CONCLUSIONES Y DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA AGENDA 2030.
A partir del año 2017, Uruguay asume el compromiso de presentar ante el Foro Político de Alto Nivel el Informe Nacional Voluntario (VNR, por su sigla en inglés) relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este mecanismo periódico para el seguimiento de la Agenda 2030 se concibe también, en los distintos países, como una instancia para compartir experiencias, desafíos y lecciones aprendidas en su implementación.
Desde el primer informe se dio cuenta de la importancia de vincular el proceso presupuestario nacional con la Agenda 2030 por ser uno de los más importantes mecanismos de financiación pública disponibles para su implementación.
Con el objetivo de aportar una mirada integral entre el vínculo del Presupuesto Nacional, desde la Planificación Estratégica de Gobierno y la ejecución presupuestal con los distintos ods y sus respectivas metas, es que se desarrolló una metodología de distribución del Presupuesto Nacional por ods. Este esfuerzo de distribución constituye un nuevo paso que abre una rica agenda de trabajo hacia el futuro.
Uruguay ha asumido su compromiso de llevar la Agenda 2030 a todo su territorio. En ese marco, se ensayaron experiencias innovadoras que demuestran que los ods y las metas que componen la Agenda 2030 son un instrumento útil para orientar la labor de los actores públicos a nivel territorial, priorizando acciones y actividades, favoreciendo la rendición de cuentas en la gestión de los gobiernos subnacionales en el marco de una estrategia transversal de desarrollo.
El proceso de localización de los ods en Uruguay ha mostrado fortalezas que permiten pensar la Agenda 2030 en clave territorial; sentando bases para continuar incorporándolos en los procesos de planificación y en la implementación y financiamiento de proyectos desde la mirada de desarrollo que combine lo social, lo económico y lo ambiental, sin dejar a nadie atrás.
El sector de la Economía Social (es) y las cooperativas, en particular, son intrínsecamente una forma de empresa sostenible y democrática que promueven la distribución equitativa de la riqueza, puestos de trabajo estable, el acceso equitativo a los bienes y servicios y la igualdad de género. Es así que se destacan las contribuciones de las cooperativas y las políticas públicas al logro de los ods y, en particular, los aportes de las instituciones públicas, Instituto Nacional del Cooperativismo (inacoop) y Ministerio de Desarrollo Social (mides), a la reflexión sobre los ods en clave de instrumentos y programas de políticas.
En lo que refiere al sector empresarial, es relevante abordar la temática de los ods teniendo presente el valor que dicha actividad posee respecto al consumo, producción, medioambiente, mercado, entre otros aspectos del crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, se ha avanzado en el involucramiento de las empresas respecto a la Agenda 2030, así como en recoger las iniciativas que las empresas vienen desarrollando y que contribuyen a los seis ods sobre los que versa este VNR.
Uruguay continúa trabajando fuertemente en la generación de ámbitos de participación en los que la sociedad civil organizada pueda incidir en el ciclo de la política pública. En este sentido, se presenta una breve síntesis de la participación ciudadana en los ods y en las temáticas que integran este vnr. Además de los espacios de participación ya existentes en las políticas públicas vinculadas a los ODS, se destacan los procesos de consulta realizados en el marco del presente VNR para los ODS 4 y 13.
A partir de la elaboración de cada informe, se han ido identificando indicadores suplementarios y complementarios de carácter nacional y oficial, dando lugar a una progresiva construcción de la matriz nacional de indicadores para el monitoreo de los ODS. Sin embargo, quedan desafíos en la generación de información en todos los ODS reportados en este informe. Es por ello que, como se mencionó en el vnr anterior, es necesario promover la consolidación de bases estadísticas y registros administrativos, así como la sistematización de datos y el consenso en metodologías para poder generar los indicadores que no se están midiendo actualmente en el país.
Los capítulos de los ODS presentados en este «Informe Nacional Voluntario – Uruguay 2019» permiten destacar una serie de avances y desafíos del país en las temáticas de educación de calidad; trabajo decente y crecimiento económico; reducción de las desigualdades; acción por el clima; paz, justicia e instituciones sólidas; y el fortalecimiento de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible.
Uruguay es referente en la región por su crecimiento económico sostenido con reducción de la pobreza y de la desigualdad y sus avances en protección social y trabajo decente. Junto al considerable crecimiento económico registrado durante los últimos 15 años y a una serie de importantes innovaciones en materia de política, el país ha logrado una mejora muy significativa en su nivel de desarrollo, fundamentalmente asociada a los avances en el mercado de trabajo y en la inclusión social. Estos logros obedecen a una serie de acciones relacionadas a una estrategia de transformación productiva y mejora de la competitividad del país, así como la profundización de la matriz de protección social. Las políticas de diversificación de mercados de exportación, las políticas de atracción de inversiones productivas de nuevos orígenes, pero también la reforma tributaria, la reforma de la salud, la reinstauración de la negociación colectiva, y el avance en derechos sociales y laborales en sectores históricamente postergados, constituyen factores explicativos del éxito alcanzado. Ejemplo concreto de ello son los avances generados en relación al trabajo doméstico y al trabajo rural, para los que se aprobaron normas que establecieron derechos fundamentales, que van desde la limitación de la jornada laboral y la generación de espacios de negociación colectiva, hasta la determinación de derechos y obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Si bien en los últimos quince años Uruguay ha tenido una disminución significativa del desempleo, persisten aún brechas en relación al acceso a un empleo de calidad y a la formación profesional. El género, las generaciones, la discapacidad y la ascendencia étnico-racial se mantienen como ejes estructurales de la desigualdad y suponen un desafío que puede comprometer los logros obtenidos en materia de bienestar social. Estas desigualdades son, además, un obstáculo crítico para afrontar los desafíos futuros que supone un desarrollo sostenible: transformación productiva, cambio demográfico, sostenibilidad ambiental, convergencia tecnológica y equidad social, entre otras.
Por esto es necesario avanzar en la integración activa de las partes involucradas para la construcción de estrategias que comprendan y atiendan la complejidad de los sujetos de nuestras políticas, con la diversidad que los comprende: afrodescendencia, trans, discapacidad, juventudes, mujeres, migrantes, entre otras. Esto también supone un desafío a la comprensión de los sujetos clásicos del mundo del trabajo y sus problemáticas y conflictos. Si bien la incorporación de estas dimensiones de la desigualdad al momento del diseño de la política pública es una obligación de parte del Estado, también interpela a los propios actores.
En materia de educación de calidad, se destacan los resultados alcanzados en los niveles de desarrollo infantil, las pruebas de aprendizaje en educación primaria y las competencias desarrolladas en tic por parte de los jóvenes, cuyos valores se sitúan por encima del 70% respecto a la meta. También se resalta el elevado nivel de asistencia en edades obligatorias en preprimaria, niveles de alfabetización de la población y la infraestructura de los centros educativos en materia de tic, cuyas metas se han alcanzado en su totalidad (100%).
Sin embargo, de cara a la Agenda 2030, aún queda camino por recorrer en cuanto a los niveles de competencia en lectura y matemáticas al finalizar la educación media básica, la asistencia a centros educativos de jóvenes de 15 a 24 años de edad, o en universalización de docentes titulados de enseñanza media básica y superior.
En lo que refiere a la acción por el clima, Uruguay ha sido uno de los países que le ha otorgado prioridad política a esta temática, desde una visión transversal, expresada con la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC) en 2009, dando como resultado una integración progresiva del cambio climático en las políticas públicas, donde están incluidas la estratégica de desarrollo sostenible, resiliente y baja en carbón, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y equidad intra e intergeneracional.
Estas prioridades y acciones políticas han estado dirigidas a disminuir la vulnerabilidad -mediante la gestión de riesgos y la adaptación- y las acciones de mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI). A su vez, resulta importante destacar algunos desafíos por atender como, por ejemplo, la sistematización de datos como herramienta de planificación, monitoreo y evaluación de las políticas, ampliar la educación y sensibilización de la ciudadanía, así como extender la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil organizada.
En cuanto al avance en promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, se han dado pasos importantes favorecidos por una institucionalidad robusta y un conjunto de nuevas propuestas e iniciativas en esta línea. Se destaca la puesta en marcha, en 2017, de un nuevo Código Procesal Penal que conlleva múltiples cambios en materia de acceso a la justicia y en la institucionalidad involucrada, tanto a nivel del Poder Judicial como en la Fiscalía General de la Nación y los procesos, la plataforma y los dispositivos asociados a esta.
Estas medidas, junto con otras, son fundamentales en las estrategias orientadas a la prevención, disminución y registro de situaciones de la violencia, que presentan particulares desafíos en el caso de los niños, niñas y mujeres, así como en personas en situación de encierro.
Uruguay continúa impulsando fuertemente acciones tendientes al desarrollo tecnológico al servicio de la buena gobernanza y modernización de la gestión, la transparencia y la cercanía del gobierno en proximidad a los territorios, personas y sus problemáticas.
Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años se han producido en el país grandes reformas en el marco normativo e institucional: reforma tributaria, fortalecimiento del sistema financiero, cambios en la gestión de la deuda pública, mercado de valores y, recientemente, modificación en las reglas de funcionamiento del sistema financiero, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a este tipo de servicios por parte de toda la población.
Es necesario continuar trabajando sobre los resultados positivos que han tenido estos procesos, para contribuir a la necesaria movilización de recursos que permita financiar el logro de los ODS, en particular, a través de mejoras en la calidad del gasto público, disminución de la evasión fiscal, fomento de la inversión privada a través de la participación público-privada (ppp), mientras que en lo que tiene que ver con recursos externos, se continúa fomentando la atracción de inversión extranjera directa (IED) al país, a la vez que se profundizan las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular.
En materia de cooperación, Uruguay ha consolidado su institucionalidad y ha fortalecido su Programa de cooperación Sur-Sur y triangular, manteniendo hoy un rol dual en la cooperación internacional, aportando al desarrollo sostenible en la medida de sus capacidades. En el país se ha elaborado, en forma participativa y con un enfoque prospectivo, la Política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible con un horizonte 2030, la que es necesario concretar en un plan nacional.
Uruguay continuará sumando valor al logro de los ODS en el marco de la Agenda 2030, promoviendo activamente el desarrollo de políticas y prácticas, la consolidación de capacidades institucionales y de la ciudadanía para asegurar el empoderamiento de las personas y garantizar la inclusión y la igualdad.