Compartimos la columna del colega uruguayos Hugo Machín, bajo el título “Retroceso colombiano”.
“En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las últimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.
Por Hugo Machín Fajardo
@MachinFajardo
Retroceso colombiano
No se equivocó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuando en 2019 informó que la situación en Colombia era entonces más compleja que en 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las FARC-EP: “la realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”, decía Christoph Harnisch, el suizo que fuera jefe de la Delegación del CICR en Colombia entre 2014 y 2020.
Desde noviembre de 2016 a 2018, el CICR documentó un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días, y auspiciaba un recrudecimiento de esta situación en 2019.
El año pasado fueron asesinadas 19 lideresas, una cifra que no se había registrado al menos en la última década y que se incrementó en un 50% con respecto al 2018, según el reciente informe de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer, que concluye que el 91% de estos homicidios —la mayoría de casos contra mujeres indígenas— están impunes y que “el 67% de responsabilidad de estos hechos se le atribuye a grupos neoparamilitares”.
En abril de este año Harnisch reiteró su preocupación “debido a la crítica situación en las regiones más golpeadas del conflicto por el aumento en los desplazamientos masivos, por el creciente número de víctimas de minas antipersonales y por la desaparición forzada”.
En agosto de 2020 se advirtió que “la macroeconomía e involución del coronavirus son dos aspectos clave en esta etapa generadores de lógica preocupación en la sociedad colombiana, sacudida además por violaciones a los derechos humanos que no ceden”. La pandemia del COVID-19, si bien no ha cedido, tampoco generó situaciones de colapso hospitalario como en algún momento pudo temerse, y aunque Colombia está sexta dentro de los países con más contagios reportados (700.000) en la lista de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que encabezan Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Perú; en el horizonte inmediato la pérdida de casi cinco millones de empleos aparece como uno de los principales desafíos para la tan ansiada recuperación económica.
En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las ultimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. La detención y sometimiento de Ordóñez realizados mediante inmovilización física y aplicación de 8 descargas de pistola taser, fue filmada por vecinos del fallecido. Cuando sus amigos llegaron al Comandos de Acción Inmediata (CAI), local policial al que había sido conducido Ordóñez, lo encontraron desmayado. Lo trasladaron a un centro asistencial donde se produjo el deceso producto de los golpes recibidos en el procedimiento policial.
La difusión de las escenas de la detención de Ordóñez, generó la repulsa ciudadana y la movilización de manifestantes en diferentes ciudades los días 10 y 11 de setiembre. En Bogotá, la protesta callejera fue aprovechada para generar vandalismo consecuentemente reprimido por la policía con un saldo de 10 muertos por disparos, 66 heridos por armas de fuego, 12 por arma blanca y 97 heridos por otro tipo de arma. Además, 114 uniformados resultaros lesionados. También 72 CAI resultaron destrozados por infiltrados —según distintas fuentes— en la protesta ciudadana que afectó a 78 buses articulados de TransMilenio, nueve de ellos quemados, según reportó la Alcaldía. La cifra total de muertos sube a 14 víctimas si se consideran otras ciudades.
El saldo negativo en materia de destrozos superó a las jornadas de noviembre de 2019, cuando murió a causa del accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el estudiante Dilan Cruz quien manifestaba durante un paro nacional.
El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.
Otro elemento no menor en lo que hace a la reconciliación ciudadana tuvo un momento de destaque luego de un encuentro entre víctimas y victimarios de las Farc. Ocurrió el 27 de agosto de 2020, cuando Carmenza López, viuda de un edil bogotano que fue asesinado por las Farc en 2008, rechazó un abrazo que le pidió Griselda Lobo, senadora del partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, hasta que los excombatientes “digan la verdad” de lo ocurrido con su esposo. En un acto enmarcado en una iniciativa estatal que busca la transformación en un periodo de 15 años de las zonas de Colombia más afectadas por la violencia, la senadora Lobo —conocida también como “Sandra Ramírez” y viuda del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín (1930 – 2008) alias “Tirofijo” o “Manuel Marulanda”— le pidió a la víctima que se dieran un abrazo “de reconciliación” tras pedirle perdón por el dolor que le causó la guerrilla. López le respondió que apenas están comenzando el “camino” de la paz y que “llegará el momento en que podemos llegar a ese abrazo”.
La respuesta de la viuda del edil llevó a la alcaldesa de Bogotá, de centro izquierda, Claudia López, a escribir en su cuenta de twitter: “No se abraza a cualquiera ni por mera retórica. La reconciliación solo es posible sobre la ‘verdad justa y honesta’ como lo reclamó hoy Carmenza”.
La falta de “verdad plena” aportada por los ex jefes guerrilleros a la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada especialmente para entender en los crímenes cometidos durante el enfrenamiento de 52 años entre las Farc y el Estado colombiano, determina un reclamo en numerosos sectores de la ciudadanía para que la JEP exija que los responsables digan la verdad sin más dilatorias o excusas apelando a la responsabilidad colectiva.
El ex comisionado para la paz a finales de los 90, Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en entrevista con la emisora bogotana La W el miércoles 16 de setiembre, sostuvo que “lo mínimo es que digan la verdad ante la Justicia, no en cartas, no en twitter, no en trinos(…) Lo están haciendo demasiado tarde y demasiado lento (…) en cuentagotas”. Y reclamó que lo hagan también en relación a sus vínculos con el narcotráfico.
Solamente en el tema secuestros cometidos durante el conflicto interno colombiano la investigación del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ‘Una sociedad secuestrada’ , advierte que “este flagelo ha trastocado la existencia de 39.058 personas en Colombia en los últimos cuarenta años”, una cantidad tan alarmante que con ellas podría llenarse un estadio de fútbol como El Campín de Bogotá. De estos, 522 murieron en cautiverio.
Gómez, citando el trabajo del CNMH, dijo a La W que las Farc son responsables de “más de 25.000 secuestros” documentados. De estos secuestros, 1.214 militares y policías fueron secuestrados por las guerrillas de las Farc y el ELN.
El jueves 17 de septiembre se conocieron dos informaciones relacionadas a las violentas jornadas de la semana pasada: un pronunciamiento conjunto del general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía de Bogotá, y la alcaldesa de Bogotá, López, confirmó que ya se tienen identificadas a 13 personas que atentaron contra los CAI, ciudadanos y policías durante las violentas jornadas de protestas de la semana pasada. Y también que la Fiscalía pidió la detención de dos de los siete policías relacionados con la muerte de Ordoñez para llevarlos a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio agravado.
Los sindicatos de Colombia convocaron a nuevas manifestaciones para protestar contra la brutalidad policial y contra la crisis generada por la pandemia. Desde el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y movimientos estudiantiles, anunciaron que se realizará el martes 21 de septiembre. Para ese día las centrales obreras convocaron a una caravana nacional para rechazar cualquier tipo de violencia que afecte la protesta social en Colombia
A todo esto, la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en proyecciones “que consideran únicamente las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, y no incorporan proyecciones de lo que sucedería con los ingresos no laborales de los hogares”.
Fuente Contenido: www.cadal.org
Fuente Imagen: lifeder.com