Compartimos el artículo del Prof. Lic. Nelson Simatovich, “La Protección Social del Estado ante la Pandemia de Coronavirus”. Se trata de Aportes a la propuesta de reforma del sistema previsional.
Así lo expresa Simatovich:
“Este artículo tiene como finalidad, contribuir desde una perspectiva técnica e independiere a generar insumos y aportes conceptuales al gobierno y la sociedad toda, ante el inminente informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social constituida por el Poder Ejecutivo, que se presentará en las próximas horas. Los Diálogos Sociales en Uruguay: El Uruguay como buen país democrático, busca permanentemente promover el Diálogo Social como herramienta de intercambio de ideas y búsqueda de consensos políticos en articulación entre empresarios, sindicatos y sociedad civil Lamentablemente las últimas experiencias en este sentido han sido muy poco fructíferas y se han resumido a sendos resúmenes publicados y consultorías de recopilación archivadas en los anaqueles de las oficinas públicas a cargo de los mismos. Esta falta de éxito puede responder a varios motivos: uno puede ser la falta de ideas fuerza en los programas políticos de quienes acceden al gobierno y buscan mediante este mecanismo legitimar alguna idea que impulsa algún grupo de presión cercano al poder de turno; otro puede ser que cuando se convoca a estas instancias ya se tiene definido qué idea se quiere llevar adelante, pero lo único que se busca es la legitimación pública que simule un acuerdo nacional inexistente en realidad; otro puede ser que cuando realmente se presentan ideas que pretenden subsanar problemas estructurales, se descartan priorizando las que buscan soluciones coyunturales, ya que los resultados importan si se pueden mostrar durante el período de la administración del gobierno de turno, poco interesa generar logros para administraciones futuras. Lo que deja al descubierto la falta de políticas de Estado, es decir aquellas políticas públicas de largo plazo, esos acuerdos país que posibilitan dar el gran salto del subdesarrollo al crecimiento sostenible con justicia social y redistribución equitativa de la riqueza, definiendo un proyecto de desarrollo integral, un rumbo país. En Uruguay parece ser que este modelo es la industria de la celulosa y en verano el turismo zafral, sumado al modelo agroexportador tradicional de venta de commodities, como ser carne, lácteos, lana, arroz, soja, etc.
La Seguridad Social en Uruguay: El Uruguay ya generó varios Diálogos Sociales sobre Seguridad Social, que no arrojaron ningún resultado, el último cambio importante de fondo fue en la reforma previsional de 1996, que incluyó el sistema mixto de aportación con un tramo de capitalización individual en manos de las denominadas Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP’s). Este sistema mixto con marchas y contramarchas, ha logrado mantenerse y consolidarse, aunque los problemas no fueron resueltos y parece que siempre la solución pasa por subir la edad de retiro de la actividad laboral, ya que hay más trabajadores pasivos que activos, quizás el desafío real es crear más fuentes de trabajo y lograr ocupar a los desempleados, muchas veces contemplados dentro de programas de asistencia social que deberían ser un medio y no un fin en sí mismos, ya que terminan por volverse casi eternos, sin generar soluciones de fondo, ni satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Ya que según todos los estudios oficiales, sube la expectativa de vida en un país de poco de 3 millones y poco de habitantes con una baja tasa de natalidad y un alto nivel de envejecimiento de su población desde hace décadas. Sumado a esto un pésimo diseño institucional previsional, que increíblemente tiene seis grandes Institutos Previsionales, estos son el Banco de Previsión Social (BPS), la Caja de Jubilación y Pensiones Bancarias (CJPB), Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS), Servicio de Retiros y Pensiones de la Fuerzas Armadas (SRPFFAA), Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP), todos los cuales han demandado reformas u otros aun las tienen pendientes por ser deficitarios. Lo cual a simple vista demuestra claramente por donde pasa el problema real y es por la falta de articulación del sistema previsional, que debe dar paso a la creación de un Sistema Nacional Integrado de Seguridad Social (SNISS) y quizás aún más, se debería unificar en un solo Instituto Previsional todos los existentes en la actualidad y crear un sistema que coordine ese gran Instituto Previsional con los otros actores que hay que contemplar como son las AFAP’s y las Aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), que son las que pagan el tramo de la jubilación o pensión correspondiente a la capitalización individual en la actualidad. Ya que uno de los problemas quizás es que hay personas que logran obtener en razón de sus actividades y aportes, varias jubilaciones de distintos organismos previsionales lo cual es compatible y legal, pero otras muchas personas deben no logran acceder a una sola y deben esperar a una edad muy elevada para lograr una pensión a la vejez a los 70 años de edad, por no haber logrado cotizar los años necesarios para obtener su jubilación que son 30 años, esto es producto de trayectorias laborales discontinuadas, que no permiten alcanzar el mínimo de años de aportación que es muy alto quizás para el mercado de trabajo en Uruguay, salvo en sectores de gran estabilidad como lo puede ser el Estado o la Banca. Otro problema es la falta de un Sistema Integrado Nacional de Seguridad Social, ya que hay personas que quizás tuvieron un periodo de su vida con buen nivel de actividad laboral y aportaron a diversas cajas, pero luego estos años de aportación no se pueden acumular en caso de que se superpongan los periodos cotizados, lo cual es un gran error, ya que muchas personas pierden años de aportes en cajas en las que nunca van a lograr una prestación, teniendo un derecho razonable de que se le acumule en otra caja para llegar a los años que necesita para jubilarse, ya que la transferencia de fondos y la acumulación es posible, pero si es en distintos años, no en los mismos, lo cual es realmente inentendible, si son cajas distintas y aportes diferentes que pagaron sus correspondientes impuestos porque no pueden computarse para alcanzar los años necesarios en uno de los Institutos Previsionales existentes que se elijan. Existen mecanismos para acceder a pensión a la vejez, por parte de personas que no logran una jubilación en razón de no llegar a las aportaciones necesarias vía el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y también las denominadas pensiones graciables que es potestad del Parlamento Nacional otorgar por ley a personas que no logran una jubilación durante su vida por diversas situaciones que no logran realizar los aportes necesarios a la seguridad social, si se entiende que tiene los méritos para ello. Lo cual también parece algo particular ya que de crearse un Sistema Nacional Integrado de Seguridad Social, podría ser administrado por una Junta Nacional de Seguridad Social colegiada con integración de los actores sociales, además del Poder Ejecutivo, similar composición a la que actualmente tiene el propio BPS en su Directorio, y esta Junta parecería que sería la más adecuada a evaluar a quien otorgar estas pensiones graciables. Lo único que existe en Uruguay para coordinar estos temas es una Dirección Nacional de Seguridad Social que se creó hace pocos años dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para coordinar la temática con los actores que hemos mencionado conforman el ámbito previsional, pero sus resultados son muy escasos. El Uruguay hoy tiene un nuevo gobierno desde 2020, conformado por una coalición de una orientación política distinta, a la de los gobiernos que le precedieron los últimos 15 años (2005 – 2020), que pertenecieron a otra coalición política partidaria.
El actual formato de la discusión sobre Seguridad Social: Este nuevo gobierno creó una Comisión de Expertos sobre Seguridad Social (CESS), ya que nadie niega en Uruguay que el sistema previsional tiene graves problemas, el mismo genera un gran déficit fiscal al país, que en parte es consecuencia de un régimen de seguridad social desfinanciado sostienen casi todos los actores involucrados, aunque con matices. Hay un conocido proverbio, que dice que cuando no sepas como solucionar un problema pero quieras demostrar que estás buscando una solución, crea una comisión. Esta alusión no pretende subestimar el resultado que pueda tener el trabajo de esta comisión en particular, que presentará una propuesta de reforma al actual régimen de seguridad social, pero el principal problema pasa que cuando debatimos sobre seguridad social, el espectro de análisis debe ser más amplio y en realidad deberíamos discutir sobre Protección Social, que dentro de sus cometidos también está la Seguridad Social.
El gobierno uruguayo ha sido elogiado y destacado en el mundo entero, por su manejo de la Pandemia de COVID-19, lo cual es indiscutible, ya que fue de los pocos países que apeló a la responsabilidad individual y al cuidado colectivo, sin apelar a medidas restrictivas de la movilidad que violaran libertades individuales o garantías sociales, que además han demostrado ser ineficientes en donde se aplicaron como los confinamientos obligatorios, las cuarentenas coercitivas o los toques de queda con control policial y/o militar bajo pena pecuniaria y/o penal. Con el gran acierto de crear y respaldarse en los expertos en estas temáticas, como fue la creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), como órgano asesor de las decisiones políticas que siempre deben ser del gobierno. La estrategia del gobierno entendemos estuvo correcta sigue siéndolo, ya que estuvo más centrada en limitar los contactos sociales que en limitar la movilidad. Esta última fórmula de restringir la movilidad resultó totalmente ineficiente desde todo punto de vista y quedo demostrado en el mundo entero, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ya que además fue utilizada más como herramienta de control social para impedir marchas y protestas contra los gobiernos de turno en esos países, aquí existe libertad de expresión total, hasta para realizar marchas, como la realizada como vimos el pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aunque desaconsejada por los científicos y expertos en salud pública. Ya que el ser humano es un ser social por excelencia y esta pandemia muy inteligente en su núcleo de acción, vino a destruir nuestra más profunda esencia que motiva nuestra existencia, compartir momentos con otros seres humanos. Además debió poner en marcha una serie de medidas económicas con la creación del Fondo Coronavirus para apaliar en parte y de forma parcial los terribles impactos sociales que dicha pandemia ha generado sobre la población, en particular su impacto en la destrucción de fuentes de trabajo, lo cual incrementó el desempleo, en particular en sectores autónomos como microempresarios o cuenta propistas, además de otras personas con contratos laborales precarios que son muchos en Uruguay, tanto en el sector público como privado. Para contrarrestar esto, el gobierno otorgó subsidios por desempleo excepcionales, por más tiempo que el usual a quienes tienen trabajos registrados en el ámbito privado, con muchos menos requisitos para su acceso, además de otros tipos de subsidios con pagos puntuales por algunos meses para ciertos grupos de actividad que no puede desarrollar su actividad. Además de algunas exenciones y/o exoneraciones impositivas para empresarios muy afectados por las restricciones propias que impone el distanciamiento social y la imposibilidad de aglomerarse, entre otros impactos en la de-socialización que genera este virus, ya que su mayor afectación no está en lo físico quizás, sino en lo psicológico y esto lo confirmaremos a largo plazo, esa será la verdadera segunda ola de la pandemia de coronavirus. Todas estas medidas implementadas por el gobierno implican un costo muy alto para el Estado y la sociedad toda por ende que lo financia con tributos, ya que gran parte se pagará con endeudamiento externo del país, pero además para muchos grupos de actividad las medidas de apoyo fueron líneas de crédito que se deberán pagar con intereses y de caer en atrasos con multas y recargos, lo cual supone un alivio a corto plazo y una mayor presión a mediano plazo y quizás una catástrofe a largo plazo si las cosas no resultan como se espera y ya se están encendiendo ciertas alertas no tan alentadoras como las previsiones que se tenían hasta hace semanas atrás, de que estos impactos como mínimo serán hasta 2022 inclusive.
Nuestro análisis y propuesta: Muchas veces se dice que las crisis generan oportunidades, bueno esta crisis económica derivada de una crisis sanitaria en un país como Uruguay, que además tiene un cambio de gobierno con el inicio de la pandemia y que por su ideología distintiva a la de los gobiernos anteriores decide en este contexto asumir un debate que implica reformar el sistema de seguridad social, no puede dejar pasar el momento histórico de resolver varios problemas con una decisión estructural que solucionará la mayor parte de los problemas coyunturales de tipo económico, social, laboral y educativo.
Propuesta de libre disposición de fondos para los trabajadores de sus ahorros de capitalización individual en las AFAP´s: Nuestra propuesta consiste en permitir a los trabajadores acceso ilimitado y cuando lo deseen a un monto parcial o total de sus ahorros a la fecha de capitalización individual en las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP´s), si están comprendidos dentro del régimen de seguridad social mixto, que implica una parte de capitalización individual en cuentas definidas en estas instituciones privadas y que además dicho monto se supone que esté disponible, como en el caso de la persona que fallece y pasa a su acervo hereditario y es cobrado por sus familiares en forma contado efectivo, en caso de no configurarse el otorgamiento de una pensión. Antes de generar apreciaciones confusas hay que tener presente, que el trabajador amparado en este sistema mixto, no quedará sin aportes jubilatorios, ni sin una prestación llegado el momento de generar la causal jubilatoria, ya que se mantiene el tramo aportado y que le pagará el sistema público a través de la caja que corresponda, la mayoría a través del Banco de Previsión Social (BPS). Esto no afecta la solidaridad intergeneracional, ya que lo que va al BPS no se toca y además en caso de que la persona llegara a la edad de causal jubilatoria la cual se proyecta elevar o generará una pensión, tendrá siempre para cobrar el tramo del BPS e incluso una parte del tramo de su ahorro que la AFAP´s conservará si no retirara el total, si continuara trabajando y aportando, ya que el fondo que administra pasa a una aseguradora para el pago, por una tabla actuarial que estipula la proyección de vida en una edad exagerada sin dudas, la cual podemos asegurar que pocos alcanzan, la misma llegó a estar muy por encima de los 100 años de expectativa de vida que fija en la actualidad el BCU. Ya que no tiene sentido, en una situación de crisis absoluta como la actual, en uno de los países con la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica y del mundo sostenida desde hace décadas y en aumento, que los trabajadores no pueden acceder en caso de desempleo u otras causas de fuerza mayor a un capital, que es de su propiedad, que corresponde a su aportación personal, que sufre variables para bien o mal derivado de la rentabilidad que manejan otros en este caso las AFAP´s, en manos de ejecutivos con sueldos exageradamente altos para el mercado laboral local y el resultado de sus portafolios de inversiones los cuales han llegado a dar rentabilidad negativa, incluso por financiar negocios inviables, sumado a los descuentos por comisión de administración de las AFAP´s, comisión de traspaso del BPS y comisión de custodia del BCU. No parece razonable que si es una cuenta individual, personal e intransferible que termina siendo liquidada por una aseguradora, no funcione como un seguro de ahorro de retiro, en el cual, cuando uno lo desea, después de pagar o aportar cierta cantidad de años, uno tiene acceso al monto del dinero y a retirarlo y disponer del mismo en vida, por ejemplo para sobrevivir, para poder generase un autoempleo o micro emprendimiento para poder seguir trabajando y obtener ingresos auténticos, y así dinamizar la economía toda y no seguir apostando a financiar programas de asistencia social y transferencias directas mínimas como canastas de alimentación que poco ayudan a subsistir con dignidad o apoyando ollas populares lo cual es realmente inaceptable como política pública, lo cual ya aconteció durante la crisis bancaria de los años 2000. Ya que paradójicamente si se autoriza en Uruguay, cada vez más, que personas jubiladas vuelvan a la actividad laboral y manteniendo el cobro de su jubilación en el mismo Instituto Previsional en el cual aportan nuevamente (docencia), pues esto además siempre existió entre distintos institutos previsionales, la persona se jubila por uno y sigue trabajando aportando a otro, pero no dentro del mismo, antes debía dejar de cobrar la jubilación si volvía a la actividad. Esta propuesta contempla el principio de libertad del ser humano y el derecho a la propiedad privada, ya que además las cajas de retiro por ejemplo de los organismos internacionales, permite que los funcionarios al retirarse también puedan llevarse el monto total o cobrar una renta como prefieran, asimismo hay sistemas de seguridad social públicos que también permiten a los trabajadores cobrar una indemnización a su retiro o muerte en caso de no haber llegado a los aportes necesarios para una jubilación o pensión. Hay que comprender que en una situación tan excepcional como la actual, esto evitaría la innecesaria transferencia de fondos que está realizando el gobierno a los sectores trabajadores y empresariales afectados, que implica un fuerte costo para la sociedad que todos ellos también integran y costean, que no cubre a todos los que necesitan apoyo. Sin embargo esta iniciativa, si permitiría que todo quien la precisa, pero no está contemplado por ninguna asistencia pública, la pueda utilizar, no incrementar el endeudamiento del país, ni de la sociedad toda. Ya que de optar por acceder a esta opción que planteamos en caso de aprobarse una ley que lo autorizara y posterior decreto reglamentario que lo instrumentará, quien utilice sus fondos de ahorros de capitalización individual, dejaría automáticamente de percibir otras ayudas de estar recibiendo, como ser canastas alimenticias, subsidios sectoriales transitorios por inactividad, seguro de paro parciales, etc. Ya que parece contradictorio que el país toma deuda externa otorgada por el primer mundo y muy cara en este difícil momento para apoyar a los sectores más afectados por pérdida de actividad laboral y económica, pero al mismo tiempo dispone de fondos de miles de millones de dólares de las AFAP’s que se prestan a tasas más bajas dentro del país a mega emprendimientos propiedad de empresas trasnacionales muy ricas de primer mundo, que están realizando mega obras de infraestructura. Por ejemplo un tren central con fuertes impactos ambientales y en el hábitat y que en gran parte son financiadas por el Estado para instalar una tercer planta de celulosa, que pasada la obra civil no genera demasiados puestos de trabajo permanentes directos, para esto solo es necesario revisar la información oficial de los resultados de la instalación de las plantas de celulosa anteriores y que están en funcionamiento en la actualidad Además proponemos se cree un mecanismo como en otros temas más sensibles como es la donación de órganos, que con la firma de un formulario que oficiara como testamento especifico del monto de la cuenta que proporcionaran las AFAP’s, bajo certificación de firmas que deberá certificar notarialmente un Escribano Público de las AFAP’s, sin costo para el cliente de la AFAP, ya que muchas personas sin familia o con relaciones conyugales libres que no desean o pueden registrar, en caso de muerte este dinero se pierde o se lo queda la AFAP durante años hasta transferirlo al Tesoro Nacional (Estado). Lo cual supone una legislación contradictoria y que coarta el libre albedrío, si la persona puede disponer de sus órganos en vida, también debe poder disponer de sus ahorros previsionales legítimos de trabajo en vida, ya que los mismos son inembargables por norma constitucional, debe quedar claro el concepto está bien que pueda manifestar la voluntad de donar o no órganos en vida o manifestar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos que prolonguen su vida -conocido como testamento vital-, pero también debe poder decidir sobre el destino de sus ahorros laborales si no pudo llegar a utilizarlos. Parece poco lógico que una persona que queda desempleada en Uruguay, por más formación o no que tenga, deba terminar en situación de indigencia si no tiene familia que le pueda ayudar, teniendo quizás ahorrados en una cuenta fondos que le permitirían continuar subsistiendo con tranquilidad y no supuestamente tener que esperar a alcanzar la edad de jubilación 60 años en la cual quizás no acceda a prestación alguna o mínimo de 65 años para acceder a una renta mínima por el tramo de ahorro de la capitalización individual en la AFAP. Si bien la edad no parece ser muy avanzada debe computarse 30 años de aportes efectivos al sistema previsional, que además tiene algunos problemas a la hora de acumular lo cual ya hemos explicado con anterioridad. Esto sería un mecanismo que solucionaría la vida de muchos trabajadores desempleados por la crisis económica y social que generó esta pandemia, en particular aquellos que son cesados con contratos a término o a través de tercerizaciones con unipersonales, que no tienen acceso a ningún seguro por desempleo, ni a sindicatos que los protejan y presionen para reinsertarlos en bolsas de trabajo, ni a cursos de reconversión laboral estimulados con beca financiera, ni a nada. Además de no aprobarse una ley que permita el retiro completo de estos fondos cuando la persona lo desee que sería lo ideal, pues por ejemplo el trabajador que queda desempleado y pretende irse del país tendría derecho de poderse llevar su dinero para procurar comenzar una nueva vida en otro país y que este dinero no quede aquí para terminar siendo perdido seguramente, ya que son pocos los que se van y logran radicarse legalmente en otro país para poder aportar y contribuir a otros sistemas de seguridad social y luego acumular entre varios países, lo cual de todas formas se podría hacer con el tramo de aportación que aún continúa intacto aquí en el Banco de Previsión Social (BPS), siempre y cuando exista convenio bilateral de seguridad social, ya que es discutible la eficacia de los acuerdos multilaterales en estos casos. Los trabajadores tienen derecho a disponer de sus ahorros, ya que el sistema se creó con esta ideología de capitalización individual, como que fuera una cuenta bancaria, debería además poder ser trasladado también al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), para poder obtener préstamo de vivienda propia, ya sea para pagar el saldo en cuotas o complementar ahorros propios y tener una casa propia abatiendo los enormes costos de alquilar en Uruguay, de los más altos de la región. Incluso el Estado dentro de sus medidas de apoyo a ciertos sectores acomodados de la población financiando un porcentaje de los alquileres de personas que arriendan con garantía de la Contaduría General de la Nación (CGN) y/o de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), básicamente ambos mecanismos son utilizados por funcionarios públicos, bancarios o de grandes empresas, ya que implica tener ingresos muy altos y trabajos estables para lo que es el mercado de trabajo de Uruguay.
También debería permitirse a través del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), transferir parte de los trabajadores de sus cuentas de ahorro previsional de las AFAP’s en esta situación, un porcentaje de esos fondos para poder constituir Depósitos de Garantía de Alquileres, para quienes necesitan alquilar pero no tienen capital disponible para realizar la apertura de dicha cuenta de aval y están desempleados. Ya que este es el sistema de garantía de alquileres más común entre las personas de ingresos medio bajos y con trabajos menos estables, como lo son la mayoría en el sector privado en particular en el rubro comercio y servicios, que tampoco pueden llegar a las exigencias de las empresas aseguradoras que comercializan por costos altos seguros de alquiler. Esta propuesta, sí es una política pública de Estado, que en medio de una crisis económica y en el marco de la decisión de reforma la seguridad social, sería una caja de herramientas que permitiría solucionar problemas de diversa índole a muchos grupos heterogéneos de la sociedad, que no son alcanzados por las soluciones brindadas hasta el momento y también para otros sectores a los que si se le están ofreciendo alternativas, pero que no son sostenibles a mediano y largo plazo por cuestiones de financiamiento. Creemos que poder contar con un menú de instrumentos tan amplio, como ofrece esta iniciativa que sugerimos, justifica que se analice esta propuesta de justicia social, de redistribución de la riqueza propia y de recuperar parte del patrimonio individual de cada empleado y trabajador autónomo, en una coyuntura de incertidumbre internacional. Conclusiones Finales:
El Estado tiene el deber de brindar la mayor protección social a sus sociedades, esto en los países donde se cumple de forma adecuada es conocido como Estado de Bienestar, característica de los países nórdicos que suelen liderar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Generalmente esta red de Protección Social tiene base en los Sistemas de Seguridad Social, cuando estos son deficientes e ineficientes, la red de Protección Social suele serlo también. Para ello se procura por los gobiernos de turno impulsar reformas permanentes en los regímenes previsionales y de asistencia social, pero quizás un debe de esos intentos gubernamentales, es no integrar un enfoque transversal a estas políticas públicas de Estado.
Bueno, quizás esta crisis económica y social que muchos países atraviesan como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que la causó, impulse a los Estados a ser más audaces en sus reformas estructurales a corto, mediano y largo plazo. No conformándose con realizar retoques superficiales, para cumplir con las apariencias, llegó el momento de que quienes tienen el poder real, entiendan que el desafío es sociabilizar las pérdidas pero también las ganancias, proteger la propiedad privada tangible pero también la intangible, respetar la opinión pero también el conocimiento, ser mejores personas y así tener mejores sociedades. Ya que nadie puede cuantificar la pérdida futura que tendremos con estas generaciones, que se formen en estos dos o tres años de pandemia con sistemas precarios de educación y salud, que no han podido responder de forma satisfactoria a las necesidades de la poblaciones, quizás estemos ante una nueva década perdida como fue considerada la década de 1980 por varios organismos internacionales para toda Latinoamérica.
Quo Vadis Orbis?
Prof. Lic. Nelson Simatovich. Licenciado en Relaciones Laborales y Profesor Adscripto (Postgrado) en Derecho de la Integración (UdelaR). Ex Consultor y/o Experto en varios Proyecto de diversos Organismos Internacionales. Director del Programa Iberoamericano de Formación Universitaria Continua (PIFUC)