En dicha oportunidad además de brindarse un informe sobre el estado de las causas penales que patrocina el Observatorio y definir algunas líneas de trabajo para implementar en 2017, se decidió emitir estas dos declaraciones:
SOBRE LAS AMENAZAS A VARIAS PERSONAS POR EL AUTODENOMINADO COMANDO Gral. PEDRO BARNEIX
Ante el conjunto de las amenazas formuladas por un autodenominado Comando Gral. Pedro Barneix, el Observatorio Luz Ibarburu manifiesta su categórico repudio ante esa acción intimidatoria que lamentablemente no es una novedad en la vida democrática del país.
Tampoco ha sido hasta hoy una novedad, la incapacidad de las autoridades
competentes para esclarecer y establecer las responsabilidades que correspondan. Así lo demuestran la impunidad de los atentados con explosivos de 1990 a un diputado y al estudio de un ex presidente; el robo y la amenaza al GIAF; la actuación ilegal de los servicios de inteligencia en democracia, entre otros.
Al tiempo que expresa su solidaridad a todas las personas amenazadas, exigen a quienes tienen responsabilidades en las instituciones del Estado una acción eficaz y ejemplarizante de acuerdo a la gravedad de dichas conductas criminales, antidemocráticas y desestabilizadoras.
La lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Terrorismo de Estado, es un deber ético, jurídico y humanitario que no la detendrán las acciones intimidatorias.
SOBRE LAS DESIGNACIONES DE NUEVOS MINISTROS DE LA S.C.J.
Ante el conjunto de acciones que se vienen desarrollando por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil reclamando un cambio en la práctica parlamentaria que de transparencia y participación en torno al proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Observatorio Luz Ibarburu expresa su respaldo a toda iniciativa que esté orientada a dichos objetivos.
La opacidad del sistema penal en nuestro país no debería ser aumentada por las prácticas de secretismo en las que en la esfera parlamentaria se tratan y resuelven aspectos tan importantes para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
Esta falta de conocimiento por parte de la ciudadanía, de los antecedentes vinculados a las designaciones efectuadas para dirigir un poder del Estado tan importante como el Poder Judicial, en nada contribuye a prestigiar las instituciones de un país democrático. Una auténtica democracia no debería incluir en sus prácticas que una decisión tan trascendente sea adoptada sin que la ciudadanía pueda conocer sus fundamentos y sin que exista una debida rendición de cuentas por parte de quienes la adoptan.
Montevideo, 23 de febrero de 2017