El tema estuvo en la deliberación de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes del 13 de diciembre.
Compartimos la ponencia de la Red de Padres Responsables).
–La Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene el gusto de recibir a integrantes de la Red de Padres Responsables, quienes solicitaron audiencia para plantear su preocupación sobre la educación sexual que se propone para sus hijos. Nos visitan Soledad Caballero, Diego Velasco Suárez y Carlos González de Palleja.
SEÑORA CABALLERO.- Buenas tardes. Mi nombre es Soledad Caballero y formo parte de la Red de Padres Responsables.
Somos una organización de padres que estamos preocupados por el giro que ha tomado la propuesta educativa, concretamente en lo que refiere a la educación sexual. No estamos identificados políticamente con nadie, ni con una religión, credo o ideología.
Si bien hay cosas con las que estamos de acuerdo con relación a la propuesta educativa, con otras no lo estamos. Lo que no compartimos de esta propuesta es que el sexo sea una construcción cultural; por tanto, desconoce el aspecto natural del cuerpo. Tampoco compartimos que la persona y el cuerpo transiten por caminos separados. Entendemos que la persona es una unidad y que somos mucho más que una inclinación sexual. Creemos que las diferencias entre el hombre y la mujer se complementan y no establecen una dominación de lucha de poder entre unos y otros. También entendemos que los niños son todos diferentes y tienen distintos niveles o etapas de maduración y personalidades, por eso estamos seguros de que solo sus padres tienen la capacidad y el conocimiento para educarlos en temas como la sexualidad. Ofrecer información a destiempo puede causar una ruptura en la personalidad de los niños. En definitiva, como madre siento que hay un ataque a la infancia y a la inocencia de todos los niños, entre ellos, a las personas más importantes para mí: mis hijos. Soy madre soltera de cuatro niños, tres de ellos en edad escolar y uno liceal y busco lo mejor para ellos como muchos padres del país buscan lo mejor para sus hijos. Lamentablemente sé lo que es recibir información a destiempo y también sé qué es lo que se siente cuando te fracturan la infancia y la inocencia, porque viví en carne propia el daño que todo eso produce y puedo jurarles que no es lo que quiero para la vida y el buen desarrollo de mis hijos, ni de ningún niño del país. Tengo muy buena relación y comunicación con las maestras y con los docentes de mis hijos. Por lo tanto, yo quiero ser informada y participar en la educación de mis hijos en todos los aspectos, sobre todo en la sexualidad, la moral y los valores.
SEÑOR GONZÁLEZ.- En el año 2008 se cambia en la ley general de educación y el concepto de laicidad. El anterior concepto consideraba que la escuela debía enseñar lo que estaba científicamente probado y que lo valorativo –política, religión y moral– se reservaba para el ámbito familiar. De esta manera se buscaba evitar el enfrentamiento en temas delicados y privados. Debemos tener en cuenta que en ese momento las corrientes inmigratorias en el país eran muy fuertes y se empezaba a delinear esta población culturalmente heterogénea que caracteriza al Uruguay. También de esta manera se buscaba evitar el adoctrinamiento político de niños y jóvenes por parte del Estado.
A partir del año 2000 se reconoce la existencia en el Uruguay de una carencia en educación en valores y se entendió que la enseñanza a diferencia de lo que se venía haciendo debía incluir aspectos valorativos en su propuesta educativa, cosa que compartimos plenamente.
El nuevo concepto de laicidad habilita esta posibilidad, pero al ser temas no probados científicamente establece que para formar pensamiento crítico necesariamente se deben brindar todas las miradas existentes sobre estos temas.
La educación sexual forma parte de la educación en valores y estamos de acuerdo con que se brinde educación sexual en las escuelas y liceos, pero al tratar temas que competen a la intimidad, la ética y la moral privada en niños y jóvenes menores, necesariamente debe contar con la autorización y el consentimiento de los padres. Ellos son los garantes y portadores de la patria potestad de sus hijos. No se puede desconocer este derecho – deber de los padres para con sus hijos.
La propuesta educativa, a través del programa de educación inicial y primaria y reflejada en las diferentes guías docentes propuestas desde el 2015 hasta la fecha, que es transmitida en los talleres de formación docente vigentes, está enmarcada en una visión constructivista de la sexualidad.
El programa se basa en un concepto de género que concibe al sexo como una construcción social y percibe a la persona de forma disgregada. Este concepto de género atraviesa de forma transversal toda la propuesta educativa en el entendido que para problematizar, deconstruir e incorporar un sistema nuevo de valores lleva tiempo y no alcanza con una clase por semana. Así la propuesta educativa propone una mirada de la sexualidad basada en la búsqueda del placer, del sexo como un juego, como algo divertido, el sexo no vinculado a la responsabilidad. Esta mirada no es compartida por un gran número de padres que entendemos que la persona es un ser único con su naturaleza y su ser personal, actuando coordinadamente. Entendemos también que esta visión lúdica de la sexualidad, lejos de contribuir a solucionar los temas más acuciantes que padecemos hoy como sociedad: violencia doméstica, abuso infantil, embarazo adolescente, entre otros, al sexualizar a los niños, los agudizan.
En este contexto decidimos que como padres debíamos manifestarnos y hacer valer nuestro derecho amparado en la Constitución, pero dentro de un marco de diálogo y colaboración con las autoridades de la educación. Creemos que esta es la única manera posible de lograr juntos una propuesta educativa que contemple las diferentes miradas y que involucre a todos los padres. El accionar coordinado de docentes y padres es vital para el desarrollo pleno de nuestros hijos. Un escenario de confrontación entre los padres y la escuela no es una opción válida porque terminaría afectando lo que todos queremos proteger y lo más valioso: los niños y jóvenes del país.
Como padres tenemos el deber y el derecho de decidir la educación que queremos para nuestros hijos. No podemos imponer a otros nuestra visión de la persona y de la sexualidad, pero tampoco otros pueden imponernos la suya. Lo que sí podemos exigir es que se informe a los padres para que estos puedan decidir y que no se les ofrezca una única visión de cuestiones debatidas, menos si, como es el caso, se trata de una cuestión que afecta a la intimidad de nuestros hijos. Exigimos libertad para elegir la educación que nos parece más conveniente para nuestros hijos.
Alineado con este sentir es que se promovió la presentación de un petitorio a las autoridades del Codicén en el que se solicita el consentimiento informado y libre de los padres para enseñar educación sexual en las escuelas y liceos del país y que los padres puedan optar por la opción más conveniente según sus convicciones. Este fue presentado el pasado 16 de noviembre y contó con la adhesión de más de 5.000 firmas. A través de este mecanismo buscamos, en primera instancia, que los padres al tener que dar su consentimiento se involucren en la educación de sus hijos. Sabemos que existen padres que no se quieren involucrar, pero también sabemos que muchos queremos involucramos y otros no encuentran los caminos para involucrarse. Para que puedan decidir se les debe informar acerca de las propuestas, los materiales, los docentes que estarían enseñando estos temas. Este punto es vital. Mantener a los padres informados es la base para construir un sistema educativo articulado y colaborativo.
Si bien los temas y actividades que planteaba la última guía docente eran controversiales y generaban rechazo, el malestar generado fue más por la sensación de que nadie les había informado a los padres acerca de eso. Al ser una guía docente no existía un libro de texto donde interiorizarse de esas actividades. La gran mayoría de la gente se enteró de la propuesta a través de notas periodísticas, siendo la más recordada la del periodista Hoenir Sarthou titulada «Cosquillas, besos y abrazos».
La información es la base de la confianza que debe existir entre la escuela y la familia. Para poder optar libremente por la opción más conveniente para nuestros hijos deben existir alternativas. Hoy solo se brinda una única mirada y es por esto que la Red de Padres Responsables está elaborando una propuesta educativa alternativa que será propuesta oportunamente a las autoridades y que busca contribuir con el sistema educativo, no solo aportando una mirada diferente de la sexualidad, sino también permitiendo que se cumpla con el concepto de laicidad vigente, cosa que hoy no está sucediendo.
Creemos que es a través del diálogo –buscando aportar y contribuir con el sistema educativo, pero también ejerciendo nuestro derecho y deber de padres a educar a nuestros hijos– podremos recomponer el pacto social entre la escuela y la familia que hoy, si no está quebrado, está muy cuestionado; juntos podremos ayudar a nuestros hijos a ser la mejor versión de sí mismos.
A continuación, el asesor legal de la organización, doctor Velasco, brindará los detalles, la justificación legal y el alcance del petitorio presentado a las autoridades del Codicén.
SEÑOR VELASCO.- Soy el asesor jurídico de la red de padres, cuya directiva integran la señora Caballero y el señor González.
Como señaló el señor González, lo que nos mueve es la libertad y el respeto a la diversidad de visiones éticas que deben convivir en una democracia. El medio de nuestra movilización es el diálogo, no la confrontación; es la colaboración entre padres y escuelas para lograr lo mejor para nuestros hijos. Y nuestra justificación es el derecho. Me refiero al derecho humano fundamental de nuestros hijos a ser educados bajo la guía y dirección de sus padres, a ser tutelados y representados por quienes en principio los quieren más desinteresadamente; tenemos deberes como padres ante nuestros hijos. Eso es lo que determina nuestros derechos.
Invocamos, primero, nuestro deber de educar a nuestros hijos y para poder cumplir con ese deber, tenemos derechos.
La petición calificada que presentamos ante el Codicén se funda en estos derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y por lo tanto, son derechos a cuyo cumplimiento están directamente obligadas las autoridades por lo que, si se negaran, determinaría la nulidad de la denegatoria que solicitaríamos se declare por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por otro lado, son derechos cuyo goce debe ser garantizado por el Estado, por lo que, de no hacerse lugar a nuestra petición, la Justicia debería concedernos el amparo en la medida en que la nulidad, la espera a la resolución de una acción de nulidad llevaría a que estos derechos ya estuvieran definitivamente lesionados.
Por último, son derechos que, aunque sean directamente aplicables –según lo dispuesto en el artículo 332 de la Constitución–, deberían ser protegidos y garantizados mediante la ley. Esto explica por qué estamos aquí. Nos presentamos ante nuestros representantes para hacerles oír la voz de los padres del pueblo que representan, para colaborar –mediante el diálogo– en una forma concreta –que podría ser recogida en una ley– de instrumentar el cumplimiento de nuestra Constitución. También nos presentamos para ponerlos en conocimiento de la petición formulada a fin de instar el celo de quienes tienen a su cargo el control del cumplimiento de la Constitución por los demás órganos del Estado.
Es decir, en principio esperamos que se resuelva favorablemente nuestra petición. En ese caso, el Parlamento no tendría nada que hacer.
Movidos por ese espíritu de diálogo y de colaboración, nos reunimos previamente con las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria y del Codicén. Ellos nos sugirieron que, además de presentar la petición, hiciéramos un análisis de los puntos del plan educativo vigente, que no compartimos. Allí hicimos un análisis bastante extenso del Programa de Educación Inicial y Primaria vigente desde 2008 –donde se plantean todas estas cuestiones con las que no estamos de acuerdo–, de los programas de formación docente de aquellos que son referentes en educación sexual que están vigentes en el Instituto de Formación en Servicios desde 2014 –ahí analizamos los documentos que se utilizan en esos cursos– y, también, por supuesto de las distintas guías, en particular la última porque es oficial. Eso se hizo, en definitiva, a pedido de las propias autoridades que querían ver en qué puntos no estábamos de acuerdo y por qué. Hicimos una fundamentación racional en ese sentido –no invocamos ninguna cuestión política ni religiosa– y, a pedido de las autoridades, agregamos lo que serían las líneas fundamentales de nuestra propuesta, de qué contenidos queremos para la educación sexual de nuestros hijos.
Por esas razones el escrito presentado es extenso, pero cuenta con un índice temático que facilita su lectura. Hemos dejado un ejemplar a la secretaría de la comisión y quedamos a las órdenes para hacer llegar una copia a quien lo quiera tener.
Ese espíritu de colaboración y de diálogo fue el que nos llevó a esa exposición de los contenidos de la educación sexual vigente y de las diferencias que tiene con la concepción de la persona y de los valores con los que queremos educar a nuestros hijos. A la vez, lo hicimos para que se entienda la motivación de nuestra petición. Si estuviéramos de acuerdo con la educación que se está impartiendo, no reclamaríamos nada porque se estaría respetando nuestro derecho de educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Pero el análisis realizado excede lo que es preciso para exigir la petición, según nuestro derecho. Como padres tenemos el derecho y la libertad de educar a nuestros hijos en el ámbito de la moral privada sin que debamos explicar por qué no estamos de acuerdo con la ética propuesta por aquellos a quienes no les corresponde educar en ese ámbito. Entendemos que en el de la moral privada, según el artículo 10 de la Constitución, está reservado a la intimidad de las personas y los magistrados, las autoridades del Estado no tienen competencia en ese ámbito. Solo pueden hacerlo bajo la dirección de los padres; si tienen alguna competencia, será bajo esa tutela determinada en el artículo 41.
Tampoco debemos obtener la aprobación de la autoridad educativa para determinar qué orientación queremos dar a la educación de nuestros hijos en este ámbito. Solo podríamos ser sustituidos en nuestra responsabilidad educativa frente a nuestros hijos y que otros decidieran qué educación correspondería darles si incumpliéramos nuestro deber de educarlos y de cuidarlos, violando las disposiciones constitucionales.
El artículo 41 de la Constitución dice que el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Tiene una finalidad concreta por lo cual si los padres hacen abandono de esos deberes, pueden ser obligados a cumplirlos y por lo tanto, pueden ser sustituidos luego de que se les quite la patria potestad, por las causales previstas en el Código Civil.
Reiteramos que la exposición que hicimos en relación con las ideas principales de nuestra propuesta alternativa no fue realizada a efectos de obtener su aprobación por parte de las autoridades educativas, como si fuera una iniciativa oficial a regir para todos los padres, sino para que se aprecie que con este programa se respetan y se reafirman todos los valores constitucionales reconocidos. Por lo tanto, no puede impedirse a ningún padre a que opte por ella. Además, el ofrecimiento de una propuesta alternativa es necesario para que pueda respetarse el principio de laicidad en la educación pública, porque permite que haya pluralidad de opciones en cuestiones debatidas, como establece el artículo 17 de la ley general de educación. La actual propuesta educativa no contempla más que una sola visión de la sexualidad entendida como género, que sería efecto de una construcción cultural –ya lo dijo antes mi compañero– de una clase dominante que impuso el sometimiento a otra, negando las naturales diferencias complementarias entre los sexos y el valor ético de la naturaleza humana así como la unidad de la persona, la integración del cuerpo y la biología en esa unidad, y proponiendo a los niños la problematización y deconstrucción del género, la continua exploración de distintas formas de placer sexual y la opción sexual entre diversas orientaciones, opción en la que el cuerpo y lo natural biológico no tienen relevancia.
Esto está propuesto en el programa de primaria en quinto grado, es decir, el derecho a la opción sexual, teniendo en cuenta diversas orientaciones sexuales posibles y el concepto de identidad sexual como una construcción cultural.
Por otra parte, corresponde a los padres la representación de sus hijos menores para la defensa de sus derechos, que quedan conculcados en la propuesta educativa vigente. Me refiero al derecho a una educación integral dirigida por sus padres. Consideramos que el grave defecto de este programa educativo en educación sexual es su parcialidad; no es que no estemos de acuerdo con que haya que dar educación sexual. Pensamos que se tiene que dar pero dentro de la integralidad de la persona y de los valores. Entonces, repito, no se respeta ese derecho a una educación integral.
Tampoco se respeta el derecho a que la educación sea dirigida por sus padres –que es un derecho de todo niño– ni el derecho a ese ámbito de libertad de su moral privada –el derecho a la intimidad– que tiene que custodiar quien lo representa, ni el derecho a la integridad de su salud física y psíquica.
Por último, corresponde a los padres el derecho a la intimidad del ámbito familiar, dentro del cual se debe dar esta educación ética–sexual de sus hijos.
Nos hemos excedido del tiempo que estaba previsto. Si los señores senadores tienen alguna pregunta, podemos profundizar en cualquiera de los aspectos que lo deseen. Por otro lado, hemos dejado el documento que desarrolla más extensamente la fundamentación de lo que hemos planteado.
SEÑOR PRESIDENTE.- Ustedes nos están dejando la petición y el contenido del documento.
SEÑOR GONZÁLEZ.- El 16 de noviembre dejamos en la secretaría copia de la petición.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Ustedes están esperando respuesta del Codicén?
SEÑOR VELASCO.- Así es.
SEÑOR PRESIDENTE.- Les vamos a pedir que nos tengan al tanto de cómo evoluciona este tema en cuanto a la respuesta del Codicén, ya que por ahora está en ese ámbito.
Les agradecemos la presentación y que nos hayan informado de lo que está ocurriendo.