El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su preocupación por el tenor de algunos de los artículos del proyecto de ley por el cual se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, remitido a la Asamblea General por el Poder Ejecutivo con fecha 11 de julio del corriente mes.
Por el mismo, se acentúan las limitaciones al derecho fundamental a la privacidad ya establecidas por normas anteriores y se declaran inoponibles a la Dirección General Impositiva todas las disposiciones que consagran un deber de secreto, reserva o confidencialidad.
En este último aspecto, cabe señalar que el secreto profesional de los abogados ha sido reconocido universalmente no como un privilegio de éstos sino como un medio para el pleno ejercicio del derecho de defensa en el marco de procedimientos judiciales y administrativos, siendo injustificable que se pretenda por vía legal y para amparar pretensiones recaudatorias de la DGI, desconocer una garantía individual establecida en beneficio de todas las personas.
Por ello y sin perjuicio de haber encomendado a sus Comisiones de Derecho Tributario y de Derecho Penal el análisis en profundidad del referido proyecto, se declara desde ya la radical oposición de este Colegio a toda disposición que, como lo hace en forma genérica el art. 17 del mismo, limite o desconozca, ya sea directa o indirectamente, el secreto profesional de los abogados, instrumento esencial del debido proceso y del derecho de defensa, consagrados por la Constitución de la República y por los Tratados Internacionales como ingredientes básicos del Estado de Derecho.
Montevideo: 27 de julio de 2016.
EL DIRECTORIO.