El tema fue analizado el pasado miércoles 14 de marzo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes junto con autoridades de gobierno, en el marco de la investigación del “Caso Balcedo”.
“La compra venta de autos no está incorporada como delito precedente del lavado. Por lo tanto, el escribano no tenía necesidad de hacer la debida diligencia. Este tema puede ser discutible. Cuando en 2016 se discutió en un grupo operativo la modificación de la ley, se habló de la posibilidad de incorporarlos o no”.
Según Espinosa, “en Uruguay, se compran setenta u ochenta autos de alta gama por más de US$ 100.000 por año. Si valía la pena controlar eso, había que poner mil automotoras como sujetos obligados y controlarlas. Además, se juntó con que la evaluación de riesgo de lavado de activos del país no identificaba la compra venta de autos como algo muy común y que pudiera ser un riesgo de impacto”.
“De hecho, -agregó- seguro que es un llamador de inusualidad. Creo y lo seguimos pensando que esto se puede controlar porque son pocas transacciones por año. Se podría hacer algún control alternativo para no obligar a mil automotoras a ser sujetos obligados”.
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