Este modelo de negocio forestal, por su gran escala de producción (más de 1 millón de hectáreas forestadas), la mala distribución forestal y el uso de venenos, acarrea nefastas consecuencias sobre nuestros bienes naturales, el agua y la tierra, comprometiendo gravemente la producción de alimentos y las posibilidades de una vida sana y saludable para las actuales y las siguientes generaciones.
La superficie dedicada a la producción de alimentos está disminuyendo frente al avance de la utilización de las tierras en forma no sustentable, habiendo desaparecido 12.000 establecimientos productivos en los últimos 10 años según los últimos censos.
Las pasteras son hoy las mayores latifundistas del país, con más de 200.000 hectáreas cada una dedicadas al monocultivo forestal, actividad que requiere mucho menos mano de obra por unidad de superficie que las habituales actividades de producción de alimentos, por lo que gran parte de la población trabajadora del campo termina siendo desplazada de la tierra.
Esas actividades promovidas como inversiones salvadoras para nuestra economía exigen del estado la concesión de zonas francas y la exoneración de impuestos, así como una millonaria inversión para reacondicionamiento de rutas, puentes, puertos, vías férreas y demás infraestructuras.
Su discurso como también el del gobierno promete la generación de fuentes de trabajo y desarrollo local, que sabemos por la experiencia de las dos plantas de celulosa que ya funcionan que no es cierto.
La primera etapa de construcción de la planta, requiere sí de una cantidad de mano de obra creando la ilusión de desarrollo en la comunidad, pero también genera otras situaciones de gravedad, como el desplazamiento de pequeños productores por los impactos ambientales que empiezan a sentirse y el aumento de la prostitución y trata de mujeres y niñas.
Una vez finalizada su instalación, los graves efectos de este modelo industrial celulósico empiezan a intensificarse, ya no hay trabajo, el espejismo de la prosperidad se desmorona, queda expuesto en forma descarnada que solo se beneficia la empresa multinacional que se lleva la materia prima, obteniendo millonarias ganancias y todos los beneficios que le regala el estado, dejando ríos y arroyos contaminados, tierra dañadas y gran parte de nuestro territorio enajenado.
La Asamblea Nacional Permanente defiende los bienes naturales, el agua y la vida, por esos motivos se opone a aquellas actividades que atentan contra los mismos.
La tierra no se vende la tierra se defiende!
Llamamos a organizarse para impedir este nuevo avasallamiento de nuestro territorio”.