La ponencia de Amarilla titulada “Nos deben una explicación”, y el planteo que sus palabras sean remitidas a las autoridades partidarias de todas las colectividades y diversos organismos públicos, concitó el apoyo de 22 legisladores (Partido Nacional, Partido Colorado, y Partido Independiente).
Lo hicieron en contra los 32 del Frente Amplio que se encontraban en sala.
“Hace algunos días aparecieron en la prensa y en diferentes medios fragmentos del libro que escribió la periodista de investigación María Urruzola sobre Eleuterio Fernández Huidobro ‘Sin Remordimientos’. El libro tiene aspectos y datos muy interesantes sobre la vida de esta figura, una de las principales del MLN, quien sin duda tuvo su importancia en la historia de la izquierda uruguaya en las últimas décadas y de los propios gobiernos que esta ha tenido ya que ocupó lugares de relevancia hasta su muerte.”, expresó Amarilla.
Agregó que lo que sin duda sobresalió de la información difundida acerca del libro fue la decisión que aparentemente adoptó el MLN como organización política de recaudar fondos “en forma alternativa”, “subterránea”, “en carácter expropiatorio”, diferentes eufemismos que se utilizan para expresar que se decidió la realización de robos y atracos para financiar la actividad político partidaria.
Además -dijo Amarilla- “por las fechas y los hechos a que se refiere estamos hablando de un período bastante avanzado desde la recuperación democrática, en plena y total vigencia de la Constitución y sus instituciones republicanas, información que torna más preocupantes estas versiones”.
“Es una grave, diría que gravísima denuncia y afirmación, que se hace por parte de una periodista seria, en un libro de investigación que publica un editorial respetada. Y el hecho en sí tiene además el agravante de que no es una decisión personal o la conducta aislada de un dirigente o, como hay otros casos de reciente noticia, de algún empresario que tiene una vinculación política y por ello se hace un gran escándalo.”, añadió.
Para el legislador blanco, “aquí lo gravísimo es que la aparente decisión de cometer esos delitos de rapiña – con los consiguientes riesgos para la vida de las víctimas – para financiar actividades políticas la efectuó una organización integrante de un partido político registrado en la Corte Electoral, que tiene representación parlamentaria a través del MPP y que ejerce la conducción el gobierno de nuestro país”.
A su entender “de confirmarse esta denuncia, se ve afectada la necesaria confianza que debemos tener entre los diferentes sectores y partidos y el compromiso político debido con el sistema democrático y con sus instituciones”.
Asimismo, “las denuncias aparecidas desde las páginas de este libro dieron lugar a afirmaciones de dirigentes y ex dirigentes de la organización. Algunas de las reacciones ratifican esos hechos, otras las relativizan o confirman a medias, y las peores las justifican en la creencia de que estábamos en una ‘democracia tutelada’, y que existía la necesidad de prepararse para un retorno de la dictadura o que los robos no eran tales sino ‘expropiaciones’ al sistema capitalista”.
Para Amarilla, “lo que realmente nos preocupa son las respuestas o mejor dicho la ausencia de una respuesta clara, seria y orgánica del grupo político que fue aludido. Se optó por las burlas, el chiste o la broma en algunos casos. En otros por decir simplemente que era una operación política. Lo cierto es que la sociedad uruguaya y los actores políticos nos merecemos una respuesta, una respuesta y una explicación sobre estas acusaciones”.
Por ello, “más allá de las consecuencias penales o judiciales que esos hechos pudieran tener, en el caso de que fueran ciertos y de los plazos transcurridos desde entonces, aquí hay consecuencias políticas que tienen que ver con la ética y con el compromiso de los diferentes sectores con la democracia y con la institucionalidad de la República”.
El parlamentario estimó que “el camino de tomar estas acusaciones como broma, relativizarlas o incluso justificarlas es un camino peligroso que socava los cimientos mismos de la convivencia democrática y peor aún, abona la impunidad de la tesis que sostiene que se pueden violar las normas de derecho, la propia Constitución y desconocer el funcionamiento institucional de la Democracia en virtud de intereses superiores y mentes iluminadas que se arrogan la defensa de los intereses de la mayoría aún sin tener su representación”.
En suma, “ante denuncias tan graves, de ilícitos decididos y cometidos por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en plena democracia, en plena vigencia de la Constitución y de funcionamiento de las instituciones republicanas, la sociedad uruguaya y su Democracia se merecen una clara y contundente explicación, una respuesta sobre los hechos y además una respuesta sobre el verdadero compromiso con la Constitución y con el Estado de Derecho”.
Pidió que sus palabras pasen a la dirección política del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a la Mesa Política del Frente Amplio, al Honorable Directorio del Partido Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, a la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, a la Coordinadora Nacional de Unidad Popular, la autoridad del Partido de la Gente, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, a las Intendencias, Juntas Departamentales, Municipios y Juntas Electorales de todo el país”.
La postura del Frente Amplio y la poca presencia de legisladores de otras colectividades, y fundamentalmente del Partido Nacional, impidieron el pasaje de dichas palabras.