El diputado sostiene que “el hecho de que un policía se contratado por privados para tareas de seguridad puede- en todo caso- constituir una falta administrativa del funcionario pero nunca un delito y mucho menos de parte del privado”.
El legislador sostuvo que “el Ministerio sabe perfectamente que no estamos ante un delito” y considera que “esto se hace como una medida intimidatoria para la gente que busca protegerse de la delincuencia”.
De confirmarse el hecho de que el Ministerio del Interior denuncie a un privado por esa circunstancia, podría estar incurriendo y ser denunciado, según dijo Amarilla, por “simulación de delito” un tipo establecido en el artículo 179 del Código Penal.
En artículo referido establece que “El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
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