La desmovilización de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, más allá de los nubarrones que suponen el desparejo manejo del post conflicto, la duplicación del número de hectáreas dedicadas al narcocultivo y la persistencia de las denominadas disidencias de las Farc, es el logro principal que lega Santos.
En Colombia pareciera que la campaña electoral sigue. Los cuestionamientos al presidente electo Iván Duque, a dos semanas para el inicio de su mandato, son permanentes en los usuarios de redes sociales adversos al partido del Centro Democrático (CD), que le llevó a la Casa de Nariño. El clima político terminó de complicarse con la renuncia a su banca en el Senado del ex presidente Álvaro Uribe.
Por su parte, el ex candidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, anuncia una gran manifestación para el 7 de agosto, día en que asume el nuevo gobierno. Petro está convencido de que tiene ocho millones de votos que lo respaldan y quiere marcar la cancha desde el inicio del partido. Algo que en el Senado no le será tan fácil, pues allí cuenta solamente con dos bancas propias. El resto de la oposición a la mayoría del Congreso conformada por el CD, conservadores, sectores del Liberalismo y Partido de la U, por diferentes razones, no le delegan al candidato perdedor en segunda vuelta esa función de líder único.
Para empezar, los verdes tienen su propia orientación ejercida por otro ex alcalde bogotano y ex rector universitario, Antanas Mockus, el segundo senador más votado detrás del expresidente Álvaro Uribe en las elecciones legislativas de marzo.
Mockus hizo de las suyas el día en que se instaló el nuevo Congreso, bajándose sus pantalones y mostrando el trasero a sus colegas en reclamo de atención para el senador que en ese momento hacía uso de la palabra. Repetía lo hecho años atrás, siendo rector, ante un auditorio estudiantil que tampoco respetaba el uso de la palabra.
Otros senadores verdes como la politóloga Claudia López, quizás candidata a alcaldesa de Bogotá en 2020, tampoco aceptan a Petro como jefe, al igual que el socialdemócrata Jorge E. Robledo y sus tres compañeros de bancada que mantienen diferencias con ese liderazgo.
Uribe, principal dirigente del CD, sorprendió a Colombia el martes 24 con la renuncia a su banca luego de serle comunicada una citación de la Corte Suprema de Justicia que le indaga a propósito de una eventual manipulación de testigos, que atribuirían vínculos de Uribe con el paramilitarismo de hace años, denunciada por un senador de izquierda, Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).
«Que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”. Así explicó Uribe su renuncia, lo que es percibido como señal de probidad por los 800 mil colombianos -votación record en la historia del país- que reeligieron para el Senado a quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
Sus contradictores sostienen que es una estrategia de justicia procesal que le permitiría a Uribe dejar de ser investigado por la Corte para ser analizado por la Fiscalía, cuyo titular deberá ser designado en dos años por la administración Duque. Petro, uno de sus mayores adversarios políticos sostuvo que «La renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos», según escribió en su cuenta de Twitter.
“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, fue la rápida respuesta de Uribe.
El presidente Juan M. Santos agregó un elemento polémico al panorama al afirmar el miércoles 25 que Colombia nunca conoció los documentos sobre la negociación entre políticos y paramilitarismo –desarrollada por la administración Pastrana en 2001 – a diferencia de lo que él ordenó respecto a los diálogos de paz con las Farc, concretados en los 10 tomos en que se documenta la implementación de los acuerdos de paz plebiscitado en octubre de 2016.
La desmovilización de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, más allá de los nubarrones que suponen el desparejo manejo del post conflicto, la duplicación del número de hectáreas dedicadas al narcocultivo y la persistencia de las denominadas disidencias de las Farc, es el logro principal que lega Santos. No es un hecho menor y que motivó la alerta de la ONU que desde 2016 hasta el 30 de junio de 2018, fueron asesinados 311 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Cada tres días un activista es asesinado en el país.
En materia de reforma de la propiedad rural, las cifras merecen conocerse: del millón de hectáreas despojada desde 1990 por grupos ilegales, se restituyeron 302.548 en 7 años, según datos oficiales. Los sectores armados habían apoderado de 40,1% del total de ocupaciones ilegales en el caso de las Farc y el segundo grupo guerrillero, el Eln. El paramilitarismo fue responsable del 35% de esos despojos y el 25% restante, se prorratea entre otros grupos delictivos.
Hay 38.954 víctimas beneficiadas. Restan 112.939 solicitudes de restitución de las cuales se han intervenido 86.176, o sea, el 80% de las solicitudes.
Si se observa el medio vaso lleno, debe destacarse el cambio en materia de política exterior logrado desde 2010. De estar aislada de sus vecinos Colombia, luego de la administración Uribe, pasó a tener buenas relaciones con Ecuador y Venezuela, aunque en la última etapa los pretextos de Maduro para justificar su inviabilidad eclipsaron aquel buen comienzo entre Santos y Hugo Chávez. La corta memoria no debe olvidar que Colombia y Venezuela vivieron tensiones importantes. Recuérdese el Concierto Paz sin fronteras de 2008 realizado en el Puente Simón Bolívar, frontera colombo-venezolana, donde decenas de miles de ciudadanos de ambos países acompañaron a Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Juan F. Velazco, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Miguel Bosé todos unidos en el reclamo de paz.
Agréguese en materia de infraestructura que en seis años el programa de autopistas colombianos de cuarta generación ya cuenta con dos vías con un avance de obra de más del 70% y seis mas con un porcentaje de ejecución entre el 20 y el 45 % de un total de 30 proyectos según el periódico Portafolio, de Bogotá.
Colombia pasó de contar con 718 kilómetros de doble calzada a 1.240 km. fruto de la administración Santos, quien luego de haber llegado a 14% de popularidad, está retirándose, tras dos periodos consecutivos, con 40% de aceptación.
Santos logró que Colombia fuera integrada en la OCDE y en la OTAN. Ambos hechos tienen elogios y críticas.
El Jefe para Latinoamérica del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ángel Melguizo, elogia el dinamismo económico del país al que ubica superior al promedio latinoamericano y de la misma OCDE, pero menor al de economías líderes asiáticas o de la región. Melguizo recomienda dar un salto en productividad -que ubica en 30% de países de la OCDE – apuntar al reforzamiento institucional, a la inversión en educación de calidad y en competencias laborales; a buscar mercados financieros más desarrollados y robustecer la política fiscal.
El presidente electo, Duque, tiene una perspectiva compleja porque deberá atender varios frentes deficitarios. El equipo que le acompañará no necesariamente obedecería a cuota partidaria ni al sector más radical del uribismo. No quiere decir que no haya despertado crítica ya, pero todavía están en el vestuario.
Duque adelantó que apoyará la consulta anticorrupción prevista para el 27 de agosto, una iniciativa ciudadana impulsada mediante recolección de firmas y aprobada en el Congreso. Se plebiscitan siete puntos: bajar el salario de parlamentarios y funcionarios de alta jerarquía; quitar beneficios de cárcel especial para corruptos; contratación pública con pliegos tipo en todo el país; presupuestos públicos con participación ciudadana; rendición de cuentas de gestión de los parlamentarios; declaración pública de rentas e ingresos de funcionarios electos y máximo de tres períodos de los mismos funcionarios en corporaciones públicas.
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