Ciudadanos y ciudadanas de diferentes localidades concurrieron a la Piedra Alta en el departamento de Florida, con respeto y por el derecho que les asiste de manifestarse, como había solicitado Lacalle el año anterior, para recordarle a él y a los gobernantes “que se deben al pueblo y no a las empresas extranjeras”. Lo hicieron a través de una carta que le entregaron personalmente al Presidente. La misma carta había sido entregada el día anterior en la Torre Ejecutiva.
En la misiva entre otros los y las ciudadanas le recordaron además que:
-el contrato entre UPM y el Poder Ejecutivo constituye un grave ataque a la soberanía de este país, es inconstitucional, fue firmado a espaldas de la gente y provocará daños irreparables a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya
-el proyecto traerá perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagaría los costos de infraestructura, estimados en más de 5.000 millones de dólares, que no se recuperarán, mientras que UPM invertiría 2400 millones, está exenta de la gran mayoría de los impuestos, operará en una zona franca y ganará 700 millones de dólares por año.
-entre las obras de infraestructura, la vía férrea que se realizará para uso prioritario de UPM compromete la vida de un sinnúmero de ciudades ya que las atravesará un tren con cargas peligrosas que pasará por zonas urbanas densamente pobladas, inclusive por la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, causará altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.
-La obra se ejecuta con pocos controles y sin haber realizado estudios pormenorizados de suelo. El uso de la traza antigua se justificó porque el terreno ya estaba nivelado y tenía 150 años de compactación por el pasaje del ferrocarril. Sin embargo en 25 de mayo llevan 5 metros de excavaciones y no logran estabilizar el terreno. Además, el suelo permanece inundado y no se desagota a pesar de que hay bombas extrayendo agua en forma permanente.
Finalmente le solicitan al Presidente que el “gobierno reconsidere de inmediato el trazado de la vía del Ferrocarril Central, se tomen por válidas las soluciones planteadas por técnicos y hasta por los Intendentes de Montevideo y Canelones, que no se permita que un tren de las características mencionadas atraviese la zona urbana de nuestras localidades, que se respete a la ciudadanía y no se avasallen nuestros derechos que deben tener prioridad sobre los contratos firmados en forma inconsulta con la ciudadanía” al igual que lo hicieron la semana anterior ante el MTOP.