A instancias de la bancada de gobierno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro compareció en régimen de Comisión General en la Cámara de Representantes para informar sobre las “acciones emprendidas por el gobierno a través del ministerio de trabajo y seguridad social, en función de la denuncia realizada por las cámaras empresariales ante la OIT”.
En una sesión en donde el Partido Colorado y el Partido Independiente abandonaron la sala, desde la oposición del Partido Nacional, ¿cuáles fueron los reclamos”.
El diputado Gerardo Amarilla (PN) precisó que “necesitamos defender al trabajo, defender al empleo, defender las relaciones laborales sanas, equilibradas, con garantías y seguridades para todas las partes, que fundamentalmente garanticen el desarrollo nacional con empresas fuertes y empleos dignos que permitan el desarrollo integral de nuestras familias”.
Asimismo, dijo que en su colectividad “sí queremos consejos de salarios, que sí queremos negociación colectiva y pretendemos relaciones laborales equilibradas manteniendo la debida equidistancia con los actores sociales”.
En su ponencia, Amarilla, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo manifestó:
“En primer lugar, nos gustaría exponer sobre los antecedentes y poner en contexto el tema de las observaciones de OIT a la ley, hoy vigente de negociación colectiva, ley 18566 de 2009.
Como todos sabemos la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio elevaron en 2009 una queja ante el Comité de Libertad sindical cuestionando que esa norma atentaba contra principios de la Organización. Queja que tiene una década y cuyo tema de fondo no se ha podido resolver. Una década perdida.
En Marzo de 2017, carpeta 1878/2017, por invitación del diputado Pablo Abdala presentamos un proyecto que ley dando estado parlamentario a un trabajo del Dr. Nelson Larrañaga Zeni, que tiene por objeto modificar la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, sobre el sistema de negociación colectiva y así resolver esas observaciones que tiene nuestro sistema actual.
El 5 de diciembre de 2017, el Ministro Murro concurre a Comisión de Legislación de Trabajo por invitación nuestra y es consultado por nosotros sobre este tema ya que nos habíamos enterado a través de la prensa, de la comunicación de la OIT con respecto a la queja que fue presentada ante dicho organismo.
En la oportunidad hicimos referencia a la visita en esos días del director general de la OIT, señor Guy Ryder, que notas de prensa realizadas durante su estadía en Montevideo, hizo alguna referencia a que la OIT había enviado a nuestro Gobierno una comunicación instando a cumplir con determinadas recomendaciones de este organismo internacional.
Entendíamos y entendemos que es importante la comunicación permanente y fluida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre los avances, manifestándole nuestra intención de colaborar en las herramientas legislativas necesarias para levantar las observaciones.
El Ministro Murro nos confirmaba la comunicación de la OIT resaltando que se reconocía en la misma avances notables, olvidándose decir que esos avances eran respecto a las coincidencias entre las propuestas del Gobierno y las Cámaras Empresariales, porque no sabemos porque no habían llegado las propuestas del PIT CNT. Pero esos avances catalogados como “Notables” lamentablemente nunca se plasmaron en normas concretas y cambios que pudieran levantar esas observaciones.
El ministro agregaba y reconocía que había mucha cosa por hacer, pero entendía que había que seguir “trabajando en este camino de diálogo, negociación, tripartismo, que es el correcto, para avanzar en algo en lo que Uruguay está muy bien. Si no tuviéramos el 95% de acuerdos entre los empresarios y trabajadores en la negociación colectiva, si no tuviéramos 95% de acuerdos en los conflictos, y si cuando elaboramos un proyecto de ley o un decreto no consultáramos a nadie, se podría hablar más de otra cosa y no de la importancia que esto tiene. Pero estamos en el buen camino.”
Frente a ese optimismo y visión tan positiva del señor Ministro tenemos que recordar que desde allí para acá, la cosa lejos de mejorar, empeora.
En los últimos seis meses de 2019, se registraron 57 conflictos y seis ocupaciones. Esto evidencia a nuestro juicio la falta de un buen sistema de prevención y solución de conflictos. Las empresas no tienen la suerte que tiene UPM de tener una oficina de trabajo propia, ni que se le de tanta importancia a este tema como se le dio a UPM con la resolución 400 sobre el tema de prevención. Que la confrontación deje paso a la colaboración. El entendimiento debe estar por encima del conflicto. La política laboral cumple un rol central al momento de definir las estrategias de desarrollo de un país. La capacidad de dialogo y de búsqueda de consensos es absolutamente necesaria para que exista una adecuado clima de inversión y negocios.
Los desafíos que presenta el mundo del trabajo, en todo lo referente a la tecnología, van a requerir de una mejor negociación colectiva, la que cada vez va a tener un mayor contenido: cómo se organiza el trabajo, los tiempos en que se presta. Si no reflexionamos en la idea de colaboración vamos a obstaculizar el desarrollo de la negociación colectiva.
Además tenemos que decir que a este desafío, hay que sumarle el deterioro del mercado de trabajo desde 2014 a la fecha. El viernes pasado conocimos el dato de la tasa de desempleo de julio que alcanza al 9,1 %. Sigue la destrucción de empleo en comparación al 2018. El desempleo de los menores de 25 años es de un 27%.
Entre 2014 y 2018, las telecomunicaciones es el único sector que crece. Y, paradójicamente los otros días la Cámara de Tecnología nos decía que le faltaban 2500 trabajadores y no los encontraba por no existir la formación adecuada.
La construcción en este período (caída total acumulada) cayó un 15%. 70.000 ocupados en el pico más alto 2014 y se bajó a 45.000 mil.
Las actividades productoras de bienes reducen los puestos de trabajo. La industria manufacturera y el agro son ejemplo de ello.
Miremos el agro desde 2008 a la fecha se han perdido14.000 empleos.
Y sobre las empresas que se presentan en concurso tenemos que decir que en el 2019, sólo entre enero y marzo fueron 18 empresas. En el año 2018 fueron 108 empresas y en el 2017, 117 empresas.
Como si fuera poco, ayer se conoció por el diario EL País un informe titulado “Los Trabajadores y la Seguridad Social en Uruguay” elaborado por el Sistema de Información de Calidad Laboral (Siclab), y de ese informe se desprenden datos preocupantes y que nos obligan a reflexionar y supongo que al Ministro por sus responsabilidades en mayor medida.
En este caso, se destaca que cerca de la mitad (44%) de los trabajadores de nivel socioeconómico bajo declaran que no aportan a ninguna caja jubilatoria.
Y si los trabajadores de nivel socioeconómico bajo se ven afectados por el empleo “en negro”, también lo están los jóvenes. Mientras que a nivel total, la informalidad alcanza al 24% de los trabajadores, cuando se observa entre los jóvenes (18 y 29 años) el porcentaje es de 32%.
El Ministro decía en aquella comparecencia 2017 que había mucho que hacer y encaraba el años 2018, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Ministros, para elaborar los lineamientos para la importante instancia de negociación.
Nos gustaría saber ¿qué frutos han dado esos lineamientos y cuál es la evaluación del Ministro al respecto después del tiempo transcurrido y frente a los números actuales?.
Luego de diversos informes de OIT, en febrero de 2019, la Comisión de Expertos exhortó al Gobierno Uruguayo a que envíe un proyecto de ley, adecuando la regulación nacional, pero el mismo no se concretó.
Es así, como llegamos a junio de 2019 y se incluyó al país en la llamada lista negra.
Una vez escuchadas las explicaciones del Gobierno, la Comisión de Aplicación de Normas elevó un informe a la Conferencia General de OIT que determina:
- iniciar medidas legislativas antes del lº de noviembre de 2019, previa consulta plena con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y tomando en consideración la recomendación de los órganos de control de la OIT, a fin de garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica nacional con el Convenio, y
- preparar, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una memoria para presentarla a la Comisión de Expertos antes del 1° de septiembre de 2019, informando detalladamente sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica”.
Es decir, dos acciones concretas: a) una memoria antes del 1 de setiembre de 2019, en virtud de la cual se informa sobre las medidas adoptadas y b) iniciar mediadas legislativas antes del 1 de noviembre del presente año.
Por tanto, ya adelantamos la primera pregunta: que nos informe sobre la memoria remitida a OIT.
Ahora bien, permítanme las siguientes reflexiones:
– el tema de las observaciones de OIT, lleva un década sin resolverse. Una década perdida a este respecto.
– Desde el Partido Nacional, como ya lo dijimos, presentamos un proyecto adaptando la legislación nacional a los convenios internacionales de trabajo, que podrá gustar o no pero sí constituía un insumo para el debate. Lamentablemente el Gobierno ha perdido tiempo y no ha considerado ni esa propuesta ni en el parlamento hemos podido avanzar en alguna otra al respecto..
– hoy el tema de las observaciones de OIT, es un tema del país todo. Es la situación de Uruguay frente a la OIT.
El Ministro ha señalado en reiteradas oportunidades que hay que cumplir con OIT. Sin embargo, en los últimos días, se ha expresado por su parte que si gana la oposición no habrá aumentos de salarios. No hay un solo fundamento para afirmar una cosa así. No podemos distorsionar el debate.
Por tanto, debe quedar claro que levantar las observaciones de OIT:
– no implica la inexistencia de aumentos salariales. Eso no tiene nada que ver y es “fuego distractivo” que genera confusión cuando no intencionalmente embarrar el debate con cuestiones ajenas al asunto.
Todos sabemos que si los actores sociales no se ponen de acuerdo hay norma jurídica habilitante que permiten los ajustes.
Lo que está en tela de juicio son determinados artículos de la ley. Y, sobre este punto hacemos la segunda pregunta: que nos informe sobre los avances logrados a la fecha sobre cada una de las observaciones.
Como integrante del Partido Nacional, le decimos al Ministro que: sí queremos consejos de salarios, que sí queremos negociación colectiva y pretendemos relaciones laborales equilibradas manteniendo la debida equidistancia con los actores sociales.
Estamos sumamente preocupado por la destrucción de puestos de trabajo, la falta de reglas claras y entendemos que el deterioro de las seguridades jurídicas en el ámbito laboral llevan a inestabilidad, a la ausencia de inversión, a la pérdida de empleos y a la pérdida de oportunidades para las familias uruguayas de tener un trabajo digno, estable y con un salario que le permita sustentarse, generando oportunidades de desarrollo integral para esas familias.
Hay que asumir la responsabilidad y no asumir el camino fácil pero equivocado de echarle la culpa a otros, de imaginar una conspiración de dimensiones internacionales contra Uruguay, de comparar con otras realidades peores del mundo o del país en otras épocas pasadas, en fin buscando excusas para no hacer lo que hay que hacer. Los votos del Partido Nacional están para aprobar las modificaciones necesarias para corregir las normas y levantar esas observaciones.
Necesitamos defender al trabajo, defender al empleo, defender las relaciones laborales sanas, equilibradas, con garantías y seguridades para todas las partes, que fundamentalmente garanticen el desarrollo nacional con empresas fuertes y empleos dignos que permitan el desarrollo integral de nuestras familias”.
Fuente Imagen: www.integramk.com