senadora Paloma Valencia, una de los principales referentes del uribismo, reiteró que la pobreza en el país «alcanza al 42%, o sea 4 de cada 10 colombianos están en una situación muy difícil, 21 millones de colombianos son pobres; 7,5 están en situación de pobreza extrema; 1,7 familias acceden solo a dos comidas diarias». Colombia cuenta con 50 millones de habitantes.
El jefe político del partido Cambio Radical, ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, pidió la renuncia del ministro de Salud, el médico Fernando Luis Gómez —que pertenece a su partido—y sostuvo que «la mejor reforma tributaria es un plan de vacunación, algo en que estamos quedados».
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) poderoso gremio empresarial, llamó a un «gran consenso nacional para el equilibrio fiscal, reactivación de economía y generación de empleo». Desde el Comité Intergremial de Antioquia —departamento colombiano caracterizado por su pujanza y emprendimiento— se sostiene que los principales puntos a atacar son «la evasión y la corrupción, más que incrementar los impuestos».
Mientras tanto, el bloqueo de carreteras y trancones en las principales ciudades está poniendo en riesgo la producción masiva de alimentos, y miles de puestos de trabajo en opinión de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): «Está en riesgo el abastecimiento de todo el país, al quedar detenidos, sin poder viajar desde el Cauca a Bogotá, más de 30 millones de aves y un millón 200 mil cerdos que son la proteína que abastece a todo el país. Se dejó de recoger más de 300 mil litros de leche».
Bedoya agregó que «la producción de hoy está en riesgo, pero también la de los días futuros. Solamente en el Valle del Cauca se generan 80 mil empleos directos que entran a correr riesgos con los bloqueos» de vías y rutas nacionales.
Cali sufre desabastecimiento y las existencias de combustible en la ciudad apenas llegan al 2% de lo necesario. Otras ciudades colombianas también comienzan a sentir la falta de víveres y combustible debido a los problemas suscitados en la movilidad.
La derecha. En opinión de la senadora Valencia «este retiro del proyecto de reforma tributaria, le permitirá ver al país que hay una izquierda extrema vinculada con el crimen organizado que lo único que quiere es atentar contra la democracia y llevar a Colombia al caos, a más pobreza, a más crisis, porque creen que en la crisis pueden favorecerse. Aquí no hay un deseo de defender los derechos, sino todo lo contrario, hay un deseo de agravar la crisis para catalizarla».
Colombia, como el resto de la región, padece un déficit fiscal generado por la pandemia. El dinero para el gasto social, según los analistas, se terminaría en junio, por lo que se impone una reforma tributaria. De los casi 7.500 millones de dólares que el gobierno se proponía recaudar con el proyecto inicial, las estimaciones más realistas ubican en 3.731 millones de dólares la posible recaudación a ser acordada a partir de un consenso amplio.
Hay inquietud en los mercados. El dólar trepó a 3.800 pesos colombianos y las calificadoras de riesgo están expectantes sobre cómo saldrá Colombia de este atolladero.
La izquierda a través de calificados voceros como el senador Gustavo Bolívar de Colombia Humana— liderada por el ex alcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro, quien a un año largo de las elecciones puntea en las encuestas— se llamó a «rodear al Presidente» pues, dijo que «Colombia es el país de todos, y destinar la mitad del presupuesto para pagar deuda es el peor escenario. No queremos que el país se hunda y si queremos gobernar en el 2022, sea quien sea el presidente —Petro o [Sergio]Fajardo— esta situación que vive el país es la peor».
En opinión de Bolívar, quien también cuestionó los destrozos producidos por las acciones vandálicas, «los grandes capitales y grandes empresas deben asumir los costos de esta [nueva] reforma».
Por su parte, las centrales de trabajadores anunciaron un nuevo paro nacional el miércoles 5 de mayo, para cumplir con otros objetivos de la plataforma sindical, como un proyecto de reforma al sistema de salud que también ha sido centro de críticas durante las movilizaciones de los últimos días.
Fuente Contenido e Imagen: www.cadal.org