El Sindicato Policial alerta sobre el proyectado artículo 134 del Presupuesto Nacional que al determinar que un jerarca define si un funcionario está capacitado para seguir trabajando puede terminar en “abuso de los superiores a los funcionarios, persecuciones laborales y acosos sexuales”.
El planteo fue formulado el pasado viernes 11 en la Comisión parlamentaria que trata el proyecto de Presupuesto, por parte de una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom-U), integrada por su presidenta, Patricia Rodríguez; el secretario general, Fabricio Ríos; la asesora legal, doctora Flavia Nardone, y los asesores legales, doctores Andrés Ojeda y Daniel Ron.
“Me voy a referir al artículo 134. Como decía la doctora Flavia Nardone, para nosotros se crea un nuevo elemento. En primer lugar, quiero decir que como funcionario policial y como dirigente del sindicato esto no era lo que esperábamos del proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior”, dijo Ríos.
Agregó que “la verdad es que fue una gran decepción, más allá de no estar de acuerdo con casi su totalidad. Esto es raro porque había aires de apoyar a la institución policial, pero vemos que en realidad de presupuesto no tienen mucho estos artículos, pero sí de devolverle a cierto sector de la policía la discrecionalidad para que hagan y deshagan como ellos entiendan. Fue como una trompada al mentón, y nuestros compañeros así lo expresaron en asamblea”.
Por lo tanto, “queremos dejar constancia en la versión taquigráfica de que estamos totalmente en desacuerdo con la mayoría de los puntos de este proyecto de ley de presupuesto, y vamos a decir por qué. En realidad, en un sistema vertical como el que tenemos nosotros como policías, dar tanto poder de decisión en algunas cuestiones es muy complicado”.
Por ejemplo, agregó Ríos, “el STIP, como decía la doctora, es una reivindicación histórica del sindicato que se aplica en el caso de que algún compañero quede con alguna discapacidad, tanto sea parcial como total”.
“Siempre reivindicamos que, dependiendo de su estado de salud, pudiera mantener su puesto de trabajo, no en la tarea que hacía, sino en un lugar dentro el Ministerio donde pudiera seguir trabajando y no perdiera la relación laboral que tiene día a día. Pero, nos encontramos con que un jefe de policía o un director nacional tienen la potestad, no solo de decir si la persona está capacitada para seguir trabajando, sino también para sacarla del instituto. Esto lo vemos con malos ojos y como un problema”. Ante esto, añadió, “planteamos una solución, que es tratar de implementar una comisión interdisciplinaria en la que intervenga el servicio de salud ocupacional del Hospital Policial y un miembro del sindicato para trabajar en conjunto, a fin de analizar estas cuestiones”.
“Nosotros ya hemos vivido esta situación y sabemos que esto termina en abuso de los superiores a los funcionarios, en persecuciones laborales y en acosos sexuales. Entonces, para evitar todos estos temas sería bueno que se reviera la forma en la que se toma la decisión de dejar o no a un compañero dentro de la institución policial”.
Por otro lado, “se aumentan los años que hay que estar dentro de la institución policial para poder tener el subsidio transitorio de incapacidad. Esto también lo vemos mal, porque si un policía con cuatro años de servicio llega a tener algún problema o adquirir alguna lesión o incapacidad, debería tener el mismo derecho, porque nosotros tenemos un trabajo especial”.
Sin pensión
A su turno, Nardone realizó “una simple corrección. En realidad, lo que se hace es dejarlo fuera de la posibilidad de retiro. El subsidio transitorio por incapacidad se le otorga, pero no puede tener una pensión por ella”.
“Hemos hablado sobre la discrecionalidad del jefe y de los derechos y las garantías que se pierden. Por lo tanto, proponemos una comisión donde se trabaje en la salud ocupacional y pueda haber un representante del trabajador”, sostuvo.
Por tanto, “como verán, en cada una de las observaciones que hacemos hay una propuesta. Planteamos que se pueda formar una comisión para que todas las partes puedan ser escuchadas como garantía del trabajador, que no venga un jefe a disponer sí o no a un subsidio, o si sigue o no trabajando en la policía por cuestiones de salud. Eso nos parece súper agraviante”.
“Para que vean la dimensión del perjuicio que se le genera al trabajador policial con este proyecto de ley, el porcentaje del subsidio transitorio por incapacidad en algunos casos pasa del 65% al 40%. O sea, el trabajador en algunos casos solo va a cobrar ese porcentaje de su sueldo. Ya de por sí la jubilación hoy en día es muy baja, si encima tiene una incapacidad, va a cobrar el 40%”, puntualizó Nardone.
Para la asesora legal “esto nos parece muy grave, porque estamos hablando de los casos en los que no haya nexo causal con la función. ¿Pero qué es lo que pasa con el trabajador policial? Este muchas veces tiene enfermedades derivadas de la función, que no son producto de un acto directo del servicio, pero sí derivadas de la función especial del trabajador, por ejemplo, los temas psicológicos. Es una función compleja la del policía”.
Como consecuencia “en esos casos que no tengan relación con la función, el trabajador va a cobrar un 40%, y en algunos que tengan nexo causal el retiro va a ser del 50%. La verdad es que nos parece que el perjuicio es demasiado. Se lo deja, vuelvo a repetir, por debajo de los derechos que tienen los demás trabajadores en nuestra legislación. Ningún trabajador se va con 40% del sueldo por un subsidio transitorio por incapacidad”.
En relación a eso, “proponemos hacer un estudio con la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y con el Departamento de Salud Ocupacional, que trabaja en el Hospital de Clínicas, para ver cuáles son las enfermedades profesionales o funcionales y que se las trate de otra manera; es decir, que se dé un marco de mayor seriedad a los temas de salud del trabajador policial y no tan por arriba”.
Como dijimos, -explicó Nardone- “el régimen disciplinario que se establece en este proyecto de ley perjudica al trabajador. No se entiende tampoco con qué fin, porque esto no es un ahorro, ni tiene ninguna implicancia en el presupuesto; se establece un régimen disciplinario más gravoso. Si es necesario un cambio en el régimen disciplinario, que sea trabajado en forma bipartita o tripartita, con el sindicato, para que se puedan ver los perjuicios para el trabajador policial”.
Además, “hay que tener en cuenta que para ellos esto implica descuentos en sus salarios. No es menor el régimen disciplinario, dado que implica a veces meses enteros de descuentos de salarios, como para que lo pueda establecer un jefe”.
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